La curva recta

Una visita de bajo nivel

domingo, 19 de mayo de 2019 · 00:07

La idea de tener una Constitución ha sido, desde su inicio, un contrato social entre el gobernante y los gobernados; su fin siempre ha sido limitar el poder de quien lo detenta.  Una Constitución debería ser modificada sólo para dar más derechos a los ciudadanos o, si se quiere, para restarle poder al gobernante; cuando es lo contrario, cuando una Constitución es modificada para beneficiar a éste, podemos estar seguros de que no se trata de otra cosa que de una forma de violación de la misma.

Eso fue lo que llevó a la inmensa mayoría de los bolivianos a votar en contra de la modificación del artículo 168 de la Constitución, dicho sea de paso,  armada y refrendada por el mismísimo partido que entonces pidió modificarla, más allá del escándalo de la Zapata, que puso en evidencia muchas debilidades de carácter del líder cocalero que quería reelegirse.

Cuando apareció la chicana de reclamar un supuesto derecho humano que estuviera siendo vulnerado, por no poder re-re-repostularse, aclaremos no sólo a la Presidencia del Estado, sino al control de una cuantiosa cantidad de dinero, porque eso implica también ese cargo y ese poder, las reacciones fueron de burla e indignación, y es que era un argumento simplemente ridículo. Argumento que ni los masistas se lo creen (imaginemos cómo hubieran reaccionado esas mismas personas si en el 98, Goni hubiera planteado repostularse abanicándose con la Constitución vigente en ese entonces).

Mientras los masistas han cerrado filas respecto a ese falaz argumento del derecho humano de repostularse, porque eso obviamente les conviene, los bolivianos que no están obnubilados con un gobierno que tiene luces y sombras, han tenido que aceptar esa vil candidatura, simplemente porque han reaccionado como lo haría una persona secuestrada. No se aceptan las condiciones del criminal porque se esté de acuerdo con él, sino porque no existe otra alternativa.  Y es así como estamos yendo a una elecciones ilegítimas y pringadas por la ilegalidad, con la pequeña esperanza de que éstas nos puedan librar de quienes tienen la intención, explicitada un sinnúmero de veces, de quedarse en el poder para siempre.

Almagro, el secretario General de la OEA, no es, como lo somos los bolivianos, un rehén de las circunstancias y de un grupo de personas que quieren quedarse controlando el país y sus (no muy grandes) riquezas para siempre; y, en realidad, debería estar ahí para velar por la legalidad en la región. Con su discurso en el espantoso Palacio del Pueblo del viernes pasado ha traicionado su rol como secretario de la OEA y se ha traicionado a sí mismo, porque hace menos de dos años ha hecho declaraciones diametralmente opuestas a las que ha hecho en esta blitz visita a La Paz, y al epicentro de la producción de materia prima para la producción de cocaína.

El Secretario General de la OEA es un hombre de la izquierda de su país y ese no es un detalle menor, porque la izquierda latinoamericana, a pesar de haber luchado contra las dictaduras latinoamericanas, nunca ha tenido una verdadera convicción democrática; siempre ha sido tributaria, en mayor o menor grado, a la Cuba de la revolución y, antes de la caída del Muro de Berlín, a la Unión Soviética y sus satélites.

No debería pues sorprender la actitud del visitante, si es que no hubiera hecho declaraciones tan antagónicas hace tan poco tiempo y si no tomáramos en cuenta su postura respecto a los otros gobiernos que han perdido legitimidad en el último tiempo.

El problema es que este cambio de discurso puede asociarse a las necesidades personales del “alto” funcionario, a una apuesta geopolítica refinada, a vil cálculo. Y esto lo hace detestable. Me pregunto cómo explicará a sus siete hijos este desdecirse al favorecer ahora algo que es una aberración jurídica; pero bueno, seguramente también puede ser bastante cínico en la intimidad.  

Agustín Echalar Ascarrunz es operador de turismo.

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