Iván Finot

Cómo puede la participación contribuir a la eficiencia

lunes, 31 de mayo de 2021 · 05:09

En primer lugar, el autor agradece las reacciones a un artículo anterior: “En qué falló la Ley de Participación Popular” (Página Siete 2021/5/14), reacciones en las que se destaca los grandes beneficios que tuvo esa ley y también se requiere propuestas de soluciones a sus posibles fallas. El presente artículo está dedicado a responder a esto último.

Como se recordará, en 1990 postulaba que, como parte de la municipalización, las organizaciones territoriales de base, rurales y urbanas, se transformaran en públicas (en “comunas”) con la única condición de que se democratizaran plenamente. Y que la gestión de los gobiernos municipales fuera subsidiaria respecto a la gestión de estas organizaciones de base.

No se logró, pero el objetivo principal de esa propuesta aún se puede conseguir: era incluir en la gestión pública, desde el nuevo municipio, una condición de eficiencia económica que se daba en estas organizaciones: al decidir sus miembros de qué proveerse colectivamente debían decidir también cómo cubrir los respectivos costos con sus aportes, y luego controlaban la correcta ejecución de estas decisiones. De esta manera minimizaban costos maximizando beneficios.

Para que ello ocurra también en el ámbito municipal: 1) en las elecciones, los programas de cada candidato deberían comprender no sólo lo que harían sino el costo que esto implicaría a los ciudadanos, en términos de impuestos y contribuciones, en el período inmediato y posteriormente (endeudamiento); 2) el Concejo electo debería aprobar un plan de gobierno que corresponda a esas propuestas; y 3) los ciudadanos controlar, directamente y a través de sus concejales, que se ejecute lo aprobado y, particularmente, que los costos no sean sobrepasados.

A fin de que el Concejo represente mejor los intereses diferenciados de los vecinos, los concejales deberían ser elegidos, en parte, por distrito o macrodistrito municipal. Y, para que el control de la ejecución de planes y programas pueda hacerse efectivo, todos los gobiernos municipales deberían tener la obligación de transparentar su gestión en línea y en términos que estén al alcance del ciudadano común.

Por otro lado, las transferencias del gobierno central, indispensables para garantizar equidad, deberían ser subsidiarias respecto a las decisiones locales. Ahora ocurre lo contrario: no tienen nada que ver con lo que los ciudadanos aportan a su gobierno local y su gasto está cada vez más condicionado por el gobierno central. En consecuencia, los ciudadanos poco se interesan por controlar el gasto municipal, e incluso en qué se gasta, mientras que -la teoría y la experiencia lo demuestran- ocurriría lo contrario si dicho gasto dependiera de sus aportes.

¿Deberían todas las transferencias ser subsidiarias respecto a los aportes locales, incluso las destinadas a gasto social? – No; habría que diferenciar entre dos tipos de bienes públicos locales: los “territoriales”, tales como infraestructura de transporte, y los “sociales”, aquellos como educación y salud, para los que el Estado debe garantizar mínimos similares de atención en todo el país.

Y modificar los actuales sistemas de transferencias en función de esa diferenciación. A fin de garantizar igualdad de derechos, las territoriales serían de libre disponibilidad y proporcionales a los aportes de los ciudadanos a su respectivo municipio, pero medidos en relación con los respectivos niveles de pobreza. Y las sociales tendrían como finalidad exclusiva complementar los recursos de cada municipio a fin de garantizar mínimos obligatorios independientemente de los aportes locales (Finot I. 2017. Pacto Fiscal: cómo conciliar eficiencia con equidad. Plural).

Gracias a la participación se lograría reducir la corrupción y responder mejor a las necesidades ciudadanas con menores costos. La viabilidad financiera de estas propuestas está demostrada, sólo haría falta voluntad política.

 

Iván Finot fue Experto Principal en Descentralización de la CEPAL.

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