Alan Zarate Hinojosa

La necesidad de proteger penalmente los símbolos patrios

jueves, 7 de octubre de 2021 · 05:10

El año 2019, a tiempo del motín policial, los bolivianos han podido observar a través de los medios de comunicación cómo funcionarios llamados a defender la sociedad y a hacer cumplir las leyes procedían a cortar la wiphala de sus uniformes y a ultrajarla de diversas formas de manera pública y manifiesta. Estos hechos descritos guardan coherencia con los últimos advertidos por los medios de comunicación social, que reflejan conductas similares de irrespeto e intolerancia para con un símbolo patrio así establecido por la Constitución Política del Estado en vigencia, aprobada por el pueblo boliviano consultado en referéndum.

El artículo 6 de la Constitución Política del Estado establece que son símbolos del Estado la bandera tricolor rojo, amarillo y verde; el himno boliviano; el escudo de armas; la wiphala; la escarapela; la flor de la kantuta y la flor del patujú.

Sin embargo, el Código Penal boliviano vigente desde 1997 establece en su artículo 129 que comete el delito de ultraje a los símbolos nacionales el que ultrajare públicamente la bandera, el escudo o el himno de la nación.

Esto quiere decir que aquellos hechos bochornosos y lamentables en que los bolivianos han podido constatar a miembros de la Policía boliviana y otros civiles ultrajando un símbolo patrio, son impunes.

En el Derecho Penal rige como una piedra angular fundamental para el constructo teórico y lineamiento del proceder legislativo y judicial, el principio de legalidad que se resume en el aforismo de Feurbach: nullum crimen nulla poena sine lege. No existe crimen, no existe pena, sin ley. Tan importante es en el ámbito penal el mencionado principio que en Bolivia hasta 1997 los delitos y las penas estaban regulados por un cuerpo normativo distinto a una ley, proveniente de un gobierno dictatorial, que no hacía otra cosa que expresar la voluntad del gobernante de facto que promulgó y puso en vigencia el Decreto Ley No. 10426 de 23 de agosto de 1972. De tal manera que lo primero que hizo el legislador boliviano en la reforma parcial al Código Penal el año 1997 es elevar a rango de Ley el Código Penal boliviano, como expresión, no de la voluntad de gobierno, sino como expresión de la voluntad general expresada por sus representantes populares en asamblea hecha ley.

Una de las características de ese principio de legalidad es el nullum crimen, nulla poena sine lege stricta que se traduce en la prohibición de analogía. Esto comporta que la Ley Penal debe ser inicialmente interpretada para encontrar el sentido estricto de su alcance y los hechos que por ella pueden verdaderamente ser regulados, quedando fuera del alcance de su aplicación hechos no contemplados en ella pero que se le parezcan. Esta prohibición alcanza únicamente a la prohibición de analogía in malam partem, es decir, está prohibida la aplicación analógica de la Ley Penal cuando esta perjudica a la persona contra quien se dirige la acción penal.    

En tal virtud, los casos descritos ut supra no ingresan en el ámbito de aplicación de la norma jurídico penal pues el artículo 129 del Código Penal impera en Bolivia desde el año 1997, momento en el que no se encontraban reconocidos como símbolos patrios más que la bandera tricolor, el escudo nacional y el himno de la nación. Y es a estos tres únicos símbolos patrios que el Código Penal le brinda protección jurídico penal, porque así taxativamente lo ha previsto. Esto quiere decir que la wiphala, la escarapela, la flor de la kantuta y la flor del patujú, si bien están reconocidos como símbolos patrios por la Constitución Política del Estado, no son objeto de protección jurídico penal, porque su ultraje no ha sido contemplado aún como delito por el legislador boliviano como consecuencia de su reconocimiento constitucional de símbolos patrios.

Es necesario, por supuesto, que el legislador boliviano incluya en la tipificación del delito de ultraje a los símbolos patrios, a todos aquellos símbolos que la Constitución Política del Estado les reconoce esta cualidad. Caso contrario, su ultraje público, al no ser criminalizado, comporta una invitación abierta a cometerlo.  

 

Alan Zarate Hinojosa es exjuez anticorrupción de transición y de carrera. Actualmente juez de sentencia penal de carrera.

 

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