Erick San Miguel Rodríguez

Los atropellos de la Iglesia y la inacción estatal

jueves, 4 de noviembre de 2021 · 05:10

Tan abominable como la violación de una niña de 11 años ha sido la intervención de la Iglesia católica para evitar que se interrumpiera la gestación, que, en el marco jurídico vigente, es plenamente legal, ya que el Código Penal dispone que no es punible el aborto cuando el embarazo es consecuencia de un delito de violación. En tanto que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha dejado sin efecto la exigencia de la “autorización judicial” que decía este mismo cuerpo legal (sentencia 0206/2014).

Desde 2009, Bolivia es un Estado laico, porque así lo dice la Constitución Política del Estado; no importa que la fórmula no sea la mejor: “El Estado es independiente de la religión”. Pero para la Iglesia católica no ha habido ningún cambio. Sigue gozando de privilegios (la ley tributaria les concede exenciones, por ejemplo); la alta jerarquía eclesiástica ha convertido el púlpito en tribuna de agitación política; y, ahora, ha decidido pasar a la acción, pisoteando la Constitución, las leyes y a las autoridades, pretendiendo erigirse nada menos que como una instancia moral para decidir –más que jueces– cuáles acciones son lícitas y cuáles no.

La Iglesia católica es irreformable, vive anclada en el Medioevo; es más, cuando pretende hacerlo, sus “reformas” llegan tan tarde que ya a nadie le importa. No olvidemos que el papa VI condenó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. No olvidemos tampoco que cuando el papa Juan XXIII aceptó la tolerancia religiosa (Encícilica Pacem In Terris, 1963) ese asunto ya había sido superado hace más de dos siglos, cuando se introdujo la libertad religiosa.

¿Qué rol juega entonces la Iglesia y con qué autoridad puede interrumpir un procedimiento quirúrgico que ya tenía la autorización de la familia de la menor? ¿Cómo puede arrebatar a la niña-víctima de manos de los médicos para llevarla a un hogar religioso? ¿Tiene siquiera autoridad moral, cuando a nivel mundial se ha revelado que la Iglesia es un centro de abusos sexuales a menores? Pero más acuciante es la pregunta: ¿Dónde están las autoridades llamadas por ley para poner un alto a los atropellos de la Iglesia? El Ministerio de Justicia, que brilla por su mutismo, no tuvo la capacidad ni siquiera de emitir un triste comunicado. ¿Cómo justifican sus jugosos sueldos los funcionarios del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y, sobre todo, de la Dirección General de la Niñez? El Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene la competencia de otorgar personalidades jurídicas a las asociaciones religiosas (y la Iglesia católica es una de ellas), conforme dispone la Ley 1161, tampoco ha expresado ninguna posición, a pesar de que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene relaciones diplomáticas con El Vaticano; y no se diga, como hacen algunos escribas defensores de la oscurantista Iglesia, que ésta no puede ser procesada y que quizás individualmente algunos de sus miembros. Los atropellos contra la niña-víctima fueron respaldados por la Conferencia Episcopal y, en la homilía del domingo, por el arzobispo de Santa Cruz, quien ha bendecido de ese modo la violación. La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz tampoco parece haber tomado cartas en el asunto. Ni qué decir el Ministerio Público, esa entidad tan poco confiable, que debe estar esperando alguna “denuncia” para actuar como si en los delitos de orden público no debiera hacerlo de oficio, como es el caso de raptar a la menor y presionar a la madre para que firme un presunto desistimiento. En este concierto de omisiones y de lavarse las manos, sólo la Defensoría del Pueblo ha interpuesto una acción de amparo constitucional.

El tema de fondo es respetar el carácter laico del Estado: ni la Iglesia católica ni ninguna otra confesión religiosa tienen parte en este asunto, menos si toman acciones de hecho, caso en el que las autoridades estatales deben asumir las medidas que por ley están obligados a hacerlo.

 

Erick San Miguel Rodríguez  es abogado

 

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