Augusto Vera Riveros

Mi derecho termina donde comienza el de los demás

martes, 18 de enero de 2022 · 05:08

No todo es malo en el Gobierno masista. Que la libertad de las personas termina donde comienza la libertad de los demás, es sentencia axiológica vinculada a las normas que deben regular la convivencia humana y que el presidente Arce, con acierto, ha interpretado respecto a la ya descontrolada propagación de la Covid-19, mediante el D.S. 4640, el cual obliga a la exhibición del carnet de vacunación contra el virus en determinados ambientes de concentración. Lástima que el masismo parece estar emparentado con el infortunio, ya que apenas se puso el instrumento legal en vigencia, sus simpatizantes obligaron a su suspensión, y quién sabe si permitan su nueva aplicación.

Estamos en una escalada incontrolable de la propagación viral en el mundo, por lo que una cosa es el tan trivial argumento de que cada uno es dueño de su cuerpo y, por tanto, soberano para optar o rechazar la vacuna, y otra muy distinta, y por sobre todo de preferente consideración, el derecho de los demás, cuyo ejercicio depende de que ningún otro se exceda en los suyos. Y en esa línea es la propia Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que prescribe que los Estados pueden restringir ciertos derechos individuales en vista de que toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad, la humanidad y con las justas exigencias del bien común en un sistema democrático. Luego, ningún derecho fundamental es absoluto.

¿Qué de inconstitucional puede haber en una norma que está precautelando la vida de cientos de miles de bolivianos que padecen de enfermedades de base o de quienes, por causas ajenas a su voluntad o imperio de la propia autoridad, están impedidos de vacunarse?

El bien mayor es precisamente la vida y podría suceder efectivamente que algún porcentaje, ínfimo y excepcionalmente, presente alguna reacción seria a la vacuna, como puede ocurrir con cualquier otra (de lo que además no existe evidencia de que haya ocurrido en Bolivia); por lo que no puede ponerse en riesgo a la inmensa mayoría que razona con prudencia y elige someterse a la inoculación que hasta hace poco más de un año el planeta clamaba, a la ciencia, su invención.

Por otra parte, ¿con qué fundamento, aquellos contumaces a la tecnología pretenden descalificar vacunas que están aprobadas por todos los científicos serios del mundo? Que su aprobación o autorización haya sido de emergencia no significa que no sean inocuas y de efectividad comprobada.

¿Acaso los detractores de vacunas anticovid-19 conocen la composición química de las vacunas contra la poliomielitis, el sarampión o la tuberculosis, con que más que seguro se hicieron inocular?

Nadie, ni siquiera el Estado, puede obligar a la inoculación de ningún fármaco, y el D.S. de marras tampoco lo hace, pero en el ejercicio de sus facultades y de la obligación que tiene de salvaguardar la salud pública, puede restringir el acceso a otros derechos inferiores, a menos que se acredite haber recibido la inyección o con exámenes de laboratorio se pruebe no ser vector del virus letal.

¿Acaso se puede viajar a determinados lugares del interior o a varios del África si no se tiene la vacuna contra la fiebre amarilla? Esa exigencia no puede interpretarse como desconocedora del derecho constitucional de circulación.

Todos tenemos derecho a la educación gratuita, pero el acceso a ese beneficio está supeditado al cumplimiento de ciertos presupuestos que no suponen vulneración del precepto constitucional; y la universalidad del derecho al trabajo no exime del adecuado perfil para ocupar determinados cargos. La no exhibición de una hoja de vida que pruebe su idoneidad no puede reputarse como violación de sus derechos.

Las muertes por efectos del virus que azota el orbe, se han reducido ostensiblemente a pesar de haberse decuplicado los contagios. Particularmente en nuestro país, felizmente ya no vemos las redes infestadas de avisos necrológicos ni el doloroso clamor por una unidad de plasma. La razón son las vacunas, no el pasto.

 

Augusto Vera Riveros es jurista y escritor

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