Alberto Bonadona Cossío

Preguntas sin respuestas en el sistema de pensiones

sábado, 7 de marzo de 2020 · 01:15

Hace dos días me visitó un minero jubilado de 65 años con una pensión que no llega a los 1.400 bolivianos. Antes de los conflictos de octubre recibí varias visitas de personas cuyas pensiones decrecen mes a mes y no entienden por qué. Son muchas personas que me retienen en la calle para preguntarme si es o no conveniente jubilarse ahora o si deben esperar. Tengo un gran número de colegas que no piensan jubilarse, porque si lo hacen su ingreso se verá reducido a menos de la tercera parte de su actual ingreso.

 Leo en las redes y en los periódicos comentarios que contienen medias verdades respecto a cómo se manejaron y se manejan los recursos de las AFP. Se dice equivocadamente que la Gestora Pública (un sinsentido de entidad) está utilizando millonarios recursos de los afiliados para las ineptitudes que hace. 

Comentarios que crean dudas acerca del futuro de sus jubilaciones sin que se explique claramente cuán protegidos o desprotegidos están los fondos de pensiones que pertenecen a todos los asegurados o afiliados al Sistema Integrado de Pensiones (SIP).

 Las personas no entienden cómo funciona el SIP y qué consecuencias tendrá  su actual funcionamiento al momento de jubilarse. Menos aún conocen el funcionamiento del Fondo Solidario, creado por la Ley 65, la más importante modificación hecha por el anterior gobierno. Al igual que los anteriores gobiernos, nunca se explicó al afiliado a las AFP cómo opera éste y cómo se puede maximizar los beneficios del mismo. 

Al conocer su intrincado mecanismo evitarían que sus beneficios disminuyan al calificar su pensión que, de partida, no son grandiosos.

La falta de información va más allá de no entender un sistema que en sí ya es de complicado funcionamiento. La Autoridad de Pensiones parece un adorno que no brinda, como tantas otras entidades estatales similares, datos que deberían ser de conocimiento público. 

Tampoco ofrece orientación a los que están por jubilarse o ya se han jubilado. Especialmente estos últimos no saben por qué su pensión continúa bajando; mientras que la de los jubilados en el sistema de reparto cada año aumenta. Más discordante aún es que los jubilados en el viejo sistema son cada vez menos y sus pensiones son cada vez mayores. Todo lo contrario ocurre con las pensiones del sistema de capitalización individual: el número de jubilados crece, y crecerá aún más, mientras el pago de sus jubilaciones se encoge.

 Hay una organización de jubilados del viejo sistema y varias organizaciones del nuevo. Los del viejo dialogan con los gobiernos de turno y consiguen mejoras. Los del nuevo tan sólo obtienen una palmadita en la espalda como consuelo de sus míseras pensiones.

 La banca con los bonos que vende ha obtenido millonarios recursos del SIP, a tasas de interés que han caído por debajo de la inflación de manera permanente. En teoría, esos intereses podrían pagarse con el habitual crecimiento de los precios, o sea, sin hacer absolutamente nada. A la vez, los recursos de las AFP, con los que se compran estos bonos, tienen mayores plazos que permite a la banca cubrir los créditos que otorga, por lo general, de plazos cortos.

 Hasta ahí la banca puede mostrar una cara positiva de este mecanismo financiero que los fondos de los afiliados no la obtienen porque no existe una reglamentación que establezca una banda (piso y techo) que los favorezca y garantice una rentabilidad al menos por encima de la inflación.

  Este aspecto, además, tiene otra cara algo más desafortunada, y es la cantidad de personas que se jubilarán en los próximos años, que ejercerá una gran demanda de recursos líquidos de las AFP. Éstas tendrán que responder colocando los bonos adquiridos, mayoritariamente de los bancos, en un mercado que no tiene la capacidad o profundidad para hacerlo en los montos e inmediatez que se necesite.   

 No hay información transparente del sistema para hacer mejores pronósticos. Ahora es posible exigir esta transparencia, en relación a los 14 oscuros años del MAS. Aproximadamente son 300.000 personas mayores de 60 años que exigirán su jubilación en el inmediato futuro y que pueden apremiar la necesidad de liquidez en el SIP y también en el Tesoro del Estado.

 Cada día que pasa es angustioso para muchas personas que no ven con claridad qué les espera después de acogerse a la jubilación. ¿Será que hay algo pensado?


Alberto Bonadona Cossío es economista.
 

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