Carlos Armando Cardozo Lozada

El ocaso de la educación

sábado, 2 de enero de 2021 · 00:10

El pasado 23 de noviembre fue publicada (Puño y Letra, Correo del Sur) una breve entrevista a Emilio Lamo Espinosa, autor del olvidado estudio sobre la universidad boliviana titulado La Reforma de la Universidad Pública de Bolivia (Bogotá, 1998). Entre las anécdotas mencionadas por el entrevistado, recuerda la animadversión generada en las principales autoridades de la CEUB en ese entonces una vez fue presentada la investigación al entonces ministro de Educación Tito Hoz de Vila.

De ahí en más el estudio cayó en saco roto porque identificaba desde un punto de vista estrictamente académico las principales debilidades del sistema universitario público boliviano. Importante recordar el diagnóstico realizado por el estudioso español, más en días como éstos, cuando, palabras más palabras menos, la misma frase se repite en medios de comunicación y redes sociales: “parece que los bolivianos no tenemos memoria, caemos en los mismos errores una y otra vez”  

Aquí un argumento para su justificación, la educación.

Es justamente la educación el punto más delicado que se ha mantenido inmutable en su estructura desde la publicación del estudio indicado y su deformación y degeneración se ha acelerado considerablemente justamente por los desaciertos en las políticas públicas en el área que tuvieron en la estructura preexistente un excelente caldo de cultivo para multiplicar los problemas y debilidades a puntos insospechados.

Dentro de los principales problemas institucionales de la universidad pública boliviana se tiene la inviabilidad económica, que lo convierte en otro sumidero de recursos públicos demandante progresivo de fondos ante la impotencia en la gestión cogobernada curiosamente por sus tres verdugos: clase estudiantil, clase administrativa y clase docente.

La autonomía es el velo que permite que la universidad pública se asemeje al lejano oeste, de los clásicos Westerns americanos, donde la ley se impone por los propios medios y donde la autoridad no se ejerce, en este caso el Estado no puede fiscalizar y menos evaluar progresos, planificación, objetivos y méritos que justifiquen una inyección mayor de recursos públicos año tras año.

Las líneas de pensamiento dan cuenta que las improntas revolucionarias previas a la Revolución Nacional del 52 siguen vigentes, secuestran los objetivos institucionales educativos y limitan el rango de acción a resolver una demanda social, acceso universal a la educación superior. Velando por el cumplimiento indiscutible de un derecho, un derecho universal interpretado malintencionadamente, tal que año tras año se sacrifica la calidad de educación superior para dar espacio a bachilleres con una formación primaria y secundaria involutiva proveniente de otro sistema de educación totalmente aislado y comandado por otros grupos de poder, el Magisterio.

Una retórica que aún se maneja es que la educación es un medio en sí para lograr escalar socialmente, una mirada tan retrograda que aún sigue en el imaginario colectivo de los padres de familia. La profesionalización como escalera social, un pase para ingresar a círculos sociales privilegiados restringidos para aquellos no “dignos” que se encuentran alejados de espacios tanto socialmente superiores como políticamente superiores. 

La satanización de la universidad privada como un actor casi antagónico a su par Público de carácter estrictamente mercantil que no desarrolla tareas propias de la academia como la investigación, se ha mantenido vigente durante los años posteriores a la realización del trabajo de Lamo. La “privatización” de la educación es uno de los miedos infundados más ruines y retorcidos difundido por aquellos férreos defensores de los derechos que coincidentemente usufructúan del “status quo” hablo obviamente de las cúpulas de poder conformadas por el triunvirato docente-estudiantil-administrativo.

Finalmente, la desconexión entre la oferta de fuerza de trabajo (profesionalizado) y la demanda de trabajo (espacios de empleo) solamente desnudan el primer punto destacado donde la educación no tiene un valor intrínseco como tal, sino, más bien, se constituye en un mero requisito para escalar socialmente. El propio informe en su diagnóstico menciona un problema en la “verticalidad” del sistema universitario, tal que se generan cuellos de botella con los alumnos “eternizados” forzados a concluir programas académicos para los cuales no están capacitados, traduciéndose en un pacto de benevolencia con la clase docente llamada a resolver tales empantanamientos, dándoles continuidad sacrificando así la calidad, no sólo del producto final (el profesional) sino también el prestigio (de la universidad) y el valor específico del título académico (como corolario de todo un proceso formativo).  

No basta con lamentarse y preguntarse la razón por la cual los bolivianos caemos en los mismos errores sin mostrar capacidad alguna de aprendizaje y reflexión. Es necesario reconocer los problemas reales, demandar la verdad de nuestros gobernantes, de nuestra clase política, de nuestros representantes por más incómoda que esta parezca ser.

La educación siempre fue uno de los caminos abiertos para deshacernos de esa molesta etiqueta de país de “tercer mundo”, el único inconveniente es que sus resultados sólo son visibles en el largo plazo; en palabras del tristemente célebre Sir John Maynard Keynes “en el largo plazo estamos todos muertos”. Pues bien, en el largo plazo seremos parte del lento ocaso de la educación y con ella nuestra única oportunidad de hacer frente a los desafíos planteados por el subdesarrollo y eventos adversos extremos como los derivados del Covid-19.       

Carlos Armando Cardozo Lozada es economista

 

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