Economía de papel

Fallida y exitosa instauración de impuesto al ingreso personal

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sábado, 23 de febrero de 2019 · 00:11

Muchos analistas, opinadores y todas las otras variedades que comentan la vida política y económica del país, incluyendo los investigadores de todo pelaje, consideran que el intento de introducir un impuesto al ingreso personal fue uno más de los tantos detonantes que contribuyeron a la caída de Goni. La idea se discutió los meses de julio y agosto de 2003, presionados por una realidad fiscal que se reflejaba en un déficit del 8,5% del PIB y la pesada influencia del FMI para que se reduzca al 5%. Esta reducción tan sólo significaba un aumento de 240 millones de dólares en favor de las arcas del Estado.

  La ironía de tan apremiante circunstancia ocurría en un momento en que la economía iniciaba un lento e inequívoco giro, que en pocos años otorgaría al país uno de los más grandes auges que hubiese vivido la economía nacional. Una paradoja se cernía en el ámbito político boliviano desde los oscuros entretelones de la economía internacional; el efecto del ascenso de los precios de las materias primas no llegaría a impactar lo suficiente en las finanzas del Estado como para evitar la caída del gobierno de Sánchez de Lozada. ¿Tal vez fue una maldición?

  La gran volatilidad que caracteriza a los precios, particularmente de las materias primas, aunque en lento ascenso, no mostraron en 2003, e incluso hasta 2005, una clara tendencia al mejoramiento de la economía nacional y, por ende, de las finanzas públicas. 

De ahí la desesperación por reducir un déficit que, desde el tamaño actual de la economía nacional no parece tan significativo, era de tan sólo de 240 millones y había que conseguirlos con medidas de urgencia. Entre las medidas se diseñó un impuesto al ingreso personal.

  Se discutió la modificación del RC-IVA a través de utilizar o no las facturas para descontar el monto del pago del impuesto. La alternativa se presentó entre si se mantenía el descargo de las facturas para los que ganaban menos de 2.000 bolivianos o la eliminación de este descargo para los que ganaban menos de 4.000. 

Los ingresos mayores a los 8.000 bolivianos iban a ser objeto de un  impuesto progresivo que variaba desde seis hasta 25% y el descuento para todos los sueldos que, entre cuatro a 12 salarios mínimos quedaban liberados del gravamen. La historia del desenlace se conoce muy bien: el impuesto nunca llegó a aplicarse porque la conmoción social por ésta y otras causas llevó a la caída del régimen.

  Siempre ha sido motivo de comentario, al menos entre economistas, que en Bolivia no existe un impuesto al ingreso personal, situación contraria a la mayoría de las economías del mundo. En los hechos, sin embargo, un equivalente a este tipo de impuesto sí existe, se introdujo con la Ley 65 para financiar el Fondo Solidario. Esta norma creó dos escalas que afectan sueldos y salarios de toda persona que tiene un puesto de trabajo formal.

 La primera es una tasa plana de 0,5% que la pagan todas las personas cuyo nombre aparece en una planilla. La segunda tiene un carácter progresivo de 10%, 20% y 30%, que se aplica a los excedentes que superan los montos de 13.000, 25.000 y 35.000 bolivianos, respectivamente.

 Posiblemente, por alguna suspicacia política el carácter tributario de estas escalas no son calificadas como tales. Más aún, se niega categóricamente esta consideración. Entre algunos argumentos, por cierto, está que el impuesto al ingreso personal es “neoliberal” y, por lo tanto, anatema para este gobierno. También se esgrime que su carácter solidario es propio de la seguridad social y, consecuentemente, no puede ser un impuesto.

Sea como sea que se defienda esta posición, las escalas de la Ley 65 que financian el Fondo Solidario tiene todas las características de un impuesto y eso es. Lo curioso y sugestivo de su creación e exigencia no recibió ni la más mínima oposición. Menos todavía puso al gobierno en una situación igual a la sufrida por el gobierno de Sánchez de Lozada.

 Sin embargo, los efectos que tiene ahorra al gobierno los gastos que demanda aliviar en algo las más bajas pensiones de jubilación (no la de todos) y, a la vez, se presenta como un instrumento utilizable, actual y potencial en la generación de equidad en la desigual sociedad boliviana.  Funciones que palmariamente cumplen los impuestos al ingreso personal.

Alberto Bonadona Cossío es economista.
 

 

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