Alfonso Gumucio Dagron

No es su plata

sábado, 05 de octubre de 2019 · 00:11

El hombre del helicóptero sigue gastando la plata de los bolivianos, a un ritmo acelerado. Las aspas de la aeronave giran y los dólares vuelan. Desde su palacio de 28 pisos en la Plaza Murillo hasta la casa presidencial de San Jorge, o a su lujosa terminal aérea en El Alto, o a su palacio colonial en Sucre, o a su hacienda en el Chapare, o a los refugios secretos que utiliza para beber “a ocultitas” (según sus propias palabras), el hombre del helicóptero utiliza ese caro instrumento del poder como ningún otro presidente latinoamericano. ¿Quién paga ese lujo? Los bolivianos.

Pero el helicóptero, el avión o su museo personal en Orino-K, no son sino un botón de muestra del desvío de fondos del Estado en favor de un partido político, pero sobre todo en favor de una sola persona: el autócrata Evo Morales, que se aferra al poder como lo hicieron los dictadores africanos (Mugabe, Obiang, Biya, Campaore, etcétera), durante décadas hasta que algunos fueron derrocados por sus pueblos, mientras otros siguen amarrados al poder. 

Evo Morales utiliza los recursos del Estado como si fuera dinero de su billetera y no rinde cuentas a nadie.  Los funcionarios públicos que son cómplices de esos desembolsos irregulares son culpables por complicidad. No vale aquí la excusa de que reciben órdenes, sería como excusar a los burócratas del nazismo por enviar millones de personas a las cámaras de gas y luego decir: “yo solo cumplía con mi deber” (Eichmann). ¿Quién paga los sueldos de todos los ministros y otros funcionarios asignados abiertamente para dirigir la campaña de Evo Morales en diferentes departamentos de Bolivia?

La malversación de fondos del Estado sucede todos los días para complacer al cacique autoritario. Cuando los funcionarios públicos son obligados a asistir a las marchas con banderas azules y a firmar o sacarse selfies para   no quedarse sin trabajo, se está desviando fondos de los bolivianos para el aparato de propaganda del eterno candidato. Y cuando se utilizan aviones, helicópteros y vehículos de toda suerte que pertenecen al Estado, para movilizar a la gente en el tren de campaña electoral, se le está haciendo un daño económico irreversible al Estado, porque ese gasto nunca podrá recuperarse.

La entrega de obras, incluso las más pequeñas realizadas por las alcaldías, se ha convertido en la palanca de la campaña electoral. Evo Morales gasta más en desplazarse para inaugurar una cancha de fútbol o una escuelita, que el costo real de esas obras. Inaugura varias veces las mismas carreteras, en diferentes fases de construcción. Pone aquí y allá primeras piedras de edificaciones que nunca se terminan, o se terminan sin supervisión, y sin respetar las normas técnicas. Todo ello para hacer bulla en campaña electoral. 

A pesar de que hay cinco normas establecidas que prohíben claramente el uso de bienes del Estado en la campaña electoral, este cacique feudal que se cree dueño del país las ignora, se limpia con ellas. El artículo 235 de la Constitución, los artículos 125 y 126 de la Ley de Régimen Electoral, el artículo 9 del Estatuto del Funcionario Público, los artículos 41 y 45 del reglamento de Elecciones, entre otros, son violados todos los días por el “Jefazo”, para quien las leyes y reglamentos están allí para mofarse de ellos. Y el Tribunal Supremo Electoral, esa vergüenza que han copado por masistas, no dice nada. 

El dinero que gasta el Estado en la propaganda electoral del régimen no tiene precedentes en la historia de Bolivia.  Las cifras indican que el gobierno de Evo Morales, a través del Ministerio de Propaganda, ha gastado más que todos los gobiernos anteriores juntos en la historia de Bolivia. Es decir, la suma de la propaganda estatal de todos los gobiernos anteriores es menor a lo que ha gastado el régimen de Morales. 

Desde 2011 el canal nacional de televisión del Estado ha seguido los movimientos del megalómano día a día. Renovó equipos móviles para poder atender las necesidades del compulsivo viajero y asistir a todos los actos de proclamación electoral.  Transmitió en vivo sus partidos de fútbol, sus mismos discursos repetidos hasta la saciedad (llenos de mentiras), a un costo de 457 millones de bolivianos. Desde 2010 el gobierno central ha destinado a la publicidad la friolera de 5.395 millones de bolivianos. Es decir: dinero de los bolivianos desviado para la propaganda electoral de un candidato. 

Pero no solamente es el canal del Estado y el canal de propiedad personal de Evo Morales, Abya Yala (pagado con recursos del Estado), sino que todos los canales privados están sometidos por el gobierno a través de los inmensos recursos que reciben por la difusión de la propaganda electoral, disfrazada de “información sobre la gestión de gobierno”. 

El culto a la personalidad del autócrata boliviano no tiene parangón ni en la historia de Bolivia ni en otros países. En ninguna nación del mundo (salvo quizás Corea del Norte) se ve la cara del primer mandatario en todos los rincones del país y en todo lo que le pertenece al Estado y a los bolivianos. El sello con la cara del sátrapa aparece en todas las cabinas de teleférico, en todas las carreteras y hasta en los snacks que reparten en la línea aérea BOA. Es como si el megalómano fuera multimillonario que paga todo eso con recursos propios, cuando en realidad, usa el Estado como su caja chica. 

Ahora que ya no hay “gastos reservados”, la malversación y desvío de bienes del Estado se hace abiertamente a la luz del día, y los bolivianos, sometidos por la propaganda, bajan la cabeza. 

 

@AlfonsoGumucio es escritor y cineasta. 

 

Confidencial

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