Rolando Morales Anaya

Crear una Superintendencia de servicios educativos

sábado, 30 de enero de 2021 · 05:10

En casi todos los establecimientos educativos privados, la demanda de matriculación es superior a la oferta, lo que ha llevado a sus responsables a establecer mecanismos de selección que pueden ser considerados como inhumanos y poco éticos. Muchos de estos mecanismos consisten en “exámenes” a niños de seis a siete años, además de “entrevistas” con ellos y con sus padres. Los “mejores” son admitidos y el resto se irá a sus casas con el estigma de tener pocas habilidades.

 En general, los “exámenes” a lo que son sometidos no tienen valor científico y por los daños que pueden causar sería mejor prohibirlos, teniendo en cuenta que la demanda de matriculación supera a la oferta, los democrático y cristiano sería la selección aleatoria de los alumnos. En algunos establecimientos católicos, los padres tienen que demostrar que son devotos, lo que es contrario a la libertad de culto establecida en la Constitución Política del Estado (CPE), y que no están divorciados, como si los niños fueran culpables de su separación.

En la CPE se encuentra 40 veces la palabra educación. Su lectura e interpretación es enrevesada, pero se puede concluir que establece que la educación es un derecho y obligación hasta concluir el bachillerato y que el Estado es el encargado de velar por que se cumplan. Se dice que la educación es unitaria y pública (artículo 78) y que el Estado tiene la tuición sobre la educación privada.

Haciendo un esfuerzo de comprensión, los postulados de la CPE implicarían que la educación privada es un servicio delegado por el estado a instituciones privadas. Si es el caso, el estado estaría en la obligación de pagar por ese servicio a fin de que la educación sea gratuita para los educandos en fiel cumplimiento de la CPE. Eso no ocurrirá, pero el estado debe ejercer tuición sobre los establecimientos privados de manera a evitar que se cometan injusticias y se conviertan en mecanismos de perpetuación de las desigualdades sociales y de otra índole. 

Con algunas excepciones, hay problemas con la educación privada relativos a su alto costo y su poca calidad. Las escuelas privadas cobran mensualmente entre 150 y 850 dólares por alumno, sin que esté claramente establecida la relación entre la calidad del servicio ofrecido y su costo. El establecimiento educativo hace la intermediación económica entre el alumno y el docente pagando remuneraciones modestas a los profesores. 

Algunos establecimientos privados arguyen que cobran mucho porque tienen que financiar su infraestructura, confundiendo el cobro de un alquiler con la demanda de contribuir a una inversión. Los alumnos participan en financiar la infraestructura, pero no adquieren derechos propietarios.

Las pocas evaluaciones a la calidad educativa en Bolivia muestran, salvo pocas excepciones, resultados decepcionantes, incluso en las principales universidades privadas, por lo que acorde con la función de tuición que la CPE otorga al Estado, éste tiene que asegurar que los servicios ofrecidos a los estudiantes estén acordes con el precio que pagan y que los docentes reciban una remuneración adecuada. 

Buscando la equidad y la igualdad, la educación debe ser unitaria y gratuita como lo establece la CPE y como es el caso en la mayor parte de los países europeos, donde los niños y jóvenes ricos o pobres reciben la misma educación en establecimientos públicos, que generalmente son de excelente calidad. Sería soñar pensar que lo mismo se podría tener en Bolivia, pero por lo menos el Estado está en la obligación de asumir su función de tutelaje. 

A este propósito, conviene rescatar la propuesta de creación de una Superintendencia de Servicios Educativos u organismo de regulación. Esta entidad estaría llamada a realizar anualmente pruebas de calidad al estilo del antiguo Simecal, adoptar criterios técnicos para evaluar los costos de la educación y la parte que podría ser asumida por las familias y controlar que en los establecimientos públicos o privados los mecanismos de selección en el ciclo básico sean aleatorios y que no existan en ellos discriminación por género, religión o ideología de los padres. Deberá también constituirse en una entidad donde los padres y educandos puedan dirigirse para denunciar injusticias o malos tratos.

 

Rolando Morales Anaya es economista.
 

 

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