Jhannise Vaca Daza

Emergencia en las áreas desprotegidas de Bolivia

miércoles, 15 de septiembre de 2021 · 05:13

Sólo este año, Bolivia ha perdido un millón y medio de hectáreas al fuego. Estudios de la Fundación Amigos de la Naturaleza han revelado esta cantidad de hectáreas quemadas entre enero y agosto de este año, demostrando la veracidad de estos números con más de 1.233 imágenes satelitales procesadas. Al mismo tiempo, esta semana la Asociación Boliviana de Guardaparques Agentes de Conversación (Abolac) se ha declarado en emergencia debido a la falta de apoyo logístico a sus labores y sometimiento del gobierno a grupos de poder que vulneran las áreas protegidas. La situación es de emergencia y la solidaridad de la ciudadanía no abastece para frenar la depredación de nuestra biodiversidad.

 Sólo en septiembre, activistas medioambientales hemos tenido que hacer nuevas campañas de recaudación de apoyo para bomberos tanto en el Área Natural de Manejo Integrado San Matías (Santa Cruz) como también en el Área Natural de Manejo Integrado El Palmar (Chuquisaca) debido a la deficiente o nula respuesta a los incendios de autoridades. Los datos arrojados por el análisis de la FAN comprueban que efectivamente las pérdidas en áreas protegidas son altas y la respuesta del gobierno de Arce, tomando en cuenta que es el tercer año de incendios repetitivos y no hubo prevención adecuada, ha sido tan insuficiente como la de gobiernos anteriores.

Los análisis satelitales de la FAN también demostraron que del millón y medio de hectáreas perdidas, 658 mil se encontraban en áreas protegidas a nivel nacional y subnacional. Esto concuerda con el pronunciamiento de la Abolac que indica que la gestión actual del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernao) ha sido sometida a  “intereses mineros y de grupos de poder cuyos intereses son contrarios a los objetivos de la creación de las áreas protegidas”. El trabajo del Sernap no sólo es ineficiente sino que, al parecer, como indican los guardaparques, atenta de forma deliberada contra nuestras áreas verdes. Esto es lo que también muchos activistas ambientalistas venimos denunciando desde 2019: no solo hay ineficiencia a la hora de combatir incendios, hay una colaboración premeditada entre grupos económicos de poder y quienes están en el gobierno.

Otro dato importante de los estudios de la FAN es que el 19% de las áreas perdidas a incendios (290 mil hectáreas) se encuentran en 22 territorios indígenas. De éstas, casi todas son áreas indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Estos datos también respaldan, en consecuencia, el pedido de la actual marcha de pueblos indígenas de tierras bajas, que ya lleva más de 20 días de caminata. Esta marcha, que ha elegido al tata Marcial Fabricano Noe como su vocero, está pidiendo al gobierno respeto a su identidad, cultura y territorio frente a los constantes atropellos mediáticos y territoriales a sus derechos. Los datos de estudios satelitales confirman que el Estado no está protegiendo los territorios indígenas, caso contrario los números de pérdidas no estarían en los cientos de miles de hectáreas.

Los líderes indígenas, guardaparques, bomberos y activistas ambientales tienen no sólo la autoridad moral para defender las áreas verdes de Bolivia, sino también los datos científicos que respaldan sus peticiones. Las denuncias de autoridades que usan recursos del Estado para su beneficio personal (como en el caso del ANMI San Matías) están documentadas y ya han sido denunciadas públicamente. Pero las respuestas aún faltan, y por más que suene repetitivo, se tienen que apuntar.

Es imposible no llegar a esta conclusión: El gobierno no tiene la voluntad de frenar la pérdida de áreas naturales en Bolivia ni en lo inmediato ni en lo fundamental. No tiene interés de dar una respuesta inmediata para frenar los incendios porque, como indica el pronunciamiento del Abolac, las autoridades y su respuesta han sido insuficientes o directamente ausentes de sus responsabilidades en varios incendios, incluyendo el del ANMI San Matías y ANMI El Palmar. En lo fundamental, el gobierno no ha anulado ninguna de las leyes del paquete incendiario ni quiere atender las demandas de la marcha indígena actual. Una vez más, es la ciudadanía la que tiene que tomar acciones constructivas de forma independiente para proteger lo que queda de nuestras áreas desprotegidas.

Jhanisse Vaca Daza es activista de derechos humanos y no violencia, cofundadora de ríos de pie.

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