Erick San Miguel

¿Se equivocó o no el Ministro de Gobierno?

jueves, 27 de mayo de 2021 · 05:09

 Cuando el gobierno de J. Añez declaró la emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19, su decisión estuvo fundada en el Código de Salud, una herencia de la dictadura banzerista de los años 70, que nadie se ocupó en sustituirla por otra norma. Este código dice que en caso de que el país se encuentre invadido o amenazado por una epidemia el Ministerio de Salud “adoptará las medidas extraordinarias”, y eso pareció suficiente para instaurar una de las cuarentenas más largas y brutales del mundo. El Decreto Supremo  4199 no hace ninguna referencia a la Ley de Gestión de Riesgos de 2014, que prevé la declaratoria de emergencia por razones biológicas, precedidas por declaratorias de alerta, que en Bolivia nunca existieron, a pesar de que el ingreso del virus era inminente.

Este mismo decreto movilizaba a las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana para mantener a raya a la gente en sus casas, lo cual implicó la asignación de ingentes recursos financieros, que bien podían haberse destinado a reforzar el sistema de salud. Las medidas de encierro estaban acompañadas de un marco punitivo: se establecieron sanciones draconianas y dobles por “violar” la cuarentena, procesos penales para quienes critiquen y “desinformen”. Era el momento estelar de los Murillo, los López y los Arias; quienes se desplazaban a los distintos departamentos en una muestra de su poder en una suerte de concurso de autoritarismo y abuso. Cómo olvidar las imágenes que mostraban al Ministro de Obras Públicas aterrorizando a humildes vecinos de Patacamaya y Laja por haber cometido el “grave delito” de abrir sus tiendas para ganarse el sustento diario. Menudearon los arrestos, las multas, las clausuras de negocios, las incautaciones de vehículos y las extorsiones; claro que los resultados fueron inversos, ya que las decenas de arrestados eran hacinados por horas en las malolientes celdas policiales, causando un efecto contrario del que se quería evitar. Pero la pandemia siguió su curso (tanto la OMS como el BID concluyeron que hubiese sido mejor adaptarse que mantener confinamientos severos por largo tiempo). El único resultado tangible y mensurable fue la quiebra de la economía nacional y popular, cierre de negocios, despidos, paralización del aparato productivo, consecuencias que seguimos arrastrando hasta hoy en día.

Los excesos de los gobernantes concluyeron al menos parcialmente con la “Ley que coadyuva a regular la emergencia por la Covid-19”, que ante la negativa de J. Añez tuvo que ser promulgada por Eva Copa, entonces Presidenta del Senado, el 30 de junio de 2020, que despenalizaba el incumplimiento de la cuarentena y prohibía la negación de la dignidad humana, de la libertad de expresión, practicar arrestos, detenciones y toda clase de intimidaciones por causa del covid, y ordenaba a las FFAA y a la Policía a actuar respetando los derechos humanos. La actual Ley 1359 de Emergencia Sanitaria de febrero de 2021, prohíbe también las detenciones físicas, incautaciones, secuestros y decomiso de bienes y encomienda sancionar en la vía administrativa a los Gobiernos sub nacionales sólo con multas, según la gravedad.

Ahora que algunas regiones han adoptado algunas medidas restrictivas en el marco de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Gobierno ha emitido un comunicado donde se informa que la Policía no coadyuvará a detener o multar a los infractores. No es ninguna “medida” sino un recordatorio de lo que dice la ley, pero ha provocado una ruidosa campaña mediática de quienes se llenan la boca cuando hablan de democracia y derechos humanos, pero que piden a gritos la represión, la fuerza pública, las sanciones penales, el abuso. El Estado de Derecho, en su definición más elemental, es el gobierno de las leyes; las medidas de emergencia sanitaria están reguladas por leyes que establecen límites en la actuación de los órganos estatales; resultaría un verdadero despropósito volver atrás para dar gusto a algunas autoridades locales que suspiran por el ominoso 2020.

 

Erick San Miguel es abogado.

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