Alberto Bonadona Cossío

El sistema de pensiones debe ser más justo y más equitativo

sábado, 10 de agosto de 2019 · 00:11

En las actuales condiciones que funciona el Sistema Integral de Pensiones (SIP), genera una serie de injusticias e inequidades. Por un lado, no es posible que personas que deberían estar ya jubiladas, con una pensión que supla decente y dignamente su salario de trabajador activo, continúe realizando sus labores por períodos que superan en 10 o 15 años la edad de jubilación. Por otro lado, es absolutamente inequitativo que personas que tienen, por ejemplo, un salario superior a los 8.000 bolivianos vea reducido su ingreso a 2.500.

No es por un aspecto de que ocupan puestos que podrían ceder a jóvenes que deban acogerse a la jubilación. Esta no es la forma de generar empleos productivos, ni tampoco llegan al número de puestos que los que recién se incorporan a la fuerza laboral demandan. No se puede condenar a crecientes números de trabajadores de clase media a reducir tan drásticamente sus niveles de vida. 

Estimo que se trata de más de 120 mil asegurados que se encuentran en esta situación en todo el país y que se resisten a jubilarse. Los sectores afectados incluye empleados del Estado, profesores y administrativos universitarios, maestros, mineros, salubristas, ejecutivos y otras actividades más.

  Existen varias posibilidades que se deben considerar como posibles soluciones. La primera puede dirigirse a la formación de un fondo complementario con características de sistema de reparto que sirva para mejorar las actuales y futuras jubilaciones de estos sectores. Asimismo, se puede pensar en una reestructuración del Fondo Solidario para hacerlo más equitativo en su recolección de aportes como en la forma de distribuirlo.

Este fondo, desde su creación a la fecha, significa ya más del 60% del Fondo de Vejez, con el que se paga a los actuales jubilados. Quiere decir, entonces, que potencialmente existen las bases financieras para hacerlo más equitativo y no sancionador de los ingresos de la clase media.

  Se puede, también, permitir que este sector retire una fracción de su saldo acumulado en las AFP (dígase hasta el 50% de su fondo individual), que voluntariamente solicitado le sirva para pagar una deuda bancaria por compra de un inmueble u otra clase de obligación. El saldo de aportes acumulados que quede, por cierto, otorgaría una pensión vitalicia.

  Como en muchos sistemas de pensiones similares al boliviano, se debe establecer una garantía mínima de rentabilidad por las inversiones realizadas con los aportes de los asegurados o afiliados. Con este fin es necesario definir un piso y un techo límites que activen el uso de un fondo formado con recursos de utilidades extraordinarias de las AFP, que también se midan con límites similares  a la referida banda. 

Esto también debe complementarse con facilidades para buscar inversiones más rentables en el exterior. En este sentido, se debe tomar como ejemplo a seguir el manejo de portafolios del Fondo Noruego de Pensiones. Si ya existe un modelo se lo puede aplicar, cambiando lo que se tenga que cambiar.

  Se puede lograr la mejora del capital individual acumulado con la introducción de incentivos estatales que emparejen aportes voluntarios de los  asegurados. Para esto se debe tomar una fracción de los aumentos salariales anuales y no realizar nuevos descuentos de lo ya percibido como salario.

  Por último, aunque existen otras medidas que pueden introducirse, es necesario reducir la edad de 110 años para el cálculo de la pensión. Esta es una edad exagerada en cuanto a la esperanza de vida promedio al momento de jubilarse y confisca los aportes que quedan sin pagarse.

  La reforma al SIP es una política que debe ser analizada por los candidatos a la Presidencia porque es necesario que piensen en medidas para sostener condiciones de vida propias de la clase media y no mantener un diseño que la empobrece. De esta manera introducirán criterios de justicia y equidad que necesita urgentemente.

 

 Alberto Bonadona Cossío es economista.

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