Juan Cristóbal Soruco Quiroga

La CIDH: ¿Secretaría ejecutiva del Socialismo del Siglo XXI?

lunes, 18 de octubre de 2021 · 05:12

La marcha por la democracia del domingo 10, las movilizaciones en contra del creciente autoritarismo del gobierno el lunes 11 y las marchas organizadas por el gobierno utilizando todos los recursos económicos, de transporte, presión y represivos del Estado presuntamente en defensa de la whipala el martes 12, fueron los hechos que más se ha atendido en las agendas informativas.

Los dos primeros, por lo que se ha visto, han provocado pánico en las autoridades de gobierno, el expresidente fugado y sus intelectuales, y el tercero mostró que el apoyo al gobierno se está reduciendo a los funcionarios del Estado y específicas organizaciones sociales que reciben recursos estatales para sobrevivir. Al final, el gobierno se vio obligado a retirar el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, decisión que pudo haber adoptado oportunamente si escuchaba la voz de los diferentes sectores de la sociedad.

En ese maremágnum se conoció el rechazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la solicitud de medidas cautelares de la expresidenta constitucional Jeanine Añez por las flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra por las autoridades de gobierno, que la mantienen injusta, inconstitucional e ilegalmente presa. Muy suelta de cuerpo, la nueva secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, en nota oficial remitida a la Cancillería del Estado informa que este “expediente (…) fue oportunamente cerrado”, y da algunas recomendaciones genéricas para lavarse la cara, como el pedido a que el “Estado continúe garantizando las condiciones dignas de detención”.

Esta nota sorprende a quienes somos testigos de la forma en que el gobierno trata a la exmandataria. Si, además, nos enteramos de que el gobierno presentó un falso informe sobre el estado de detención de Áñez que al parecer no fue confirmado “in situ”, el asombro se convierte en desconfianza, que se reconfirma cuando nos enteramos de que en diciembre de 2019, la CIDH emitió la Resolución 67/2019 otorgando medidas cautelares a Nadia Alejandra Cruz Tarifa, Defensora del Pueblo a.i., y Nelson Cox Marcelo Mayorga, que entonces era su representante en Cochabamba, no por acoso estatal, sino porque las oficinas de la Defensoría del Pueblo en La Paz y Cochabamba intentaron ser tomadas por gente que obstaculizó e impidió su buen funcionamiento, y sus responsables eran los más expuestos, además de ser víctimas de una campaña de desprestigio. Por tanto, la CIDH exigió garantizar su seguridad para desempeñar sus actividades sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia (cabe anotar que Cruz sigue siendo defensora interina y Cox ahora es viceministro de Seguridad).

Comparando ambos dictámenes se puede parafrasear a Vargas Llosa y preguntar ¿en qué momento se jodió la CIDH?

Una primera alerta sobre cuestionamientos a la CIDH por parte de mandatarios elegidos por voto popular se dio en 1999 cuando Alberto Fujimori, presidente de Perú, instruyó salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), conformado por la Corte y la Comisión, por resoluciones en contra de su gobierno por violación de derechos humanos. Una vez derrocado Fujimori, en parte por forzar una ilegítima tercera reelección, Perú retorno al sistema.

A los 11 años comenzó la guerra de verdad. La CIDH emitió un duro informe sobre el deterioro de la democracia en la Venezuela de Hugo Chávez, cuya difusión coincidió con la inauguración del sistema de comunicaciones del sur, ocasión que ese mandatario no escatimó insultos contra el SIDH y, especialmente, el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Catón (“excremento ejecutivo puro, purito”).

Estuvieron invitados a ese acto los presidentes Evo Morales de Bolivia, Cristina Fernández de Kirchner de Argentina y Daniel Ortega de Nicaragua (ay, que cuarteto), que decidieron acelerar la creación de la Comunidad de Estados Americanos y del Caribe, cuya instalación podría acabar con la OEA y sus incómodos informes en materia de derechos humanos (El País, España, 26/febrero/2010).

Como ese objetivo no era fácil de alcanzar (lo mismo se ha repetido este año en México) y tomaba tiempo, los impulsores del Socialismo del Siglo XXI optaron por cooptar el SIDH y bajo el liderazgo de la Argentina kirchnerista y el Brasil lulista, lo lograron, como se puede desprender, en el caso boliviano, de las resoluciones de la Comisión sobre los casos Porvenir, Chaparina, sus primeras resoluciones sobre los enfrentamientos en el país a consecuencia del fraude electoral de 2019, las cautelares para Cruz y Cox y el archivo de la solicitud de medidas cautelares de Jeanine Áñez.

En fin, parecería que la CIDH ha sido convertida, lamentablemente, en la secretaría ejecutiva del Socialismo del Siglo XXI y tiene diferentes raseros para evaluar la violación de derechos humanos en la región.

 

Juan Cristóbal Soruco Quiroga es periodista.

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