Iván Finot

¿Podrá el Presidente erradicar la corrupción?

viernes, 23 de abril de 2021 · 05:09

Es de destacar la autorización del Presidente Arce para seguir adelante en una operación que el Ministerio de Gobierno realizaba para sorprender al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras recibiendo parte de un soborno. Estando en campaña ya había afirmado que “botará a patadas a los corruptos” (El Deber 2020/10/09), lo que ahora ratifica al asegurar que “vamos a ser implacables con la corrupción, venga de donde venga” (P7 2021/04/21).

Pero ¿podrá cumplir su propósito? – El problema de la corrupción es de muy larga data: según ya lo analizamos en otra oportunidad (P7 2017/08/23), proviene de una institución colonial, que era la prebenda. Y, aunque con el advenimiento de la República fue eliminada formalmente, aún tiene plena vigencia informal.

Según esta institución, los cargos públicos tienen poco que ver con la calificación profesional y el servicio a la sociedad: son el premio a quienes han contribuido a que determinadas personas hayan logrado, o mantengan, el poder político. La recompensa debe ser proporcional a dicha contribución.

Desde ya, acceder a la administración pública es un gran premio pues, en un país donde reina la informalidad, aquí se encuentra la mayor parte de los trabajadores formales: mientras estén en el cargo tienen garantizado no sólo un ingreso mensual suficiente sino también aguinaldo, con frecuencia doble, vacaciones pagadas y seguridad social (salud y fondo de jubilación) que, aunque muy insuficiente, peor es nada. El solo hecho de llegar a ser funcionario es tan apetecible, que hasta se exige que haya rotación (“pasanaku”), ¡e incluso su institucionalización formal, empezando por los representantes! (P7 2021/04/18).

Pero, además, con la prebenda hay otros beneficios. Para empezar, las coimas (corrupción administrativa), algunas muy jugosas, como las percibidas por no cobrar impuestos y aranceles. Pero los puestos más cotizados son aquellos que permiten tomar decisiones sobre compras con fondos públicos: desde equipamiento y material de escritorio para administraciones e insumos para empresas del Estado, hasta contratos para inversiones públicas de toda dimensión; o ventas, por ejemplo, de tierras públicas. Esa es la corrupción política.

Son los puestos más cotizados porque en estos casos está institucionalizada la “coimisión”: una comisión asignada por el vendedor (o el comprador en el caso de tierras públicas) a quienes faciliten la operación. El caso recién descubierto, donde el soborno incluía no sólo a funcionarios públicos sino a dirigentes “pluriculturales”, es un buen ejemplo. Y, como bien lo analiza Tierra (P7 2021/04/16), no es una excepción. Podríamos afirmar entonces que, por su inexperiencia, el joven ministro “se dejó pescar”.

La prebenda está tan arraigada que los mandos medios del MAS se distribuyen ministerios, y otras reparticiones y empresas públicas, y piden las cabezas de los ministros que perjudican su ejercicio. Y no sólo eso, sino que recientemente han conseguido un decreto según el cual haber prestado “servicio descolonizador” (P7 2021/03/06) –el visto bueno de las organizaciones del MAS- debe ser una condición para ser empleado público.

El problema de fondo es que la corrupción no sólo perjudica a la sociedad en su conjunto sino-ya lo hemos analizado en otras ocasiones- es el principal obstáculo al desarrollo: ¿para qué estudiar, para qué esforzarse, si progresar económicamente no dependerá de ello sino de contribuir a que un partido llegue o se mantenga en el poder?

Presidente, la voluntad política es decisiva, pero para poder erradicar la corrupción tiene que suprimir definitivamente la prebenda, eso es descolonizar de verdad. Debe reducir el aparato público a lo estrictamente administrativo -con la única excepción de las grandes empresas de recursos naturales no renovables- e instaurar definitivamente la meritocracia y la transparencia en la administración pública.

 

Iván Finot  es MSc en economía,  especializado en desarrollo y  descentralización.
 

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