Jaime R. Aliaga Machicao

Arbitrajes y algo más

sábado, 8 de agosto de 2020 · 00:09

La administración anterior abusó de expropiaciones al calor de la demagogia populista. A partir de ello se desataron reclamos en tribunales internacionales, arbitrajes cuyos resultados se usaron políticamente como exitosos pero carísimos para el Estado; cifras hasta ahora ocultas y que deberían darse a conocer.

Cada 1 de mayo pasaba algo. Mediante Decreto Supremo N° 0493   de 1 de mayo de 2010, “como regalo a los trabajadores” (Página Siete 3 de mayo de 2010), el Estado decidió nacionalizar varias empresas del sector eléctrico. ¿Regalo? Los trabajadores de las empresas nacionalizadas nunca pudieron compartir una anhelada co-administración. Profesionales formados en países socialistas y varios oportunistas se dieron a la tarea de manejar el sector a su antojo. 

Desarrollaron proyectos carísimos diciendo que exportaríamos energía eléctrica. Después de 10 años no se exportó electrón alguno. A diciembre 2019, la oferta era 3.130,13 MW disponibles. Según datos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en junio 2020, la máxima potencia retirada alcanzó a 1.200 MW. La máxima demanda,  entre agosto 2018 y marzo 2020, no pasó de 1.500 MW. Más del 100 % de reserva. Inversiones ineficientes. 

Mis profesores decían: “Una cosa es el coeficiente de seguridad;  otra, el coeficiente de ignorancia”. Y es lo que ocurrió en Bolivia. Haber gastado tanto, para que varias empresas no generen y no ingresen los recursos como para pagar el costo de sus proyectos, menos puedan pagar la deuda con la que los implantaron. Olvídense de utilidades. 

Invirtieron en ciclos combinados, (CCGT), instalaron como cuatro por valor de cerca de 1.500 millones de dólares. Me hace pensar en un niño rico que le dice a su padre algo así: “Papi, quiero generar energía eléctrica a partir de bagazo de caña, ¿me puedes construir un ingenio azucarero?”. 

Un CCGT se justifica cuando uno ya genera gases calientes que los tira a la atmósfera y decide aprovechar la temperatura de esos gases;  los confina, con ellos genera vapor de agua, y con él genera energía eléctrica. Tenían decenas de turbinas que tiraban CO2 a la atmósfera, y bien pudieron aprovechar eso como hizo Guaracachi en 2009, cuyo CCGT no costó más de 90 millones de dólares  y era rentable por los créditos de carbono; y no haber gastado en juguetes nuevos, que consumen más gas natural aún. Pero no importaba, el tema era invertir en proyectos caros porque ahí estaban los negocios jugosos. 

La matriz Hidro/Termo, al 2010, tenía una relación de  35/ 65. Prometieron que  la iban a revertir. Invirtieron en energías alternativas, pero irrelevantes en la matriz. Según informes del MEM, la relación prácticamente no ha cambiado. Informes ambientales dan cuenta que la huella de carbono es mayor a  2020 que a 2010. 

Así, con información mentirosa, se calculó el costo de Guaracachi, porque en el plan de mediano plazo se incluían proyectos hidroeléctricos y de geotermia que debían estar generando a  2015. Bajó considerablemente el valor presente de los potenciales ingresos en los años de proyección.  

Al final, después de réplicas, dúplicas, testificaciones  y otros, los argumentos de que el Estado sería el que reciba compensación, fueron falsos. El afectado pedía 142 millones de dólares, entre costo y afecciones y si bien había una deuda de 65 millones de dólares por el CCGT, el Tribunal de La Haya decidió que el Estado Plurinacional debía pagar una suma de cerca de 31 millones de dólares. Pero, más del 80% de lo recibido fue para compensar los gastos en consorcios de abogados y consultores nacionales e internacionales, pasajes, viáticos, y otros gastos inevitables en disputas de esa índole. El Estado boliviano habrá gastado una cifra similar para que le digan que se equivocaron. Para ese arbitraje de 31 millones de dólares habrán gastado 50 en total, más la absorción de la deuda. 

Ese fue sólo un proyecto. Fueron a arbitraje con otras empresas eléctricas que nacionalizaron, así como  con empresas de otros sectores teniendo que pagar cientos de millones de dólares y cuyos gastos asociados aún no conocemos. El caso que se debe llevar la flor es el reclamo internacional por el mar, cuyo fallo del tribunal de arbitraje terminó enterrando la centenaria esperanza de manera casi definitiva.
 
Jaime R. Aliaga Machicao fue gerente general de Guaracachi. 

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