Héctor Arce Zaconeta

Una Constitución para la vida

jueves, 18 de febrero de 2021 · 05:11

El 7 de febrero se cumplieron 12 años de vigencia de la nueva Constitución boliviana, la decimoséptima de nuestra vida republicana, y la que cambió para siempre nuestra vida institucional y política. La nación boliviana es otra desde esa fecha. Hoy somos más libres, soberanos, autosuficientes; hoy somos una referencia económica en la región y, lo más importante, somos una nación que cree en sí misma, que tiene claro su destino y que, como hemos visto en el quiebre constitucional de 2019, está dispuesta a recuperarlo, mantenerlo y defenderlo a cualquier costo.

Esta Constitución redactada por la única y verdadera Asamblea Constituyente que hubo en Bolivia, formada por la voluntad popular, nacida de la lucha del pueblo boliviano,  que identificó en ella la posibilidad de construir un mejor futuro, es sin duda alguna “una Constitución para la vida”, como lo señalara el profesor de Derecho Constitucional José Luis Gutierrez Sardan.  Ella, yendo mucho más allá de lo jurídico, plantea en lo político y axiológico un verdadero proyecto de vida para la nación, el cual puede ser sintetizado en cuatro grandes facetas.

La conquista más grande de la nueva Constitución fue, sin duda, el reconocimiento de Bolivia como un Estado Plurinacional. Ello importó que, por primera vez, una nación construida sobre las espaldas de los pueblos indígenas y naciones originarias, una nación que siempre ignoró a sus grandes mayorías,  a sus sectores más desposeídos, acosados, masacrados, excluidos de su propio territorio, sean reconocidos por el Estado e incorporados a la vida política, social, económica y jurídica de la nación. Esto, sin duda alguna, logró la igualdad entre los bolivianos, quizá la hazaña más grande del nuevo texto constitucional. 

La segunda gran conquista  fue sentar las bases de una nueva economía social, sin precedentes en la historia nacional. La recuperación de los hidrocarburos, la protección de la economía, el ingreso del Estado a través de la nacionalización a sectores estratégicos  trajo consigo la tan anhelada posibilidad de generar excedentes económicos para poder redistribuirlos entre quienes más los necesitan, consolidándose así la principal característica de un Estado social, un Estado de bienestar, de equilibrio, de razonabilidad, de justicia social; en definitiva, un Estado para vivir bien.

 Un tercer elemento estuvo marcado por la creación de un innovador sistema autonómico con cuatro niveles de autonomía, la autonomía departamental que importó una nueva forma de organización territorial del Estado. Por primera vez el nivel central del Estado cedió poder a los departamentos, no solamente en cuanto organización política, sino también en cuanto a organización económica, a través de un catálogo de competencias que fue clave para generar, por primera vez, una autonomía ordenada y racional.  

Los gobiernos municipales resultaron fortalecidos por varias razones; su sistema democrático de conformación fue ampliado y adquirieron capacidad legislativa en el ámbito de sus competencias.  En los hechos, los municipios rurales adquirieron un nuevo rol protagónico y se convirtieron en el eje de una serie de políticas sociales, características de un Estado social. 

La autonomía regional se tradujo en un acto de justicia, de equilibrio y de igualdad para sectores como el Chaco tarijeño, que desde hace más de un siglo pretendió, con justa razón, tener un mayor grado de autodeterminación, sin dejar de pertenecer a la estructura de los nueve departamentos.  Finalmente, la autonomía indígena se constituyó en un reconocimiento a la capacidad de auto-organización de los pueblos indígenas, lo cual fue sin duda también un acto de justicia. 

 Un cuarto aspecto no menos importante fue la incorporación de profundos cambios a nuestro sistema democrático, que importó mayor participación para el pueblo; en este sentido, no sólo se incorporó la democracia participativa, con importantes instituciones como el cabildo, la asamblea y la consulta previa; sino que se amplió y mejoró sustancialmente la democracia representativa. 

Se introdujo la segunda vuelta electoral, la elección de gobernadores y asambleístas en listas separadas, lo mismo que para alcaldes y concejales.  Se introdujo el referendum como mecanismo de participación constante de la población; el mismo puede ser nacional, departamental o municipal, por iniciativa Ejecutiva, Legislativa o ciudadana. Esto hace que hoy Bolivia tenga una institucionalidad democrática avanzada y de vanguardia.

En definitiva y más alla de cualquier crítica, la Constitución boliviana del 2009 cambió el rumbo del Estado para bien de los bolivianos, seres humanos, que - como dijimos más de una vez - son en definitiva la razón de la existencia del Estado.

 

Héctor Arce Zaconeta fue ministro de Justicia y Procurador del Estado.

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