Editorial

Abuso contra una mujer enferma

viernes, 13 de agosto de 2021 · 08:35

El Gobierno del presidente Luis Arce está incurriendo en una serie de abusos en contra de la expresidenta Jeanine Añez, quien este viernes cumple cinco meses detenida con un cuadro de salud preocupante.

Este miércoles, sorpresivamente Añez fue sacada del penal de Miraflores y llevada para una valoración médica en el Hospital del Tórax. En el trayecto se pudo captar imágenes de ella, mucho más delgada, demacrada, en silla de ruedas, y recibiendo ayuda para sostenerse.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), pidió que se   practiquen tres tipos de análisis a Añez: valoración cardiológica por su cuadro de hipertensión arterial, evaluación psicológica por el síndrome ansioso depresivo que padece, además de pruebas de sangre. Supuestamente para practicarle esas pruebas Añez fue llevada al hospital, pero no se le hizo ningún laboratorio. Sólo fue auscultada por un médico, quien le duplicó la medicación sin haber tenido acceso a la historia clínica ni a los apuntes que la exmandataria lleva sobre su presión arterial, según denunció su defensa.

Tanto sus hijos como sus abogados informaron que el trámite para el ingreso de un médico particular para que revise a Añez es burocrático y difícil de concretar por las restricciones impuestas por Régimen Penitenciario, por lo que la expresidenta es atendida por un médico del penal.

Lo que correspondería es que Añez se defienda en libertad para que pueda cuidar de su salud, pero, sobre todo, porque está acusada de un delito que no existió (golpe de Estado).

El deterioro de la salud de Añez es responsabilidad del gobierno de Arce y si algo más grave le ocurre,  el Presidente tendrá que rendir cuentas por semejante abuso en contra de una mujer enferma. Ya no hablemos de la expresidenta, hablemos simplemente de un ser humano que, por un juicio de tinte político, perdió su derecho a la libertad, pero que no debería perder su derecho a la salud.

Añez tiene doble detención preventiva por el denominado caso golpe de Estado. En la primera causa está acusada de terrorismo y su encierro debe terminar el 13 de septiembre próximo. Pero, para evitar su liberación, el MAS le planteó un nuevo juicio por la misma causa, aunque esta vez por el delito de incumplimiento de deberes, por lo que su segunda detención terminará en febrero de 2022. 

Añez, en su calidad de segunda vicepresidenta del Senado, tuvo que asumir la Presidencia del Estado luego de que Evo Morales y toda la cadena de sucesión del MAS renunciaron a sus cargos, dejando un vacío de poder que degeneró en violencia.

Por tanto, Añez cumplió con un deber constitucional y no debería estar presa, pero como el Gobierno decidió dar la vuelta a la historia, ella terminó convertida en un chivo expiatorio.

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