Jhannise Vaca Daza

Represión en Bolivia: copia de “aliados” internacionales del MAS

miércoles, 24 de noviembre de 2021 · 05:13

Este 8 de noviembre, numerosos sectores de la sociedad civil en Bolivia (gremiales, transportistas, médicos, campesinos y otros) iniciaron protestas exigiendo la abrogación de la Ley 1386. El gobierno de Luis Arce contestó con represión policial y arrestos. Una persona falleció durante estos conflictos. Lueg o de seis días, el Gobierno cedió y anuló dicha ley.

Este logro de la protesta nacional debe venir también con un análisis de la respuesta inicial del Gobierno, sobre todo para evitar mayores enfrentamientos y muertes a futuro. Quienes convocan a protestas no analizan lo suficiente las estrategias de represión gubernamentales y, por lo tanto, no saben cómo reaccionar cuando dicha represión empieza. En el caso de este paro, la respuesta del Gobierno con movilización de policías y militares fue más similar que antes a tácticas de regímenes autoritarios como Venezuela y Nicaragua, entre otros.

El primer elemento alarmante fue el traslado tanto de efectivos policiales como de armamento militar a ciudades distintas, ambas operaciones antes y durante el paro multisectorial. Como bien indicó el periodista Carlos Valverde, esta técnica es empleada por dictaduras como la de China tanto en la represión a las protestas de Tiananmen Square (1989) como incluso hoy en “concentraciones antiterror”, en las que el régimen chino moviliza grupos armados y vehículos militares y  “desfilan” para asustar a quienes se oponen al régimen en esa zona. Esta rotación de personal policial también evita que ocurra lo que en Bolivia vivimos en 2019: policías negándose a reprimir a su familia o conocidos protestando en calle. Al encontrarse en una ciudad distinta, existe menos sentimiento de pertenencia o relación con quienes reprimen y, por ende, la represión policial es más rápida y brutal.

Otra táctica represiva usada en Bolivia este mes como son los “arrestos selectivos”. Esto es enseñanza rusa: Luego de años de protestas y represión, el régimen de Putin modernizó sus técnicas de represión. En vez de hacer arrestos masivos de personas protestando, el régimen selecciona a personas específicas para perseguir y arrestar, buscando hacerlos “casos ejemplo” y así disuadir a otros de organizar protestas u oponerse al gobierno. Podemos ver esta técnica usada en Bolivia en los procesos judiciales que el gobierno anunció en contra de organizadores y participantes de protestas este mes: ya se anunciaron siete procesos, y vienen más.

Sin embargo la táctica más preocupante que el Gobierno boliviano ha copiado de regímenes como los de Venezuela y Nicaragua es el uso de grupos paraestatales armados para reprimir a los manifestantes. En Venezuela, estos grupos son armados y entrenados por autoridades y Policía para desarticular protestas opuestas al gobierno, llegando al punto de atacar protestas con gases lacrimógenos que deberían ser de uso exclusivo de la Policía. En Bolivia, grupos similares atacaron una protesta en La Paz la semana pasada, también lanzando gas pimienta al Alcalde paceño que encabezaba la marcha. Similares ataques violentos de grupos encapuchados a protestantes se vieron en Sucre, Santa Cruz y Potosí, entre otros. En cinco de estos casos, quedó registrado que los líderes de estos grupos violentos son funcionarios públicos del Gobierno, incluyendo una filmación de un asambleísta del partido de gobierno que atacó con cinturón en mano a mujeres y periodistas en Potosí.

Me preguntaron en redes si no es alarmista comparar la represión policial a protestas en Bolivia a las de Venezuela, Nicaragua u otros países. Creo que esta pregunta tiene que responderse tomando en cuenta dos cosas: nuestras metas como ciudadanía y nuestro contexto actual. La meta es una Bolivia en la que nadie tenga que morir por protestar y eso implica que el Gobierno debe respetar el derecho a la protesta pacífica. El contexto es el de un gobierno que ha demostrado con acciones seguir patrones de represión que vienen del exterior y esto no es una hipótesis, es un hecho demostrado en calle que hemos vivido este mes. Por lo tanto, el derecho a la protesta pacífica no existe si la respuesta gubernamental es ejecutar la misma violencia y represión que ejecutan dictaduras. Nuestro rol como ciudadanos es denunciar esa violencia, precisamente para evitar más muertes. Lo alarmista no es denunciar la similitud, sino que el gobierno la haya hecho tan obvia.

Jhanisse Vaca Daza es activista de derechos humanos y no-violencia, cofundadora de Ríos de pie.

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