William Herrera Áñez

La Corte Penal y la justicia universal

jueves, 17 de septiembre de 2020 · 00:09

La Organización de las Naciones Unidas creó, el 17 de julio de 1998, la Corte Penal Internacional (CPI), que entró en vigor el 1 de julio de 2002. Bolivia ha homologado este tratado, según la Ley 2398 de 23 de mayo de 2002. El nacimiento de una jurisdicción internacional e independiente constituye un paso histórico en la defensa de los derechos humanos, por cuanto es la encargada de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad,  como genocidio,  crímenes de guerra, agresión, entre otros. 

Entre los antecedentes de la Corte Penal figuran los juicios de Núremberg y Tokio, que juzgaron los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial y en la década de los 90 del siglo XX se pusieron en marcha los tribunales penales internacionales para la ex-Yugoslavia y Ruanda, pero todos ellos circunscritos a conflictos específicos. Esta Corte se constituye en la primera jurisdicción internacional, con vocación de universalidad competente, para enjuiciar a personas físicas y, en su caso, determinar la responsabilidad penal internacional del individuo por los crímenes más graves, y  relevantes para la comunidad internacional. 

La CPI actúa sobre la base del principio de complementariedad con las jurisdicciones nacionales de los Estados Parte, interviniendo en los casos en que aquéllas no ejerzan su competencia o no estén en condiciones de hacerlo. Esta jurisdicción puede ser activada por el Fiscal de la Corte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por los Estados Parte del Estatuto de la Corte.

En los casos de crímenes en los que el ejercicio de la competencia de la Corte hubiese sido activada por un Estado Parte o bien por la Fiscalía, la Corte sólo podrá ejercer su competencia si el Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que se trate, o bien el Estado del que sea nacional el acusado del crimen, es parte del Estatuto de Roma, o bien, no siéndolo, consiente en aceptar dicha competencia mediante declaración expresa.

El art. 27 del Estatuto establece que éste es aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial, sea jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá por sí mismo motivo para reducir la pena. La idea es erradicar la impunidad por los delitos más horrendos. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales, no impedirán que la Corte ejerza su competencia sobre ella. La CPI sólo puede imponer penas máximas de 30 años de prisión y, de forma excepcional, cadena perpetua si la extrema gravedad del caso lo justifica,  pero nunca puede condenar a muerte.

La estructura de la CPI está compuesta por una presidencia, integrada  por tres magistrados; la División Judicial con tres secciones (Casos Preliminares, Primera Instancia y Apelaciones) a cargo de 18 jueces; la Oficina del Fiscal y el Registro. Aunque la Corte Penal ha resuelto casos de otros continentes, y ha recibido por ejemplo varias denuncias contra la dictadura de Venezuela, no existe ningún caso de nuestro entorno que haya concluido. 

La denuncia presentada por el procurador general del Estado, José María Cabrera, en contra de Evo Morales, Leonardo Loza y Juan Carlos Huarachi, ha sido la primera que formaliza Bolivia. Entre los argumentos para haber saltado a La Haya en busca de justicia es que el Estado boliviano estaría impedido de ejercer la persecución penal porque, pese a haber ratificado el Estatuto de Roma el año 2002 y establecido la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad en la Constitución, aún no se han tipificados estas conductas en el Código Penal, y que, en este caso, habrían provocado la muerte de unas 40 personas con motivo de los bloqueos durante la pandemia. 

La denuncia de José María Cabrera evidencia que el Estado protegía (y protege) la impunidad de quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, razones más que suficientes para que intervenga la justicia penal internacional y establezca un precedente para los que abusan del poder.
  
William Herrera Áñez es jurista y autor de varios libros.

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