Ana María Morales Amonzabel

Aclaración a la opinión pública

sábado, 27 de noviembre de 2021 · 05:08

Ante la opinión publicada por el Sr. Juan Antonio Morales en el periódico Página Siete de fecha 22 de noviembre de 2021, respecto a la abrogada Ley N° 1386, Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, corresponde realizar las siguientes precisiones:

A partir de la lectura del artículo, se observa que a pesar de efectuar afirmaciones con relación a que la abrogada Ley de la Estrategia afectaba derechos de los ciudadanos, el autor en ninguna parte logra precisar, ni mucho menos demostrar de manera puntual y clara, dónde se encontrarían las previsiones que afectarían algún derecho de los bolivianos; a partir de lo cual, queda en evidencia que no existe argumento válido alguno, mas por el contrario parecería ser la utilización de un discurso político con una opinión desorientadora y que definitivamente está fuera de contexto, considerando la abrogación de la mencionada Estrategia.

En ese entendido, no corresponde señalar que el contenido de la abrogada Ley N° 1386 no respetaba el “principio básico” de la licitud de las propiedades y operaciones de los ciudadanos; toda vez que no menciona la acción específica que contendría dicha vulneración de derechos; es importante mencionar además que la citada Ley fue desarrollada en observancia al marco Constitucional de respeto a la propiedad obtenida de manera licita y la garantía a las operaciones de los ciudadanos que realizan actividades legales, sin embargo, no extraña este tipo de opiniones que son recurrentes hace más de una década, periodo en el cual no se  atentó contra las libertades civiles y la propiedad privada, situación que actualmente puede ser totalmente comprobada a la luz de las políticas sociales y económicas implementadas en similar periodo de tiempo y que como resultado han logrado distribuir la riqueza nacional a toda la población, respetando sus derechos. De más está señalar, que la abrogada Ley N° 1386 en ninguna de sus disposiciones legales y su anexo, establece mandatos o facultades que atenten contra estos derechos.

Acorde a lo señalado, aducir que ante un conflicto doméstico, las personas  podrán acudir a realizar vindicativas denuncias contra su contraparte; no sólo es falso, sino raya en lo absurdo, ya que la precitada Ley N° 1386 no establecía posibilidad alguna de que la UIF reciba denuncias de la ciudadanía; toda vez que dicha institución interactúa  únicamente con autoridades competentes determinadas por ley, desde hace más de dos décadas.

Por otra parte, se aclara que la Debida Diligencia que realizan las instituciones financieras para evitar el lavado de activos, es una herramienta que fue desarrollada con base en las directrices de dos organizaciones internacionales, como son el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS en inglés) y el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, que emiten estándares internacionales para cumplimiento de los sectores encargados de prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Además de lo indicado, es necesario destacar que la abrogada Ley N° 1386 incluía un diagnóstico del sector informal, justamente para identificar los mecanismos y posibles vías, por las cuales los delincuentes podrían utilizar diversos sectores económicos para el lavado de dinero, lo cual no implicaba de ninguna manera la afectación de éstas actividades, más por el contrario se constituía en una política de protección de éste sector ante ilícitos como el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo; en un contexto internacional donde las actividades comerciales se expanden sin reconocimiento de fronteras y los países implementan medidas de control en conocimiento de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, exigiendo además que los países con los cuales tienen tratos comerciales cumplan estas medidas.

Finalmente, es importante destacar que las medidas aplicadas con relación a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo desde el año 2006 a  la fecha, no han afectado ni afectarán el desenvolvimiento económico del país, más al contrario generan herramientas para combatir los delitos de una manera cada vez más eficaz, con el convencimiento sobre el carácter transnacional y la amenaza que representan las actividades criminales de la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo para los Estados, sus instituciones y la sociedad civil en general.

Con relación a otros comentarios que se hacen de la abrogada Ley, no hace falta siquiera referirse, ya que solo ponen en evidencia la opinión tendenciosa, considerando que las medidas emitidas por organismos intergubernamentales de los cuales el Estado Plurinacional de Bolivia es parte, son de conocimiento público y que más de 180 países implementan estos estándares. En tal sentido, pese a las opiniones adversas que confunden la población, las diferentes instituciones nacionales seguirán realizando actividades con el objeto de rencaminar la preparación de nuestro país frente a la próxima Cuarta Ronda de Evaluación Mutua por parte de GAFILAT.

 

Ana María Morales Amonzabel es Directora General Ejecutiva de la Unidad de investigaciones Financieras

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