Alberto Bonadona Cossío

Financiamiento familiar y estatal

sábado, 15 de mayo de 2021 · 05:10

Es sorprendente cómo gran parte de la ciudadanía se preocupa del financiamiento estatal. Conducta que, en sí, es positiva porque muestra un avance en el espíritu cívico de la ciudadanía. No obstante, no es siempre fundamentada en información completa acerca  del funcionamiento del gasto gubernamental. Se piensa que tanto los ingresos son como los gastos del Gobierno son como los de una familia. Se ha utilizado esta analogía por parte de académicos, comunicadores y políticos que el ciudadano común se la creyó a pie juntillas y la repite como una verdad revelada por la divinidad. Abre, así, la puerta a que el Estado encuentre amplia justificación a exigencias de austeridad que no se justifican en un momento como el presente.

 El Estado tiene muchas fuentes para financiar sus gastos. La gente cree que sólo puede hacerlo por medio de los impuestos o por medio de los créditos. Y asemeja estas fuentes a los ingresos de una familia y a los créditos bancarios personales.  Efectivamente dos maneras similares pero sólo en su apariencia porque son esencialmente distintas. Nadie puede cobrar impuestos a su vecino o a la tienda de la esquina para sobrevivir.

 El Estado sí tiene esa potestad y no es la única. Puede también prestarse de los ciudadanos por medio de la emisión de bonos (títulos de deuda que emite el gobierno central, los municipios o el Banco Central), pero no ocurre ni puede ocurrir a la inversa. Y no se confunda con los otros “bonos”, que es dinero que el Estado reparte entre grupos necesitados.

 Tanto se cree en el financiamiento vía impuestos que se insiste, sin pensar a quién se afecta, en que todo el mundo debe pagar impuestos como un mandamiento irrefutable. En una sociedad tan pobre, como la boliviana, en la que más del 80% se gana la vida informalmente, este imperativo pierde validez. Este grupo es el mayoritario de la fuerza de trabajo de la economía y logra una remuneración que apenas le alcanza para regenerar sus energías utilizadas cotidianamente. 

Muchas veces se argumenta que en ese grupo se esconden grandes contrabandistas, traficantes de cocaína, productores de coca y comerciantes. Lo que es cierto, éstos no aparecen en las planillas de asegurados de la Seguridad Social. Por supuesto, no pagan impuestos. Pero, son una ínfima minoría del total de informales del país que son millones (cerca de 4 millones de ciudadanos). 

Que aquellos deberían ser identificados y hacerlos pagar impuestos, ojalá, algún día. Pero tan sólo imaginarse en un aumento, aunque sea un mínimo impuesto, a ese cúmulo gigantesco de informales pobres es, simplemente, imposible. Políticamente es suicida y genocida.

 La otra vía que el Estado posee de lograr recursos es la de prestarse dinero. Pero las diferencias con los préstamos de los comunes ciudadanos son abismales. El Estado puede prestarse, como ya señalé, con la emisión de títulos de renta fija, o títulos de deuda, o sea, mediante bonos (a no confundir estos bonos con los otros de asistencia social). A tal punto puede hacer esto que utiliza el mercado internacional para lograr dinero y lo hace con los “bonos soberanos”. 

Soberanos porque tienen el respaldo de un Estado Nación. Si Bolivia logra los 3 mil millones de dólares, de acuerdo a la autorización otorgada al Ejecutivo para tal emisión, será de gran utilidad para respaldar la confianza en el Estado y evitaría que las reservas internacionales sigan desplomándose. Esto no lo puede hacer ninguna familia.

 También los Estados pueden desatar una inflación y así financiar sus deudas con dinero devaluado. Esta es la forma que desde la época feudal se utilizaba, con modificaciones, por supuesto, pero en lo esencial con la misma astucia de los señores feudales y por eso se llama señoreaje. En la actualidad la inflación es considerada un impuesto y verdaderamente se comporta como tal. Además uno de los más viles. El Estado boliviano podría desatar una inflación con tan solo devaluar la moneda nacional. Esperemos que este no sea el camino a escogerse. Pero, claramente, es una vía que el ciudadano común no puede utilizar para financiar su pan de cada día.

 La distinción clara de cómo una familia financia sus gastos y cómo lo hace un Estado, es de suma importancia para ubicarse en las posibilidades que el Estado tiene para impulsar la reactivación económica. En este momento, se debe tener una política fiscal expansiva. Quiere decir que el Estado debe aumentar el déficit fiscal y olvidarse de los límites que se colocan arbitrariamente en países desarrollados. Algo que, por cierto, las familias tampoco pueden utilizar para solventar sus gastos.

 

Alberto Bonadona Cossío es economista.
 

 

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