Jaime Aliaga Machicao

Recursos evaporíticos, el litio y la política

jueves, 24 de septiembre de 2020 · 00:08

Somos parte del llamado triángulo del Litio con gran porcentaje de reservas del mundo. El litio se usa en la industria del acero, aluminio, vidrio, cerámicas, energía nuclear, grasas lubricantes, medicina y baterías entre otros. Chile comenzó con la explotación de sus salares en los años 80. Argentina en los 90 y ahora comparten el mercado de Carbonato de Litio Li2CO3 con Australia, China, EEUU y otros países con alta tecnología, ventajas comparativas y competitivas.

El ciclo del litio en el país comenzó con investigación desde los años 60. En los 70, la UMSA con ORSTOM (Office de la Recherche Scientifique Technique Outre Mer) hicieron sólidos estudios: la relación Magnesio/Litio en el Salar de Uyuni resultó muy alta: 14-20/1 frente a Atacama 6.4/1 y Silver Peak 1.5/1; por tanto, con meteorología adversa adicional, obtener litio por evaporación era o hubiera sido más costoso. Cuantificaron reservas, diseñaron una planta piloto con piscinas de evaporación cubiertas, menor tiempo y mejor rendimiento.

En 1985, se crea el CIRESU (Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni) (Ley 719) con directorio muy politizado. En los 90, por presión política fracasó un primer acuerdo con Lithco (Lithium Corporation) y luego otro con FMC (Foote Mineral Corp). Esta última terminó en Argentina, en el Salar del Hombre Muerto.

El gobierno anterior, prometió industrialización, el año 2007 restituyó a Comibol la potestad sobre recursos mineros y salares (Ley 3720 y DS 29117). En 2008, creó la DNRE (Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos), luego la GNRE (Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos).  En 2010 dictan el  DS 444 creando la EBRE (Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos) con sede en La Paz; pero mediante DS 454 lo abrogan por presión de Comcipo y Fructas (Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur).

En 2014 la Ley 535 abroga el código de minería anterior y la creación del Ciresu. En 2017 crean YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos) mediante Ley 928, en sustitución de la GNRE, nadie objetó la sede en La Paz. ¿El cambio de dependencia del Ministerio de Minería a Energías tenía otros propósitos además de las baterías?    

El proyecto iniciado por Comibol obtuvo cuatro créditos del Banco Central para construir: plantas piloto de  cloruro de potasio KCl, carbonato de litio Li2CO3,  materiales catódicos y ensamble de baterías; un centro de investigación; una planta de KCl para 350.000 T/año y otra de Li2CO3 para 15000 T/año que producirían a partir de 2016. (Deuda subrogada por YLB que a diciembre 2019 sumó más de 760 Millones de US$) Hasta el momento, se habrían hecho realidad las plantas piloto y la planta de KCl ( construida por CAMC) ¿les suena? La de Li2CO3 no se inició hasta el 2019.

Extrañamente, mediante DS 3738, crearon una empresa mixta con ACI Systems para producir hidróxido de litio LiOH a partir de “residuos”. ¿Qué pasó? ¿El Li2CO3 mediante evaporación tendría baja recuperación o no alcanzaría “grado batería”? ¿Lo de residuos era una triquiñuela? ¿Por qué, después del fraude, exactamente el 3 de noviembre de 2019 se derogó el DS 3738 mediante DS 4070? ¿Era sólo presión de Comcipo o el acuerdo era tan malo como para jalar el tablero antes de fugar?

Hace unos años, el KCl estaba en 1000 US$ la tonelada, el 2018 bajó a 200 US$. Ese año la tonelada de Li2CO3  estuvo en 16500 US$ (a ese precio YLB vendió 10 T), a julio de 2020 bajó a 6500 US$. Si la planta de Li2CO3 hubiera estado lista el 2016, se habrían recuperado al menos 240 Millones de US$. Parece que en 14 años convirtieron el dinero de los bolivianos en recursos evaporíticos.

Estoy convencido de que no se puede competir con la capacidad económica, científica ni tecnológica del primer mundo, menos controlar el crecimiento geométrico del avance tecnológico y el manejo del mercado. No vaya a ser que dada la rauda conversión a la movilidad eléctrica, y mientras definamos si carbonato o hidróxido de Litio, el tren nos deje nuevamente, y las baterías de Iones de litio sean desplazadas por las de iones de sodio.

El próximo gobierno debe ajustar tan errática gobernanza del litio y optimizar la estrategia de su industrialización bajo una verdadera política de Estado con aplicación racional de las normas incluidas la Ley 466 (Empresas públicas) y Ley 516 (Promoción de inversiones). Deberá lograr acuerdos transparentes y beneficiosos para el país, metas alcanzables y sobre todo con regalías justas para Potosí y Oruro. 

Jaime Aliaga Machicao es ingeniero metalúrgico.

 

 


   

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