La cuestión en debate

La demanda del BBVA

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sábado, 25 de agosto de 2018 · 00:10

Cuando se habla de las AFP o de la Gestora Pública, la gente afiliada al sistema de pensiones aguza el oído, quiere saber más, se preocupa de su futuro cuando vaya a jubilarse. El temor crece de forma exponencial cuando el tema es una demanda ante un árbitro internacional para establecer las posibles diferencias de una de las AFP encargada de administrar las pensiones de cerca de la mitad de los afiliados al sistema de pensiones y que, en dinero, son la mitad de los recursos acumulados en las cuentas individuales para ese propósito.

Las AFP, según los últimos datos publicados por la Autoridad de Pensiones y Seguros, manejaban más de 16.000 millones de dólares al 31 de mayo de este año, pertenecientes a más de dos millones de asegurados, registrados al 30 de abril. Cifras nada despreciables para una economía que ve sus reservas internacionales mermadas: del pico que alcanzaron de 15.000 millones de dólares, en 2014, hoy están por debajo de los 10.000 millones.

Los actuales montos significan el 43% del PIB de 2017 a precios nominales o de cada año. Expresados por persona asegurada en las AFP, estos recursos representan que cada afiliado en promedio posee 7.232 dólares; monto superior a los 3.400 per cápita, que es el promedio de cada boliviano del PIB nominal. Los valores que manejan las AFP son, a todas luces, gigantescos para una economía como la boliviana.

Por la magnitud de esos recursos en manos de las AFP, no debe sorprender a nadie que cualquier mención a estas entidades, con posibles efectos reales o imaginarios, inspire temor y desconfianza. Es la situación, por ejemplo, que se dio el año pasado, cuando se intentó destinar el 1% de la fabulosa suma de 16.000 millones de dólares, en créditos sin respaldo de la solvencia que da la calificación de riesgo, a los pequeños productores agrícolas.

Hace algunos días, apenas se publicó la demanda de una de las AFP, la AFP Previsión –mayoritariamente propiedad del Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA)– presentada ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), nuevamente las voces de temor se alzaron inquisitoriamente para averiguar si esa demanda podría afectar los dineros personales colocados en las AFP.

Elrecurso presentado por Previsión ante el CIADI toma como instrumento jurídico los tratados de inversiones bilaterales que existen entre diferentes países y, en este caso, es el que entró en vigencia en julio de 2002 y vinculó a España y Bolivia. Si bien este BIT (por sus siglas en inglés) fue terminado en julio de 2012, existe retroactividad para el tratamiento de inversiones hechas con anterioridad a esta fecha y, se supone, tiene vigencia ante el CIADI por 10 años posteriores a esta última fecha.

Con este antecedente, supongo que la demanda de Previsión en contra de Bolivia exige un resarcimiento por daños causados a la inversión realizada y por el lucro cesante o las ganancias que la AFP dejará de ganar si su negocio no hubiera sido interrumpido. Esto, al menos, significa –en una estimación gruesa– unos 250 a 300 millones de dólares. La utilidad de 2017 que esta empresa alcanzó en 2017 fue de cerca de los 6 millones de dólares. Dada la naturaleza del negocio –administración y pago de pensiones–, se debe suponer períodos que se miden en generaciones de la población servida y, sobre esta base, se calcula el monto de la demanda. Por el silencio sepulcral que guarda el Gobierno respecto al monto que se exige por medio del CIADI, es posible que mi gruesa estimación se quede corta.

La buena noticia es que la demanda de marras no afecta absolutamente a los 16.000 millones de dólares de los asegurados en las AFP, ni, por supuesto, a la casi mitad de ese monto administrado por el BBVA en su AFP Previsión a favor de los asegurados al Sistema Integral de Pensiones.

En la relatividad que caracteriza al manejo institucional prevaleciente en Bolivia, desde que este país se rige como Estado soberano o incluso antes, no existe una estructura financiera más sólida que la creada para la administración de las AFP en Bolivia. Más aún, esta arquitectura financiero-administrativa se ha respetado e, incluso, fortalecido con el cambio de la ley 1732 de 1996, que creo el sistema individualizado de pensiones y la ley 65 de 2010 que lo reformó.

La institucionalidad que fundamenta y garantiza el sistema de pensiones consta de los siguientes mecanismos de resguardo de los recursos ajenos que administran las AFP: a) Las inversiones que las AFP realizan con los recursos de los asegurados deben ser en títulos con calificación de riesgo. Ésta asegura que la institución emisora de los títulos tengan la solvencia necesaria y suficiente para responder a la deuda que contrae al momento de colocar los títulos para su venta y posterior compra por las AFP.

b) Las inversiones que realizan las AFP no pueden concentrarse en un solo título (bonos o acciones) ni en las mismas instituciones emisoras, dentro de límites establecidos por ley. c) Las transacciones financieras que realizan las AFP por las inversiones efectuadas se deben hacer mediante la Bolsa Boliviana de Valores, institución que exige a cada entidad emisora requisitos de solvencia y transparencia en su manejo, además de realizar las operaciones de compra, y venta de títulos de manera pública, abierta y bajo registro de quién vende, quién compra y las respectivas sumas canceladas. d) La ley exige la constitución de patrimonios autónomos.

Esto es, por una parte, lo que posee la AFP como empresa y, por otra, los recursos financieros que constituyen los respectivos Fondos de Capitalización Individual que administran cada una de las AFP. Esta figura jurídico-administrativa y financiera logra que nunca se confundan patrimonios distintos, el que posee la AFP y el de los asegurados (los más de 16.000 millones de dólares). Como contraste a esta figura se puede mencionar lo que ocurre en un banco. Cuando alguien deposita en uno de ellos, el depósito realizado se sumerge en el patrimonio de los banqueros y no se distingue su origen ni su preservación independiente. Esto no puede ocurrir en una AFP.

e) La ley exige que los asegurados tengan completa información de lo que se deposita a su nombre, con la exigencia de entregar estados de la cuenta individual a cada afiliado al menos dos veces al año o se tenga acceso libre e irrestricto en cuanto al número de veces que se quiera acceder a la cuenta individual, mediante el uso del internet y una claveo número PIN otorgado por la AFP.

f) Los valores comprados por las AFP no permanecen en posesión de la misma. Estas empresas tienen la obligación de guardar los títulos comprados en una entidad especializada para la custodia de los mismos, la cual mantiene un registro de todos los títulos que recibe y entrega de y a las AFP. Finalmente, existe el marco regulador que accede en línea a todas las transacciones que realizan las AFP y, por lo tanto, posee un registro adicional de los movimientos financieros que realizan las AFP.

Esta institucionalidad, aparte de haber llegado a tener una solidez excepcional, en un entorno nacional proclive al debilitamiento de las instituciones, ha sido respetado por las leyes que ha reformado el sistema individualizado de pensiones, y ha logrado fortalecer a la banca comercial boliviana, al exigirles ser calificadas periódicamente.

Las compras de los bonos que emite, como ya se anotó, deben ser calificados. Lo que supone que las entidades bancarias publiquen periódicamente en la prensa nacional las calificaciones que obtienen de las calificadoras internacionales que operan en el país (Moody’s, Fitch Ratings y Standard and Poor’s). De esta manera, visibilizan al público en general su estatus financiero y éste conoce el grado de confiabilidad que puede tener para colocarsu dinero en la banca. Una situación que previene las quiebras bancarias, que caracterizaron a los bancos en un pasado no muy lejano.

En conclusión: los recursos de los afiliados en el sistema de pensiones están seguros y todo permite suponer que continuarán en esas condiciones una vez que la Gestora Pública de la Seguridad Social administre las cuentas individuales. Esto, fundamentalmente, porque hasta ahora la Ley 1732 y la que la reformó, la 65, han mostrado una clara excepcionalidad al constituir al sistema de pensiones en una política de Estado.

Por otra parte, la demanda que Previsión ha presentado ante el CIADI, por más que signifique un abultado monto, no tocará los recursos de los asegurados que aportan a las AFP. Por supuesto, si el fallo arbitral favorece a la AFP Previsión, será el pueblo boliviano quien pague lo demandado, puesto que el Estado son todos los bolivianos y son éstos los que corren con los errores de los gobernantes de turno.

Alberto Bonadona Cossío es economista.

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