Alberto Bonadona

El programa económico del gobierno

sábado, 27 de junio de 2020 · 00:08

Creo que el Programa Nacional de Reactivación del Empleo anunciado por el gobierno está cargado de buenas intenciones, aunque demorado y con resultados distributivos adversos o, al menos no del todo convenientes para ciertos sectores sociales. Por cierto, como toda política económica tiene un telón de fondo teórico. En lo teórico, deduzco de uno de los considerandos del decreto que lo aprueba, que sigue pautas conservadoras a nombre de “que las medidas de reactivación económica y empleo a ser implementadas deben ser desarrolladas en un marco de disciplina fiscal y ajustes administrativos en el sector público…”.

De la misma manera, el carácter moderado y ortodoxo de su inspiración económica se evidencian en las políticas que establece. Éstas se caracterizan por la otorgación de liquidez a la banca, en la concesión de créditos -mediante banca- a los distintos sectores productivos, así como a los consumidores (claramente se supone que para ambos grupos el problema principal es la falta de dinero exclusivamente), un rescate de las empresas, como si el paro no hubiera causado mayores alteraciones en los procesos productivos, y la creación de empleos, como si la recesión que se vive es resultado de un largo proceso de estancamiento de la producción, desempleo y, además, acompañado de hiperinflación.

El monto total que se presume destinar a este programa es verdaderamente abultado, tratándose de dineros de origen exclusivamente interno. Se habla de 30.000 millones de bolivianos. Monto que, para ser contante y sonante, “el Gobierno gestiona un proyecto de ley para transferir los 13.000 millones de bolivianos del proyecto de la planta de propileno y polipropileno”. Representan, nada menos que el 43% de la cifra total que el Gobierno anuncia en su programa y que, a todas luces, se muestra escurridiza. Espera, entonces, de la buena voluntad de la Asamblea Nacional que deberá liberarlos del destino que le otorgó el gobierno del MAS. Una planta que hubiera sido otro más de los elefantes blancos que se crearon en los 14 años de esa administración.

No se trata tan sólo de gestionar una ley, proceso en general engorroso y ahora preñado de intereses partidarios electorales; simboliza también el fracaso del modelo masista de desarrollo social, productivo, comunitario y tuticuanti. El MAS ofreció la industrialización y ahora se constata que de ella queda muy poco rescatable. De otra manera, los empleos ya hubieran sido creados, la producción estuviera temporalmente detenida y la crisis que ahondó la pandemia únicamente necesitaría un pequeño impulso reactivador.

Que la banca goce de liquidez suena bien. El tema está en cómo dotarle de la misma. Una de las primeras medidas monetarias que el Gobierno asumió al poco tiempo de llegar al poder fue comprar de las AFP parte de los títulos que colocó en esas instituciones para que éstas, a su vez, compren nuevos títulos emitidos por la banca. Esto es, cambió por dinero o recompró sus títulos que pagaban bajos intereses para que las AFP compren de la banca comercial DPF con compromisos de pagar intereses algo mayores. Nunca se transparentó las cifras de los intereses (ni de compra, ni de venta) pero tuvieron un doble resultado: subió la rentabilidad de los fondos administrados por las AFP y también la tasa de interés bancaria.

Las operaciones que se ofrecen en el programa del gobierno se refieren a una baja de la tasa del encaje legal (el porcentaje que la banca está obligada a colocar como reserva o respaldo de las operaciones que realiza) que logra el efecto contrario en la tasa de interés bancaria. Esto es, hace que ésta baje para los créditos que ofrecerá como parte del programa de gobierno. Pero, ¿quién paga esa baja? la pagan los afiliados y jubilados a las AFP porque hace que la rentabilidad de las AFP disminuya. Ahora los DPF en los que invierten las AFP pagarán intereses más bajos.

Este aspecto, por lo general, no aparece en los considerandos de los decretos gubernamentales y de esta manera se margina a los que efectivamente pagan los recursos que disponen los sectores económicos cuando utilizan los créditos de la banca. Aspecto por demás importante como para no mencionarlo en esta ocasión y que exige, además, empezar a preocuparse de cómo otorgarles cobertura financiera (hacerlos más seguros) a los fondos que administran las AFP; actualmente un 95% de ellos está invertidos en moneda nacional, cuando deberían estar invertidos en instrumentos con mantenimiento de valor, o sea, denominados en UFV.  Esto les daría la cobertura de riesgo que precisan estos fondos y debería formar parte de un programa, como el lanzado por el gobierno. Esta sería una auténtica manera de “proteger el ahorro de los bolivianos”.

Entre otras medidas que incluye el programa comentado se encuentra “el Fondo de Garantía de Viviendas (que) ayudará a financiar hasta 2.500 millones de bolivianos en créditos para la población más vulnerable y, al mismo tiempo, crear más de 80.000 empleos directos en el sector construcción. Vivienda y empleo para la familia boliviana”.

 Nuevamente aparece la intermediación crediticia. Pero, lo que llama la atención es que está dirigida a la “población más vulnerable”. Se debe suponer que los empleos que el programa económico cree serán lo suficientemente buenos como para pagar estos créditos. Muy dudoso.

Tan dudoso como el programa de crédito de consumo Apoyo Bolivia. Aunque se los califica de “muy accesibles”, espera, entre otros sectores, “fomentar el turismo”. Con crédito “muy accesible” espera lograr que 300.000 personas hagan turismo interno. Espera que funcionarios públicos programen sus vacaciones en los últimos meses del año. Supongo que se refiere a la época cuando la vacuna contra el Covid -19 haya llegado a Bolivia.

El turismo, como otros sectores industriales, comerciales y de servicio no puede esperar que el programa se reglamente, se inaugure en campaña electoral, y en un futuro incierto se inicie. Requiere de programas con dineros que deben salir lo más pronto posible del Banco Central. El segundo semestre de 2020 ya comienza, con cuatro meses de pandemia, cuarentena rígida y elecciones en medio, se asignan pocos recursos para impulsar la demanda agregada. No sólo no hay turistas, no hay gente que consuma, no hay gente que esté solícita a ir a un restaurant. Tampoco, se produce al mismo nivel que antes de 2014 y el desempleo está en aumento.

Si el Estado espera solucionar todo con crédito la economía no se recuperará. Hay que crear fondos que sean de más fácil erogación y esto sólo se puede hacer con una política monetaria flexible y acciones fiscales que superen la visión del fondo de emergencia, ejecutado en otras circunstancias muy distintas. Hoy Bolivia está en guerra contra el coronavirus y contra la recesión, pero no se dota todavía de las armas adecuadas que garanticen la victoria. 

Alberto Bonadona es economista.

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