William Herrera Áñez

La discriminación estructural

viernes, 19 de marzo de 2021 · 05:08

El Día Internacional de la Mujer ha servido para denunciar (una vez más) no sólo el aumento de las estadísticas de los feminicidios, la violencia generada por la pandemia, la impunidad de los agresores y la fragilidad del sistema judicial, sino también para desnudar la desigualdad y discriminación estructural que sufren las mujeres, especialmente de escasos recursos. La creación de la Unidad de Género, para precautelar los derechos de la mujer policía, y sumarse a los lamentos de la sociedad civil, ponen de relieve la falta de políticas públicas concretas del gobierno para proteger realmente a la mujer boliviana.     

Que la Constitución de 2009 haya establecido que se prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social… (art. 14), no ha resuelto, en lo más mínimo, el problema de la discriminación sistemática que existe en contra de las mujeres. La Ley contra el racismo y toda forma de discriminación, igualmente, prohíbe y describe las múltiples formas que existen de discriminación en nuestra sociedad.

En el plano internacional, existe la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional contra la Discriminación Racial, y la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, entre otros pactos internacionales. También existen las recomendaciones de los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos, los Comités de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre Derechos Humanos y libertades fundamentales de pueblos indígenas. Esta normativa testimonia los esfuerzos que se hacen a nivel internacional en procura de prevenir, sancionar y erradicar el racismo y toda forma de discriminación existente.

Sin embargo, toda esta normativa no se corresponde con la realidad nacional. Lo cierto es que existe una discriminación múltiple, como la que sufren las mujeres de minorías étnicas, por su género y su etnia, diferente y más grave, que la que sufren los varones de su mismo grupo étnico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que ciertos grupos de mujeres padecen discriminación a lo largo de su vida con base en más de un factor combinado con su sexo, lo que aumenta su riesgo de sufrir actos de violencia y otras violaciones de sus derechos humanos (Caso Gonzáles Lluy y otros vs. Ecuador). Para las NNUU, la discriminación basada en la raza, el origen étnico, el origen nacional, la capacidad, la clase socioeconómica, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, la cultura, la tradición y otras realidades, intensifica a menudo los actos de violencia contra las mujeres.

Los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas a crear situaciones de discriminación generalizada en contra de las féminas. Y están obligados a adoptar políticas públicas y medidas efectivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en las sociedades, en perjuicio de determinados grupos de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto de actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias.  

El principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos, de modo que los Estados tienen la obligación de eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio y de combatir las prácticas discriminatorias en todas sus formas. Y como van más de 10 años de la Constitución boliviana, que prohíbe y sanciona toda forma de discriminación, existe la ley contra el racismo y toda la parafernalia normativa internacional, y todo sigue igual o peor que antes, cabe la pregunta ¿cuándo el gobierno priorizará la erradicación de la exponencial violencia contra las mujeres? ¿Cuándo habrá voluntad política para combatir esta otra pandemia?

 William Herrera Áñez es jurista y autor de varios libros.

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