Franz Rafael Barrios Gonzales

Decidí vacunarme, pero explico por qué otros pueden decidir lo contrario

miércoles, 5 de enero de 2022 · 05:10

A finales de 2021, el régimen wiphalense dictó los Decretos Supremos N.º 4640 y 4641 con los que desprolijamente implementó “el carnet de vacunación contra COVID-19”. Inicialmente quisieron engañar con que “no obligaban a la vacunación”, pero desde que empezaron a controlar este 2022 se evidenció que muchas actividades están condicionadas a la presentación del mismo.

Para empezar, el régimen antes de obligar a vacunarse y a exhibir un carnet de vacunación (CONTRA EL CARÁCTER VOLUNTARIO DEL PROCEDIMIENTO amparado por la Ley 1359) debería levantar las ilícitas cláusulas de “confidencialidad” sobre la compra de vacunas y demás insumos médicos para responder por los millones de Bs que erogan a costa de la salud pública (violando los principios de publicidad y transparencia que rigen a los actos de la administración pública).

Adicionalmente a que sostengamos que tanto la vacunación como la realización de exámenes laboratoriales sean jurídicamente ACTOS VOLUNTARIOS (Arts. 14.IV, 44 CPE/Art. 15 Ley 1359). También cabe señalar que, en resguardo de los derechos personalísimos a la privacidad y a la intimidad de la vida privada (Arts. 21, 130-131 CPE), en principio, nadie tiene por qué saber si uno está vacunado (o no), en tratamiento o que padezca enfermedad; o, visto a contrario sensu, nadie está obligado a “ventilar” públicamente tal información personalísima.

Ahora bien, habiendo mencionado tal regla general, cabe señalar que excepcionalmente un ciudadano/paciente -si así lo decidiera (o terceros a nombre de éste en casos de incapacidad p. ej.)- puede compartir tal información personalísima con su médico o con determinada entidad pública o privada de salud o de seguros p. ej., bajo estricto cumplimiento del secreto profesional que obliga al receptor de tal información absoluta reserva-confidencialidad y deber de custodia sobre esta. Y bajo apercibimiento de responder ejecutiva, administra, civil y penalmente (nacional e internacionalmente) por vulnerar o permitir que se vulnere tal reserva o confidencialidad.   

En el fondo, el régimen mediante DS no sólo “implementó el carnet de vacunación”, sino que, en realidad y contra el ordenamiento jurídico vigente, impuso la vacunación para “carnetizarse” y que el “vacunado/carnetizado” -recién- pueda ejercer distintos derechos civiles (libre locomoción, acceso/contratación de bienes y servicios, etc.). Es más, con seguridad que para procesos electorales o censales futuros el régimen igualmente condicionará el ejercicio de los derechos políticos y civiles a tal “carnet de vacuna” o “inmunización” forzada.  Al respecto, debe apuntarse (salvando la subsunción del tipo penal al no existir “conflicto armado internacional” necesariamente) que el Estatuto de Roma, en su Art. 8.2.b.x), como una subclasificación de los “crímenes de guerra”, tipifica el sometimiento de personas a “experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario ni se lleven a cabo en su interés y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud”.

Hoy el régimen impone por DECRETAZO la inmunización y el “carnet de vacunación”, la segregación de quienes (por las razones que fueren -lo que a su vez es amparado por el derecho a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto- por cierto-) deciden no hacerlo. Mañana obligarán a que el ciudadano se tatúe un código “QR” o similares aberraciones.

Personalmente decidí libre y voluntariamente aplicarme el esquema completo de una vacuna profesional contra SARS-CoV-2 (Covid-19), de la que sé que no es “esterilizante” (es decir que no evitará que eventualmente me contagie si no guardo cuidados), y a lo largo de mi existencia también decido adherirme a prescripciones de mi equipo de médicos, porque confío en la ciencia occidental y su expertise (en el actual estado del arte médico que se encuentra). Y, a la vez, jurídicamente explico el derecho de terceros que deciden de forma distinta.

 

Franz Rafael Barrios Gonzales es investigador en asuntos jurídicos

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