Antonio Saravia

¡Legalicemos el contrabando!

viernes, 11 de junio de 2021 · 05:08

Se calcula que el contrabando ingresa al país alrededor de  2.300 millones de dólares en mercadería cada año: ¡casi el 6% del PIB! Son más de 1.500 diferentes tipos de productos los que ingresan ilegalmente desde países vecinos: frutas, verduras, arroz, conservas, carne, cerveza, ropa (más de 7.000 toneladas por año), electrodomésticos, medicinas, computadoras, juguetes, materiales de construcción, autos y un infinito etcétera. Estamos, sin lugar a dudas, ante una de las actividades económicas más grandes y poderosas del país.

El contrabando es tan importante que es imposible explicar la vida cotidiana en Bolivia sin él. Si usted compró algo hoy en algún lugar del territorio nacional (desde un chicle hasta un auto) podría apostar que ese producto llegó de contrabando y usted lo compró en la economía informal (que representa alrededor del 70% de la economía del país). El contrabando es nuestro pan de cada día (literalmente, porque mucha harina también ingresa ilegalmente).

Y ¿por qué preferimos comprar productos de contrabando sobre productos nacionales o los legalmente importados? Pues simplemente porque su combinación precio/calidad los hace más atractivos. Comprando productos de contrabando maximizamos nuestro ingreso real. Aquí no hay ninguna ciencia. Para poder importar y comercializar legalmente un producto de afuera, una empresa debe pagar el arancel (10%), las tasas o fees aduaneros (5%) (tasas de almacenaje, verificación, despacho etc.), el IVA (14.94%) y el impuesto al consumo específico (esto aplica para autos, bebidas alcohólicas y cigarrillos). En suma, una importación legal debe pagar alrededor de un 30% del precio original en impuestos. Y, claro, una buena parte de ese 30% es transferida al consumidor final. Posteriormente, la empresa importadora deberá pagar el impuesto a las utilidades (25%) y probablemente el impuesto a las transacciones financieras (3%). Como ven, esta maraña interminable de impuestos hace que empresas y consumidores prefieran mil veces arriesgarse a vender y comprar productos en la informalidad que a hacerlo siguiendo todas las reglas impositivas. Para el consumidor, en particular, el contrabando le significa ahorrarse un montón de plata.

Pero he aquí que los políticos (de todos los bandos), los analistas, los empresarios e incluso algunos economistas piden a gritos más controles y que las autoridades endurezcan la batalla contra el contrabando. Quieren acabarlo a toda costa. Se esgrimen al menos dos argumentos. El primero es el famoso reclamo de que “el contrabando mata la industria nacional.” El segundo advierte que el contrabando le niega al Estado unos 600 millones de dólares en recaudación tributaria.

Veamos. Por supuesto que el contrabando “mata” la industria nacional. La industria nacional formal que tiene que pagar todos los impuestos, lidiar con las regulaciones laborales, la inseguridad jurídica, la burocracia y los vaivenes políticos, no tiene ninguna chance frente a la importación ilegal. Pero el argumento aquí debería ser exactamente al revés. En lugar de pedir que los productos importados paguen todos los impuestos, se debería pedir que los productos nacionales no paguen ninguno. Las cámaras de comercio en lugar de pedir una “batalla frontal” contra el contrabando deberían pedir una batalla frontal contra los impuestos que ellos pagan, las perniciosas regulaciones laborales que enfrentan (los salarios mínimos, el doble aguinaldo, la prohibición de despedir sin “justificación técnica,” etcétera), la inseguridad jurídica, y demás vallas en su terrible carrera de obstáculos para producir. En otras palabras, en lugar de pedir que se les haga la vida más difícil a los importadores, habría que pedir que se les haga la vida más fácil a los productores nacionales. Esto equipararía la competencia y además beneficiaría tremendamente al consumidor que seguiría maximizando su ingreso real accediendo a precios bajos.

El argumento de que el Estado deja de recibir recaudación también es cierto, pero eso es una buena noticia antes que un problema. El Estado en Bolivia es uno de los más ineficientes y corruptos del mundo. ¿Quiere usted pagar impuestos para que el Estado aumente la burocracia contratando gente del partido, haga inversiones sin sentido o directamente se la robe? ¿O prefiere pagar lo menos posible por los productos y ahorrarse esa plata para que sea usted quien decida que hacer con ella? 

Bien pensado, el contrabando es una bendición para las familias pobres del país que ahorran muchísimo en la compra de su canasta básica (alimentos, ropa, productos de higiene personal, medicinas, etc.). Eliminarlo sólo los haría más pobres y engordaría a un gobierno ineficiente. Me dirán que sin industria nacional no habría empleo y las familias pobres sufrirían igual o peor, pero ese es un argumento estático. Primero, el 70% de los trabajadores ya trabaja en la economía informal. Segundo, el ahorro de consumidores y empresas al no pagar aranceles se destinará tarde o temprano a inversión en industrias en las que el país sí tenga ventaja comparativa. Tercero, si eliminamos impuestos, regulaciones y burocracia, la industria nacional probablemente sí podría competir en muchos rubros.

El contrabando es parte de nuestra cotidianeidad y sin él las familias más pobres no podrían sobrevivir. En plena pandemia, además, cuando necesitamos más medicinas a precios bajos y que las familias ahorren todo lo que puedan, es un horror perseguir a las importadoras para que paguen todos los impuestos. Legalicemos el contrabando de una vez por todas, abramos las fronteras terminando con las barreras arancelarias y al mismo tiempo hagámosles la vida más fácil a nuestras empresas.

Antonio Saravia es PhD en economía. (Twitter: @tufisaravia).

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