Patricia Valencia Azurduy

La obligación de cumplir los compromisos

miércoles, 3 de marzo de 2021 · 05:08

El pasado viernes, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) comunicó que realizó el débito automático al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GAD SCZ) a solicitud de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que invocó la causal de incumplimiento al convenio del proyecto carretero El Espino – Charagua – Boyuibe.

Algunos analistas desinformados afirman que a) el débito automático aplicado por el MEFP vulnera la Ley Marco de Autonomías, b) constituye una abusiva e irregular apropiación de bienes departamentales del Gobierno, c) el débito tiene su origen en la iliquidez del gobierno y la consiguiente incapacidad de cumplir compromisos financieros, y d) que los pagos que la Gobernación debía realizar tenían como única fuente de financiamiento los recursos provenientes de un fideicomiso (FNDR).

Primero aclaremos qué el débito automático es una forma de pago forzado (de última instancia) que se activa ante el incumplimiento de obligaciones por parte de una entidad pública. Por tanto, debe existir una entidad solicitante afectada por el incumplimiento de alguien.

Para comprender mejor el papel del MEFP en este entuerto, pongamos el ejemplo de una persona que va a un banco a cobrar un cheque. El cajero del banco se limita a verificar que el cheque cuente con los requisitos de validez, el cajero no entra a revisar la causas que originaron el cheque, o si el monto es el apropiado. En el momento que el cajero efectúa el pago del cheque, es irracional culparlo de apropiarse del dinero de un tercero. Si surgen problemas con el origen del cheque, un ciudadano no va a reclamar al cajero del banco, sino dirige sus reclamos al que emitió el cheque.

Con los débitos automáticos sucede algo similar donde el MEFP es el cajero del Estado, donde su papel se limita a verificar el cumplimiento de requisitos para su ejecución, por tanto, los reclamos sobre los débitos automáticos deben ser solucionados entre la entidad solicitante y la entidad afectada por el débito.El parágrafo VIII del Artículo 19 de la Ley 317, vigente para la presente gestión fiscal por lo dispuesto en la Ley N° 1356 de 28 de diciembre de 2020, señala que la responsabilidad de la ejecución del débito automático recae en la entidad solicitante.

También es importante aclarar que la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización establece en su Artículo 116 que ante el incumplimiento de convenios, obligaciones contraídas y asignadas mediante normativa vigente, y por daños ocasionados al patrimonio estatal por parte de las entidades territoriales autónomas, se autoriza al ministerio responsable de las finanzas públicas a realizar débito automático. Por tanto, el débito automático está reconocido en una ley, que es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades territoriales autónomas, incluida la Gobernación de Santa Cruz.

Un ejemplo más, cuando un ciudadano va a un banco y se presta dinero, y firma un contrato donde se establecen las condiciones del financiamiento y la garantía, es una aceptación tácita de todas las condiciones y obligaciones consecuentes; más aún, cuando vence el plazo para pagar su cuota, él no puede excusarse indicando que no pagó porque un tercero (familiar, un primo o quien fuese) no le dio el dinero para la cuota, ahí es donde el banco tiene la potestad de ejecutar la garantía.

En este ejemplo la garantía es el débito automático, el ciudadano la Gobernación de Santa Cruz y el familiar el FNDR y aquí el MEFP el que únicamente ejecuta el contrato.

En conclusión, las entidades públicas y las entidades territoriales autónomas tienen la obligación de cumplir los compromisos que establecen los convenios/contratos que firman, sino desean verse afectadas por el débito automático; todos debemos ser respetuosos de la ley y más aún las autoridades que deben dar ejemplo de su cumplimiento, guste o no nos guste.

Patricia Valencia Azurduy es directora General de Programación y Operaciones del Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas.

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