José Luis Bolívar

Ambiciones ofensivas

viernes, 29 de octubre de 2021 · 05:10

Mi abuelo fue a la Guerra del Chaco bastante entrado en años. A sus 42, era el Secretario General del Club The Strongest y junto con miembros del Directorio, jugadores e hinchas se presentaron voluntariamente al cuartel para poder defender la dignidad y el erario nacional. Por su edad y como ya había servido a la Patria años atrás, fue destinado inmediatamente a tareas de retaguardia, separándolo del grupo de estronguistas, pero, ante la catástrofe de Nanawa y la falta de efectivos, fue enviado al frente a combatir. Lastimosamente, en el cerco de Campo Vía fue hecho prisionero, quedándose en el Paraguay hasta tres años después del alto al fuego. Al retornar a Bolivia, trabajó toda su vida como radialista, hasta que el cáncer se lo llevó en 1968.

Cuando en 1967, 32 años después del cese de hostilidades, se empadronó a los excombatientes para pagarles la renta vitalicia que les correspondía como Beneméritos de la Patria, pese al reclamo de mi abuela, por honor se rehusó a hacerlo, según sus propias palabras, porque prácticamente no había combatido nada y pasó más tiempo como prisionero que como soldado, y comparado con lo que habían hecho sus camaradas en el campo de batalla, su sufrimiento, toda la sed y hambre que atravesaron, lo de él fue nada, por lo tanto, era indigno de una renta de ese nivel.

Su desprecio a vivir de las arcas nacionales le significó a mi abuela tener que cobrar una renta de jubilado “realmente miserable”, pero fue la decisión de mi abuelo y todos la respetaron. Yo no tuve la suerte de conocer a ese gran hombre, murió antes de que yo naciera, pero vaya que admiro sus principios.

Al benemérito que sí conocí fue a un amigo de la familia que se llamaba Alberto Riveros, él, en cambio, sí estuvo en primera línea durante dos años de campaña, era “Héroe de Cañada Strongest” y lo lucía orgulloso en su solapa. A la mínima oportunidad, contaba sus anécdotas una y otra y otra vez y, aunque exageraba con la onomatopeya, jamás me cansé de escucharlas.

Él sí cobraba su renta de excombatiente y cuando las fuerzas lo abandonaron y ya no podía trabajar, ese dinerito era el único ingreso que tenía y, aunque no era ni siquiera lo básico para vivir (durante el periodo devaluatorio, del 82 al 85, no le alcanzaba ni para 15 días), él hacía milagros con lo que Bolivia le agradecía cada mes, por haber dejado su juventud en el Chaco Boreal y preservar lo que sería más adelante la billetera del país.

Hace casi dos años, ante la convocatoria de uno de los hombres más ruines que gobernó Bolivia, un enorme grupo de movilizados salió a las calles para que, mediante la protesta violenta, las cosas se descontrolen de tal manera que a los bolivianos no nos quede más remedio que traer en andas de nuevo a Evo Morales para que nos siga gobernando ad aeternum.

Gente enviada de diferentes partes del país llegó a El Alto y empezó una serie de saqueos y desórdenes que tuvieron su cénit en las inmediaciones de la planta de YPFB, en Senkata. Un informe de GIEI determinó (no sé cómo), que su intención no era hacer volar los enormes tanques que contienen GLP, sin embargo, a mí me cuesta pensar que, tras hacer caer el muro perimetral a dinamitazos, la intensión de estos personajes hubiera sido hacer un inventario de las garrafas.

Para contener los ánimos de los exaltados protestantes que, al grito de “¡Ahora sí!, ¡guerra civil!”, querían transformar a la ciudad de El Alto en un Chernóbil andino, el Ejército desplazó a sus fuerzas y se armó la gresca.

La protesta es un derecho constitucional y el Estado debe proteger ese reclamo y atenderlo cuando es justo, pero cuando el clamor pacífico se convierte en arbitrariedad violenta, también existe el derecho del uso debido de la fuerza pública, para preservar el bienestar de la comunidad en general.

Ahora resulta que muertos y heridos de aquella trifulca quieren vivir de la manga del Estado y que les den fuentes laborales con un salario mínimo de 5.000 bolivianos (seguramente sin importar si cumplen o no con algún mérito para algún cargo), gastos de sepelio y un pago de 50.000 bolivianos para todos los heridos sin reparar en la magnitud del daño inferido, o sea, da lo mismo perder un pie que morderse la uña.

Vale decir que le están reclamando al Estado que erogue fondos, como si lo que hubieran hecho hubiera generado algún tipo de beneficio al país, cuando lo que casi provocan fue un desastre de proporciones bíblicas.

Si en Bolivia “hubiera justicia”, seguramente estos señores estarían pagando condenas penales y tendrían que resarcir al Estado montos inclusive superiores al de sus trastornadas y ofensivas ambiciones, y nada de esto estaría pasando; pero, como la Patria es tan generosa, nos damos de frente con cuadros como este, que son un verdadero agravio a quienes sembraron con su sangre el gas que hoy nos da de comer.

 

José Luis Bolívar es  paceño, estronguista y liberal.

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