Mirna Quezada Siles

Laboratorios, farmacias y…«mercado negro»

sábado, 30 de enero de 2021 · 05:08

Enfermarse cuesta caro en Bolivia y mucho más si no se tiene un seguro adecuado. A los gastos en consultas médicas se suman los de medicamentos y si se requiere -además- análisis de laboratorio, se producen serios problemas económicos. En estos tiempos del coronavirus esta situación empeora notablemente.

En el caso específico de la urbe paceña, aunque gran parte del complejo hospitalario cuenta con sus propios espacios donde se toman muestras y efectúan diversos exámenes, hay quienes por diversos motivos acuden a laboratorios clínicos particulares y sufren no sólo por la incómoda muestra del PCR o el dolor del pinchazo; sino también el del “bolsillo afectado”.

Años atrás, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) dio a conocer,  que en La Paz existían más de 200 laboratorios. No todos estaban acreditados legalmente con su respectivo empadronamiento y papeles en regla. A la fecha, se tienen habilitados unos cuantos para realizar la prueba del Covid-19  con precios que  -en el caso de los particulares- no son accesibles.

En estos lugares se realizan análisis en bioquímica clínica -o tal vez cínica- porque los hay donde cobran precios elevados con el argumento de usar óptimos equipos e insumos; tener mejores controles de calidad y mantener en constante capacitación a su personal y también hay casos extraños donde los costos bajan notablemente así como la confianza en los resultados.

Existen también laboratorios como el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) y el Instituto de Servicios de Laboratorio, Diagnóstico e Investigación en Salud (Seladis) de la UMSA, que son referentes porque sus valores son reconocidos a nivel nacional; sin embargo la demanda es tan grande que la población recurre a otros laboratorios particulares o caso contrario a espacios donde se hacen pruebas gratuitas, pero luego de hacer filas interminables.

Lo complicado en el caso de dar positivo en el análisis, es que se debe realizar el tratamiento y aislamiento adecuado del paciente para después volver a una segunda e incluso tercera prueba, que tal vez tarde en realizarse por falta de reactivos o exceso de dolientes en espera.

En cuanto a los medicamentos destinados a reducir la mortalidad del virus o que consigan neutralizar la enfermedad, en La Paz se puede advertir la diferencia no sólo de precios, sino también la falta de  información que se brinda sobre su existencia, en varias farmacias.

La Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (Agemed) publicó en julio del 2020 la lista de precios de medicamentos e insumos en el contexto de la pandemia por Covid-19 con el objetivo de evitar el agio y la especulación en la comercialización de esos productos; sin embargo, aún se dan variaciones incluso en la misma marca de laboratorio, diferencia que afecta la economía de cualquier ciudadano.

Cuando existe diversidad de resultados sobre el precio y disponibilidad del producto, cualquier usuario puede desconfiar de la calidad de éste y hasta de la receta médica o -lo peor- comprar otro que puede ser nocivo e inadecuado a la salud del paciente. La diferencia de precios es explicada por los márgenes de intermediación de los variados actores de la cadena; pero en otros casos es simplemente un lucro injustificado.

En materia de farmacias no existe un monitoreo periódico que sea  público, sobre la disponibilidad de medicamentos requeridos y tampoco se conoce de forma constante de sanciones a quienes transgreden las normas en esos servicios con su nivel de atención. Los derechos de pacientes y otros usuarios son vulnerados y ante las insuficientes quejas, quedarse con la resignación, es la única salida.

Ante la desesperación por encontrar un medicamento para luchar contra la enfermedad, aparece en escena y sin ganas de salir -al menos por un buen tiempo- el “mercado negro”, aquel espacio donde se realizan prácticas ilegales de comercialización de productos poniendo muchas veces como bandera a la solidaridad.

En varias redes sociales, especialmente en los grupos de whatsapp, se ofrece desde barbijos hasta medicinas o instrumentos médicos como el oxímetro, que dejan de figurar en el stock de las farmacias u otros establecimientos especializados de venta. La desesperación de la gente conduce a la adquisición de estos, sea cual fuere el costo.

Aún estamos atravesando la segunda ola de la pandemia en Bolivia, que llegó con mucha fuerza debido a las medidas de flexibilización que dieron lugar a una serie de encuentros masivos sin actuar con la prevención aconsejada. La irresponsabilidad, indiferencia e ignorancia de muchos pasan ahora la factura a casi todos, incluyendo a quienes se cuidaron como se debía.

Hay fuentes médicas que anuncian la llegada de la tercera ola rápidamente al país y que incluso ya vivimos actualmente con la presencia de una nueva cepa de la enfermedad. Ante esta situación lo que se espera a corto y mediano plazo es que el gobierno pueda contar con pruebas fiables y gratuitas o -al menos- económicas y que de alguna manera se estandaricen los aranceles de laboratorios así como costos de medicamentos en las farmacias, para evitar ese “mercado negro” perjudicial. ¿Vacunas? Este aspecto también urge analizar.

En todo caso tendría que cumplirse a cabalidad lo señalado en la Constitución Política del Estado que establece en su artículo 37: “El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.”

 Mirna Quezada Siles es periodista.

 

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