Loreto Correa

Puerto de Arica: ¿Sería mucho pedir que dejemos que las instituciones funcionen entre Chile y Bolivia?

viernes, 27 de agosto de 2021 · 05:08

Chile está empeñado en que Bolivia sea un país próspero, en crecimiento y estable. Por ello, la agenda política vecinal ha expresado durante este gobierno varias instancias de reflexión, cercanía, apoyo y voluntad de entendimiento. En las últimas semanas hemos asistido a eventos compartidos en materia comercial, pero también en áreas de cooperación del Fondo Chile y cercanas están las conversaciones sobre el ACE 22, acuerdo marco que rige las exportaciones de Bolivia/Chile.

Por ello es que llama ingratamente la atención que las autoridades del gobierno boliviano insistan en un tire y afloja en materia portuaria desde hace ya varios meses. Primero, evitando sentarse a conversar con las autoridades portuarias en los plazos prudenciales para poder negociar un nuevo acuerdo de descuentos respecto del Manual de Servicios Portuarios del Puerto de Arica. Segundo, desahuciando una ronda de conversaciones amable entre las autoridades dispuestas por el Estado de Bolivia en la gerencia de la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB) y la gerencia del Puerto del pasado 29 y 30 de julio. Tercero, impulsando un “arreglo provisorio” a través de la presión del viceministro de comercio exterior, del Sr. Benjamín Blanco hacia las autoridades portuarias. Así, la “imposición” de una postergación de seis meses a las conversaciones concluidas el 30 de julio pasado, puede entenderse como la esperanza de que con las nuevas autoridades de Chile, ya sean las lógicas constituyentes o las presidenciales, se defina un nuevo trato con Bolivia. Mala lógica, porque la política exterior de Chile es una política de Estado, no de un gobierno.

¿Será necesario recordar a las autoridades bolivianas que para mantener un diálogo fluido y normalizar las relaciones, es necesario hacerse cargo de la palabra empeñada? La política comercial tiene reglas, que no pueden estar bajo el vaivén de los intereses políticos. El mundo del comercio internacional también las tiene. Creemos que es imperativo dejar que las instituciones cumplan sus funciones y que los actores económicos involucrados en el comercio exterior de Bolivia puedan hacerlo con la mayor libertad y eficiencia posible. Por ello, es que la labor de la Terminal Portuaria de Arica no debe ser vista como la de un gestor privado exclusivamente, sino como un aliado en el cumplimiento a cabalidad del Tratado de Paz suscrito entre Chile y Bolivia en 1904. Así, lo entiende y respeta el gobierno de Chile.

Cada vez, que Bolivia descalifica esta instancia, el Puerto de Arica, se agrede el espíritu de trabajo conjunto y armónico que da sustento a la normativa internacional. Cada vez que dilata las conversaciones y expone que su agencia estatal no va a conversar con sus interlocutores chilenos, perjudica el comercio exterior de la misma Bolivia.

Por ello es que las cancillerías chilena y boliviana deben abogar para que los roles institucionales sean acometidos con comprensión cabal de las actuales circunstancias de pandemia.  Asimismo, también es necesario considerar que los ajustes de precios de algunas prestaciones de servicios portuarios se han producido y se producirán por alzas de costos obvias en una década  y circunstancias del mercado internacional. Ambas, situaciones fuera del control del puerto y de los importadores mismos.

La reticencia de la ASPB de Bolivia, entidad estatal, de firmar el acuerdo de descuentos en servicios portuarios con el Puerto de Arica, es la encarnación de una vieja política de estirar la cuerda con Chile y hacer querer quedar mal. Inútil tarea que desprestigia a la estatal boliviana y a quienes creen que el camino podría ser diplomático.

Si por golpear la mesa, los negociadores de Bolivia piensan que el Estado de Chile saldrá a desacreditar las gestiones del Puerto, se equivocan. En los tiempos que corren, los únicos perjudicados al hacerlo serán los agentes del comercio exterior de Bolivia y los importadores bolivianos, quienes son privados –por sus propias autoridades–, de beneficiarse de los descuentos que ofrece el Puerto de Arica, incluyendo la famosa “tarifa cero”.

Loreto Correa es integrante de Grupo de Reflexión Chile/Bolivia

 

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