Carlos Derpic

La Defensoría del Pueblo no puede seguir al servicio del MAS

martes, 4 de agosto de 2020 · 00:09

Lo sucedido con la Defensoría del Pueblo, desde el 2010 a la fecha, es parte del proceso de desinstitucionalización que ejecutó el MAS. De haber sido, junto con la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, un baluarte de la defensa de los derechos humanos y la paz, se convirtió en una institución al servicio del poder y del gobierno, echando por tierra todo lo construido en sus primeros diez años de vida.

En 2010 se eligió políticamente un defensor (como lo reconoció el propio elegido) en la persona de quien había ocupado el tercer lugar en la calificación de méritos. Este defensor decidió cumplir sus obligaciones, decepcionó al MAS y en 2016  se procedió a otra elección política en la persona de alguien que no tenía la menor idea de lo que era la Defensoría ni la temática de los derechos humanos. Después de hacer públicos sus problemas de alcoba, renunció a su cargo en enero de 2019.

Cuando el Defensor elegido el 2010 se posesionaba, el entonces Presidente del Estado le pidió que defienda al Ejecutivo porque –en su criterio- el pueblo estaba en el gobierno; es decir, identificaba al pueblo con el Estado, se autoconsideraba encarnación del pueblo y exigía que se lo defienda a él. En 2016, en la posesión del ignorante Defensor elegido, el mismo presidente se quejó de haber sido, junto con el Estado y la Policía, los mayores agredidos por la gestión del anterior defensor y el exvicepresidente, revelando supina ignorancia, dijo: “Confiamos en que no se repetirá el uso político partidario de la Defensoría para asumir acciones contra el Estado”. 

Durante el gobierno del MAS, la Defensoría del Pueblo brilló por su ausencia e incumplió sus deberes, en todas las ocasiones en las que el Estado vulneró los derechos de las personas, muchas veces de manera brutal, como por ejemplo en ocasión de las dos marchas en defensa del Tipnis o de las demandas de las personas con discapacidad. La Defensoría del Pueblo estuvo, simple y llanamente, al servicio del MAS.

Luego de la renuncia y fuga del expresidente Morales, la Defensora en suplencia legal “despertó” de su letargo y muy pronto demostró que tampoco entendía nada de lo que es la institución. Participó en un cabildo de las Seis Federaciones de Productores de Coca, al grito de “¡Ni olvido, ni perdón, justicia!, para continuar con una serie de acciones que hubiera sido deseable las desarrolle con el mismo entusiasmo mientras el MAS estaba en el gobierno.

Sabedor de que no ganará las próximas elecciones, el MAS utiliza sus dos tercios en la prorrogada Asamblea Legislativa para hacer de las suyas y probablemente intente nombrar un defensor o defensora que se someta a sus dictados, bajo la apariencia de defensa y promoción de los derechos humanos, que en realidad poco o nada le importan.

Para alcanzar sus fines, no le temblará el pulso en designar a alguien dispuesto a servir incondicionalmente a su proyecto, antidemocrático y desestabilizador.

Sin embargo, la ciudadanía está en condiciones de impedir que ello suceda. Ya lo consiguió en ocasiones anteriores, impidiendo designaciones discrecionales, y puede conseguirlo ahora. La designación de Defensor(a) del Pueblo puede esperar, para que acceda a ese cargo a una persona idónea, que entienda la institución y no la ponga al servicio de un partido político. 

¡Está en manos de todos impedir una nueva tropelía del MAS en contra de la democracia y los derechos humanos!

 

Carlos Derpic es abogado.

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