Juan Antonio Morales

La Ley 1386, post mortem

lunes, 22 de noviembre de 2021 · 05:09

La Ley 1386 (ley contra la legitimación de ganancias ilícitas) que acaba de ser abrogada tenía una arquitectura legal extraña. El articulado de la ley en sí mismo parecía relativamente anodino, el problema estaba en su anexo. La mitad del anexo parecía ser la de una exposición de motivos, en realidad un “copiado y pegado” de las recomendaciones de la GAFI; la otra mitad era la de un punteo de un plan de acción, destinado más bien a la burocracia.

Más allá de las formas criticables del anexo, se podía tener serias objeciones. Un principio básico, no respetado, debía ser el de la premisa de la licitud de las propiedades y operaciones de los ciudadanos. El derecho a la propiedad es fundamental. Le correspondía a la UIF y a otras instancias pertinentes demostrar con evidencias contundentes que se trataba de lavado de dinero y otros ilícitos. Empleando una analogía con los test empleados en estadística, la hipótesis de base (la hipótesis nula en la jerga estadística) es la de la licitud y que es necesario que las evidencias para rechazarla sean abrumadoras.

Los expertos legales harán notar que esto es una formulación del principio básico de los derechos humanos de la presunción de inocencia. El artículo 28b de la Ley Safco también establece, para los empleados públicos, la presunción de licitud de sus operaciones y actividades.

Los economistas de la escuela institucional insisten en la importancia de la confianza para el desarrollo económico. El anexo de la Ley 1386 parecía ignorarla, avivando sospechas y desconfianza. Disputas de muro medianero entre vecinos (o de espacios de venta en la acera), que normalmente se concilian y que en el peor de los casos deben ser tratados en tribunales civiles, corrían el riesgo de ser criminalizados por denuncias de supuestos ilícitos que harían los que se creen afectados.

Ya con las reglas actuales, los ciudadanos que acuden a un banco tienen que someterse a pequeñas irritaciones como la de tener que declarar al cajero de dónde y para qué se está efectuando un depósito de 200 bolivianos. Más molestoso es el tratamiento a aquellos clientes que han tenido la mala suerte de haber sido altos empleados públicos y que, por lo tanto, se las considera Personas Públicamente Expuestas (PEP). Ellas (y muchas veces sus familiares) son sometidas a un interrogatorio policial cada vez que renuevan un DPF o una tarjeta de débito. Se origina un problema de selección adversa porque los buenos candidatos al servicio público desisten al temer escrutinios intrusos durante toda su vida. El principio correcto, de que se tiene que conocer al cliente, sufre en la práctica muchas distorsiones.

El anexo de la Ley 1386 le dedica espacio considerable a la informalidad y al contrabando, ignorando que ellos deben ser tratados como problemas de desarrollo y no como problemas policiales. Desde los años 60 del siglo pasado, hay numerosos estudios sobre el sector informal, tratando de precisar bien sus contornos, lo que no es fácil dada su heterogeneidad. Es en gran parte un sector de refugio por la insuficiencia de empleos formales, en economías de bajo dinamismo, y por la ausencia de un seguro de desempleo.

La combinación de tipo de cambio sobrevaluado y una estructura de aranceles altos y dispersos crean incentivos para el contrabando. Es también un problema de política pública y debe ser tratado como tal.

La abrogación de la Ley 1386 envía un mensaje a la GAFI. Sus recomendaciones, a veces sus imposiciones, no tomaron en cuenta las peculiaridades del país. Para un combate efectivo al lavado de dinero y otros actos ilícitos primero se tenía que fortalecer técnicamente a la UIF y las otras instancias de inteligencia financiera, con especialistas en sistemas de pagos, en organización industrial, capaces de detectar triangulaciones y operaciones piramidales de empresas cascarón, y en el análisis de datos masivos (big data) para detectar regularidades que den lugar a sospechas. Se tenía también que despolitizarlas.

Los narcotraficantes y otros grandes criminales utilizan métodos muy complejos y de difícil rastreo para sus operaciones. La atención de las autoridades de control debe focalizarse en ellos.

 

Juan Antonio Morales es profesor emérito de la UCB y expresidente del BCB

 

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