La curva recta

De sexo, derechos y leyes

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domingo, 12 de noviembre de 2017 · 00:00
Siempre me ha parecido un poco sospechosa la urgencia de ciertos colectivos de hombres homosexuales por el derecho de contraer matrimonio. Es que la homosexualidad puede ser vista también como una liberación del individuo, como una ruptura de los estándares y de los tradicionalismos, casi como el comportamiento de libertad por excelencia. Es en ese entendido que resulta difícil situar la fijación de muchos  colectivos ligados a lo homosexual por lograr el llamado matrimonio igualitario. Porque el matrimonio, la alianza de cónyuges, vale decir de quienes comparten el yugo, no puede estar más alejada de esta percepción.
 
Por supuesto que esta es una concepción un tanto simplista del ser humano y el hecho de que genuinamente existen personas del mismo sexo que quieren, no sólo vivir juntas, sino compartir el yugo de marras, no debería preocupar a nadie más que a los directamente interesados, y el Estado debería poder proporcionar el marco legal para estas uniones.
 
Este tema ha salido a relucir estos días debido a algo que en realidad no tiene mucho que ver con la homosexualidad, aunque es posible que sea confundido con ésta, me refiero al fallo del Tribunal Constitucional respecto a la Ley de Identidad de Género. Ésta había sido interpuesta por un par de diputados de un provincianismo capitalino  troglodita y, bueno, la ley ha sido declarada inconstitucional en un par de acápites.
 
Si consideramos el espíritu de la "Constitución Evo”, estoy seguro que los del Tribunal hicieron una interpretación adecuada. Vale recordar que fue esa Constitución, gestada de forma bastante bochornosa, la que cerró las puertas a una ley que potencialmente hubiera permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo (la Constitución previa describía al matrimonio como una unión entre dos personas, la de Evo entiende al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer).  
 
Esta interpretación, sin embargo, sólo es lógica a partir de una visión conceptual que negaría la posibilidad de que alguien cambie de género y en realidad invalidaría toda la ley que nos ocupa. 
 
La Ley de Identidad de Género hace que esas poquísimas personas que nacen con un sexo pero que se sienten del otro puedan no sólo proceder a operaciones de la llamada "reasignación sexual”, sino que puedan cambiar así mismo de género ante la ley.  Esto último convierte a esas personas que nacieron hombres en mujeres o viceversa y debe garantizarles los mismos derechos que puede tener cualquier hombre o mujer; vale decir, casarse y tener hijos (vía adopción, obviamente). 
 
 Este reconocimiento de que para los fines legales esa persona ha cambiado de sexo es la médula de la ley. Disminuir los derechos de esa persona es simplemente inaceptable. Es como reconocer que alguien tomó una nacionalidad, pero que igual no tiene los mismos derechos de los nacidos en el lugar (algo que dicho sea de paso existe y que es también un absurdo). 
 
Bolivia es un país extraordinariamente conservador (en el mal sentido de la palabra) y machista, empezando por su Presidente, que ha declarado que él no entiende eso de "hombre con hombre y mujer con mujer”. Fue precisamente por eso que resultó una sorpresa agradable que el Congreso hubiera promulgado la ley que ahora ha sido observada. 
 
Ahora los diputados masistas se rasgan las vestiduras por el accionar del Tribunal Constitucional, ¿se animarán a hacer un juicio de responsabilidades por prevaricato a los integrantes de ese Tribunal? Lo hicieron con el magistrado Cusi, pero claro sus motivaciones eran otras.
 
Agustín Echalar Ascarrunz es operador de turismo.

 


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