Beatriz Muriel H.

Empleos verdes: el nuevo paradigma mundial

jueves, 1 de julio de 2021 · 05:11

A nivel mundial, el vínculo entre los problemas socio-laborales y medioambientales ha generado un nuevo enfoque de análisis denominado empleos verdes; pero, ¿qué son los empleos verdes?

Los empleos verdes agregan dos categorías conceptuales. Por un lado, son los empleos decentes o dignos; es decir, aquellos que cuentan con protección social, con un ingreso laboral adecuado y estable para el sustento de las familias, con el ejercicio de los derechos laborales, incluyendo el derecho a sindicalizarse, entre otros. Por otro lado, los empleos verdes son los que contribuyen a preservar y regenerar el medio ambiente a partir de factores tales como: el aumento de la eficiencia del consumo de la energía, del agua y de los recursos naturales; la minimización de toda forma de desechos y contaminación; la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero; la protección y la restauración de los ecosistemas y de la biodiversidad; entre otros.

El debate sobre el vínculo entre medio ambiente y empleos data de finales de los años 70. En los años 90, esta relación se refuerza en la búsqueda de cambios estructurales en la producción y en el consumo bajo principios de un desarrollo sostenible, y es recién, en la década pasada, que en países en desarrollo se comienza a conocer el concepto para poder aplicarlo al quehacer socioeconómico. 

¿Hay empleos verdes en Bolivia? La respuesta es sí, pero poquísimos. Por un lado, como ya es bien conocido, los empleos decentes o dignos son escasos en el país -entre un 10% a 20% dependiendo de las variables que se utilizan para medirlos-, ya que implica generalmente una relación obrero-patronal que se ajusta a las normas laborales; es decir, supone trabajadores afiliados al sistema de pensiones, a algún seguro de salud, con un ingreso laboral al menos igual al salario mínimo y estable, con aguinaldo y con la libertad de pertenecer a un sindicato.

Por otro lado, los empleos que contribuyen a preservar y regenerar el medio ambiente tampoco son muchos. Desde finales de los años 80, el país se dio a la tarea de generar marcos normativos, regulatorios y reformas institucionales para proteger y preservar el medioambiente, donde resalta la Ley del Medio Ambiente del año 1992, que marca las directrices para que las actividades económicas y humanas se basen en un desarrollo sostenible, y la Ley Marco de la Madre Tierra del año 2012, que profundiza la transversalización del cuidado al medioambiente en los sectores económicos. 

Sin embargo, en los últimos años se promovieron medidas contradictorias, y en la práctica no se ha observado avances muy importantes. De hecho, el mega incendio forestal ocurrido en la Chiquitania expuso las grandes debilidades en materia de políticas de resguardo, prevención y mitigación del medioambiente en el país. 

Las medidas ambientales también son bajas en el sector privado, aunque las empresas formales parecen ser las que han avanzado en la materia; por ejemplo, el aprovechamiento de residuos sólidos es practicado por el 11,2% en las empresas manufactureras y por el 14,6% en las agropecuarias, de acuerdo a datos de la Encuesta Anual de Unidades Productivas (EAUP 2014).  También es posible, aunque no se cuentan con datos concretos, que la producción agrícola orgánica sea la que esté preservando y cuidando el medioambiente.

Con todo, en la conjunción entre empleos decentes y que, al mismo tiempo, cuidan al medioambiente éstos aún disminuyen. Utilizando información de la EAUP 2014 y de las cuentas nacionales, entre otros datos oficiales, realicé algunas estimaciones optimistas que permiten aproximar el número de empleos verdes a alrededor de 15.000 para el año 2014, lo cual es bajísimo considerando que la población ocupada fue algo más de 5,2 millones de personas en ese año.  Estas estimaciones, más el acervo de información sobre la situación laboral y medioambiental en el país muestran el retraso del país en materia de desarrollo productivo-sostenible.

 

Beatriz Muriel H. es Ph.D., directora ejecutiva de Inesad.

 

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