Wilson Atahuichi

Entendamos el impuesto a los servicios digitales

miércoles, 5 de mayo de 2021 · 05:07

El jueves 22 de abril del presente año, el presidente Luis Arce anuncia que envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley para gravar con el Impuesto al Valor Agregado a los servicios digitales provistos desde el extranjero, cuyo tratamiento de seguro generará un amplio debate en las esferas políticas tanto del oficialismo como de la bancada opositora.

En ese contexto, resulta oportuno entender este tema. En principio, es importante señalar que los impuestos a los servicios digitales son una carga tributaria aplicable a la venta de un servicio que se presta por plataformas de internet, entre los que se encuentran, por ejemplo, el pago a Netflix, Amazon Prime, Spotify, Adwords en Google o Facebook, entre los más relevantes.

No obstante, escuchándose ya opiniones políticas en sentido de que “nos cobrarán por usar Facebook” debe quedar claro que el uso normal de Facebook, Google o cualquier otra plataforma gratuita no está sujeta al pago de impuestos; los que sí estarán alcanzados son los cobros que realizan estas plataformas por algún servicio adicional que presten, debiendo pagar el impuesto como cualquier empresa en Bolivia, hecho que ameritaba sea regulado como actualmente se viene realizando en otros países de la región.

En ese mismo sentido, sería académicamente incorrecto señalar que se están creando más impuestos dentro del Estado Plurinacional; por el contrario, se está dando mayor eficiencia a los impuestos ya existentes, en este caso, ampliando el alcance del Impuesto al Valor Agregado a la prestación de servicios digitales por empresas desde el exterior, las que, en razón de un trato igualitario, deben pagar impuestos en Bolivia como se hace por cualquier otro servicio prestado en el país.

Otro argumento erróneo sería indicar que se desincentiva el consumo de estos servicios al elevar el precio; al respecto, un artículo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), señala que, por ejemplo, las personas que compran Netflix estarían dispuestas a pagar más por esta plataforma, lo que quiere decir que de ninguna manera un incremento en el precio genera una reducción de su demanda. En la jerga de economistas se podría señalar que este bien es considerado como “inelástico” respecto al precio; es más, el consumo de este tipo de bien se ve afectado por diversas variables no relacionadas directamente con el precio, como los gustos, preferencias, nivel de ingresos o idiosincrasia.

Por otro lado, según información del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), son varios los países que ya aplican este impuesto, entre los que podemos nombrar a Argentina, que para el 2019 representó ingresos por 79 millones de dólares; Chile, sólo entre junio y diciembre de 2020 recaudó 120 millones de dólares; Colombia con 77 millones de dólares el 2019; Ecuador con 19 millones de dólares estimados para el 2021 y Uruguay con 18 millones de dólares para el 2019. La recaudación suscitada significó hasta un 0,04% del Producto Interno Bruto de esos países, y en tiempos de pandemia cualquier recurso que venga a financiar las políticas públicas, no puede ser despreciado.

En esencia, podemos decir que no se está creando un nuevo impuesto, tampoco se desincentiva el consumo, dato respaldado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts; mejor aún, es razonable que estas grandes empresas como Google y Facebook, aporten con impuestos cuando nos piden pagar por algún servicio consumido dentro de nuestro país; por otro lado, más allá del aspecto empresarial, no olvidemos que los ingresos tributarios generados por el impuesto a los servicios digitales, serán una fuente importante de recursos a inyectarse en el Tesoro General de la Nación, los cuales serán coparticipados entre universidades públicas y municipios, además de ser necesarios para financiar las políticas de lucha contra el Covid – 19 en el país.

Wilson Atahuichi es economista.

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