Jhonny Vargas

Justicia podrida, vendida y corrupta

sábado, 4 de diciembre de 2021 · 05:08

La justicia boliviana acaba de demostrarnos con las acciones persecutorias promovidas en contra del líder cívico Rómulo Calvo, que es una verdadera injusticia. Esto es una verdadera “cacería” política gubernamental y todas estas acciones políticas tienen como objetivo infundir miedo, a través de la mentira y el chantaje. Todo es una red de corrupción judicial, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio Publico, en las actuales condiciones, son una amenaza para todos nuestros derechos y garantías constitucionales, el opresor, el poderoso, se ríe, porque sabe que el sistema de administración de justicia está de su lado y para los opositores todo lleva el rótulo de terrorismo, sedición y conspiración.

En este país protestar es subvertir el orden constitucional, hacer respetar nuestros derechos es un acto criminal y terrorista, pero ellos sí pueden hacer reventar una bomba molotov, protegidos por la Policía.

Mientras, el gobierno, a través de sus dirigentes políticos y sindicales, anda totalmente desbocado y autoritario, una clara muestra nos la da el Ejecutivo Juan Carlos Huarachi, cuyo discurso incendiario no refleja el verdadero sentir y pensar de la COB. Pero éstos y otros políticos que apoyan al actual régimen utilizan a la justicia y a la Policía para protegerse, la verdadera tragedia de este país es que muchos jueces y fiscales permanecen en silencio y permiten que los opresores violen sus propias leyes e impongan todo un paquetazo de normas cuestionadas, acordes a sus propios intereses.

Nuestra administración de justicia no es independiente, especialmente en el ámbito penal no tiene la capacidad, ni la voluntad, de hacer las debidas diligencias judiciales; lo peor de todo es que nuestra justicia se encuentra sometida al poder político, el partido gobernante comete un sin fin de delitos, un sin fin de faltas, pero nuestra justicia parcializada no las persigue, ni las señala, ni las castiga. Nuestro sistema de administración de justicia no actúa conforme a un Estado de Derecho. Nuestra administración de justicia demuestra falencias graves, no tiene la libertad para realizar las debidas investigaciones. Cuántos hechos de corrupción se han denunciado, pero hasta hoy todo lo que ve la ciudadanía es retardación de justicia, prevaricato y abuso de jueces y fiscales.

Como lo indica el informe del GIEI en los meses pasados, no vemos un horizonte claro, no vemos un verdadero castigo para los responsables. Todo el país sabe que el gobierno está manchado, que el partido gobernante utiliza la justicia para perseguir a los que piensan diferente ¿Pero qué dice nuestra justicia boliviana? ¡Bien gracias!. Es decir, una total vulneración al debido proceso.

No vemos la debida diligencia en las investigaciones controversiales que involucren a autoridades gubernamentales y líderes de los movimientos sociales corruptos, todo es impunidad, no hay castigo, en cambio los ciudadanos tenemos que mendigar en los tribunales de justicia para pedir eso: JUSTICIA. Mientras, otros salen en libertad condicional, como la Señora Gabriela Zapata, por buena conducta y cumplimiento de ciertos requisitos legales, como dicen… hecha la ley, hecha la trampa.

En Bolivia tenemos una verdadera cultura de la impunidad, que promueve invariablemente el delito y la corrupción y esto permea en todos los estratos de nuestra sociedad. La injusticia promovida por los poderosos se ríe de nuestra sociedad que tiembla ante la impunidad.

La sociedad boliviana tiembla de indignación ante tanta barbaridad cometida por nuestras autoridades judiciales a nivel nacional, departamental y municipal. La detención preventiva se ha convertido en algo natural, como medida ordinaria, haciendo que los que denuncian la corrupción sean culpables y los corruptos los inocentes. Todo es detenciones y apertura de procesos para los que tienen otra visión diferente del país. No podemos participar en movilizaciones porque son catalogadas como actos de sedición.

Nosotros, los bolivianos, con nuestro silencio e indiferencia cooperamos y aceptamos que los malos estén a la cabeza de nuestras instituciones. Obedecemos leyes injustas, politizadas y mal intencionadas, pero no hacemos nada, o si lo hacemos lo hacemos a medias, para protestar y desobedecer esas leyes injustas. Con las figuras penales de sedición y terrorismo se persigue a las personas que no están de acuerdo con las acciones del Régimen, nos cuartan el derecho a la movilización, nadie puede hacer política activa si no forma parte del partido, nadie puede hacer sombra a los líderes del partido, sólo ellos pueden hacer política, a ese estado de cosas hemos llegado.

En Bolivia una minoría política comete la injusticia, en cambio, la mayoría ya está acostumbrada a que con dinero se compre la justicia. Todos los bolivianos somos perjudicados, desafortunados, en fin, unos desdichados, por el tipo de administración de justicia que tenemos. Se hacen cumbres, elecciones judiciales, acuerdos, pactos, pero nada cambia, sólo son buenos para posar en la foto como grandes paladines de la Justicia y del Derecho. Realmente dan pena nuestros administradores de justicia.

 

Jhonny Vargas es politólogo

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