Gastón Ledezma Rojas

¿Vacuna confidencial?

sábado, 23 de enero de 2021 · 05:09

Con motivo de la inquietud y desasosiego que va cundiendo en el país a consecuencia de la pandemia mundial del Covid- 19 que se encuentra en periodo de rebrote, luego que el rubro de salud hubo de estar librado a la escasa importancia que el gobierno catorceno le prestó, ahora, el actual, entre bambalinas, procedió a contratar la adquisición de vacuna rusa bajo condiciones harto sugerentes, que destruyen la reiterada protesta de los decretos 4432, 4438 y otros que fundan, reiteradamente, sus disposiciones en principios de indiscutible ética gubernamental, como debiera ser, de “transparencia y legalidad”.

En vía de los mismos principios invocados por los citados decretos supremos – y por otros -, recordemos, algunos de los sinónimos de “transparencia”: diafanidad, limpieza, translucidez, etc. y, como sinónimos de “legalidad”: legitimidad, licitud, moralidad, conveniencia, etc. 

Del análisis en detalle de tales disposiciones, se llegará a verificar, prima facie, que existe materia controvertible respecto a los dos principios éticos enunciados, en relación con el articulado de aquellas.

Una justificada y legítima preocupación que existe respecto a la compra de la vacuna Sputnick V, es el mutismo oficial que existe con referencia al contrato celebrado entre los dos gobiernos  - boliviano y ruso -, con un contenido cubierto por el sigilo y confidencialidad. Estas calidades lindan con la reserva o secreto, su ocultamiento y furtividad.

Ahora bien, el contrato abriga a la cláusula de confidencialidad, vale decir, que el contrato de compra de la vacuna ha sido resguardado en su motivación, objeto, finalidad, con el cinturón de seguridad que a través de esa denominación conlleva un deber de estricta observancia.

La confidencialidad que tiene connotaciones de orden ético-moral, secreto, reservado, sigiloso, puede constar en forma de adenda penal por las sanciones establecidas en caso de quebrantarse algunas cláusulas contractuales.

En tratándose de la salud pública y sus elementos intrínsecos que la integran, no pueden prescindirse de la calidad que tiene la vacuna y su prestación a la colectividad. Este conjunto conforma un verdadero bien público al que tiene derecho aquella, al amparo de la inteligencia del parágrafo II, Art. 13 de la Constitución, la premisa que el bien público es “aquel cuyo consumo es indivisible y puede ser compartido por todos los miembros de una comunidad, sin exclusión”. Este concepto no es, de modo alguno, un medio o paliativo para que el pueblo “aguante unos dos meses”, como candorosamente aconseja el Presidente de la República.

Es de insistir que la confidencialidad encierra el concepto de reserva como “la guarda o custodia que se hace de algo con la intención de que sirva a su tiempo; es algo que se cuida o se preserva para que pueda ser utilizado en el futuro en caso de alguna contingencia”, como expresa el jurista mexicano Ángel Gonzales.

En el caso que nos ocupa, relacionado con la firma del contrato en Rusia para la compra de la vacuna Sputnik V, con destino al tratamiento de la pandemia del Covid-19, existe infinidad de consideraciones de orden administrativo, pasando por alto informaciones y detalles de orden científico que justifique esta operación comercial internacional, siendo lo comercial el nudo gordiano de la relación contractual.

Con atinado y sugerente título, “Vacuna Misteriosa”, el pasado 8 de este mes, el prestigioso columnista de El Diario, Humberto Vacaflor, se refiere al contrato directo de marras, que denota la ausencia de transparencia en el mismo. Dice que lo “que se sabe de esa vacuna es que no ha cumplido con los requisitos científicos exigidos, que ha sido rechazada por varios países como Hungría y Croacia por esa misma razón y que tiene el problema…”. 

Agrega “que algún compromiso extraño existe para que se pretenda ocultar el precio de una vacuna que debe competir con otras mejor calificadas por la propia Organización Mundial de la Salud”. No existe ningún cuadro comparativo de empresas, calidades, precios, ningún dato inherente a una compra directa que, no por ser de este género la operación, está exenta de estas mínimas exigencias.

Amén de lo dicho, corresponde preguntar ¿qué encierra la expresión de “gastos reservados”, máxime si el contrato es confidencial?

Gastón Ledezma Rojas  es abogado y expresidente  del Colegio de Abogados.

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