Economía de papel

El clamor de una generación

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sábado, 09 de febrero de 2019 · 00:10

En los distintos ambientes en que el actual gobierno despliega su propaganda electoral continúa inaugurando obras, tal y cual lo ha venido haciendo desde hace más de una década. Nuevas orientaciones para llegar a un amplio público, mayor a los que le garantizan el 30% del voto, no parecen estar en su agenda, hoy encaminada a la re-re-reelección. En un campo como el de las pensiones se muestra en una posición que apunta más bien a lo opuesto: alejar a un amplio sector de la clase media.

  No es que esta actitud sea resultado de una inusitada decisión o desacertado descuido. Es, por el contrario, la continuación de una política gubernamental que heredó este gobierno cuando la reforma de pensiones de 1996 creó la “generación sándwich”. En parte, esta generación, denominada así porque quedó en la angustiosa encrucijada de dos sistemas de pensiones, recibió un parcial alivio con el fondo solidario, creado por la Ley 65 de 2010.

Sin embargo, la respuesta del fondo solidario no es suficiente para todos los más de 130 mil jubilados ya dentro del sistema de capitalización individual y menos aún para las decenas de miles de trabajadores que ahora se ven amenazados con la jubilación forzosa.

  Considero un completo desacierto la amenaza del Presidente, en su discurso de aniversario del Estado Plurinacional, al referirse a obligar a la jubilación a las personas que ya tienen la arbitraria edad de jubilación inserta en la Ley 65. En esta norma, como en otras del orden laboral, no existe la figura de la jubilación obligatoria a ninguna edad. La de 58 años no es más que una edad de la que puede valerse el trabajador que así escoja hacerlo.

  Más aún, se debe reconocer que la amplia resistencia para jubilarse por parte de aquellos que aparentemente serían obligados a hacerlo, responde a la enorme pérdida de ingresos que sufrirían, primero, por pertenecer a la generación sándwich, y, segundo, porque nunca se crearon las condiciones como para que la transición del sistema de reparto al sistema de capitalización no empuje, insisto, a decenas de miles de personas a la muerte lenta o eutanasia.

  Es necesario reconocer que la situación de estas decenas de miles de personas mayores nunca fue analizada con la seriedad y profundidad que merece. Al crearse el fondo solidario pudo haberse dado una solución global y equitativa, pero se escogió simplemente marginar a un grupo que gana por encima de un tope, ahora establecido en 6.000 bolivianos. 

No se hizo un serio estudio de la situación en la que se irían a encontrar esas personas. Ahora, en los prolegómenos de la campaña presidencial de Evo Morales se ven amenazadas e impulsados a una situación incierta e, incluso, desesperante. Esto parece importar muy poco a los hombres y mujeres del círculo del poder.

Además de este enorme problema social, al que se hace oídos sordos, ojos ciegos y bocas mudas, existe la posibilidad de que los millonarios fondos (17.000 millones de dólares, la mitad del PIB de 2018) pasen a una gestora pública que, desde su creación jurídica y su puesta en funcionamiento, se la sabe innecesaria e irrelevante. Más aún, hasta ahora lo que más se conoce de ella es que sus ejecutivos reciben jugosos sueldos.

  Parece nomás que el Presidente Morales quiere a toda costa perder las elecciones con decisiones equivocadas y contrarias a la clase media. Habrá que esperar que el próximo gobierno tenga respuestas más acertadas para este enorme grupo poblacional. Mientras tanto no deben cesar las protestas de los jubilados y amenazados con la jubilación forzosa. Al final alguien debe escuchar su desesperado clamor.

 

Alberto Bonadona Cossío es economista.
 

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