Óscar Balderas

Defensoría del Pueblo: quitársela al gobierno y recuperarla para la gente

jueves, 3 de junio de 2021 · 05:10

Los Principios de París, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993  establecieron la naturaleza, alcances y líneas de acción de las instituciones nacionales de derechos humanos que el sistema de naciones unidas recomienda a los Estados crear para la promoción y protección de dichas garantías.

La figura de la Defensoría del Pueblo es imprescindible en el contexto del constitucionalismo del siglo XXI, vinculado por esencia a la libertad, democracia, solidaridad y supremacía de los derechos humanos. Sin duda, este es un constitucionalismo que al reconocer las libertades de los individuos, paralelamente, limita y controla las atribuciones de los poderes públicos, con los que individual o colectivamente interactuamos cotidianamente.

En nuestro país, la reforma constitucional de 1994 incorporó nuevas instituciones, como el Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo, llamado así anteriormente. Posteriormente, la Ley 1818 de 1997 creó al Defensor del Pueblo y, el 26 de marzo de 1998, el entonces Congreso designó como su primera autoridad a Ana María Romero. 

Siendo la Defensoría del Pueblo una institución nacional de derechos humanos, desde nuestra ordenamiento constitucional vigente debe velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos. Asimismo, en el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de ningún órgano del Estado y estará dirigida por la Defensora o el Defensor del Pueblo.

En el caso boliviano, son lógicas las garantías de independencia que previamente deben recuperarse en la Defensoría, no sólo respecto de los órganos clásicos de poder, sino también y, principalmente, de los intereses político partidarios. Aunque tanto en nuestra CPE, como en la Ley 870, nueva Ley del Defensor del Pueblo, se promueve la intención de mantenerla alejada de influencias e intereses político partidarios; la realidad evidencia varias incidencias institucionales al momento de tomar cierto posicionamiento. 

Aquella falta de independencia de la Defensoría del Pueblo se traduce actualmente en su poca credibilidad y solvencia ante la ciudadanía. Aquello nos lleva a señalar la necesidad urgente de recomponer su libertad y neutralidad institucional, sosteniéndola, en buena medida, a partir de una nueva máxima autoridad ejecutiva con legitimación social, capacidad técnica y de reconocida trayectoria.

Considerando que la gestión de Ana María Romero fue el pico más alto de eficiencia que robusteció un proceso de autonomía institucional y contribuyó al fortalecimiento democrático; hoy en el otro extremo se encuentra la presente gestión interina, excedida por más de dos años.

Precisamente, la Defensoría del Pueblo ha dejado de ser un aporte para la protección y respeto de los derechos humanos de cualquier individuo, colectivos o pueblos indígenas en Bolivia, ya que no desarrolla mecanismos de control de las actuaciones de los órganos administrativos del Estado, cuando corresponden al oficialismo nacional. 

Así, la Defensoría del Pueblo, eventualmente, con su silencio, acompaña el ejercicio abusivo, ilegal o inconstitucional del poder en detrimento de toda la población.

El andar cotidiano en nuestro país no ha sido fácil ni lo será, en gran medida debido a las variables socioeconómicas y políticas y las tensiones que se establecen al interior del Estado y entre éste y la sociedad civil. En este contexto, la Defensoría del Pueblo juega un rol estratégico y debe ser un instrumento preciso para concretar los principios de solidaridad, justicia social y bien común. 

Son imperativas en la gestión defensorial dos cosas. Por un lado, la inmediata convocatoria para la selección y designación de una nueva Defensora o nuevo Defensor del Pueblo que reconduzca el mandato constitucional de promover y proteger los derechos humanos. Por otro lado, es hora de que el gobierno nacional respete y garantice la independencia y libere de amenazas o intimidaciones a la institucionalidad estatal, en este caso, la Defensoría del Pueblo. ¿Será posible?

 

Óscar Balderas es abogado  y diputado por Comunidad Ciudadana.
 

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