Alfonso Gumucio Dagron

El gran chanchullo

sábado, 21 de septiembre de 2019 · 00:11

 Está en marcha un gran chanchullo, una gran trampa en las elecciones de octubre, para que gane la candidatura ilegal e ilegítima de Evo Morales. El gobierno se ha volcado en la campaña electoral, campaña sin interrupción desde hace 14 años. 

Todo el aparato del Estado ha sido succionado por el partido de gobierno, el MAS, para que los recursos públicos estén a disposición de la candidatura de Morales. Los ministros han sido asignados como “jefes de campaña” en los departamentos. Todos los funcionarios públicos deben dar aportes “voluntarios” de sus salarios y asistir a las proclamaciones, porque, si no lo hacen, pierden sus trabajos. 

Aviones, vehículos, obras municipales, se usan desde hace tiempo en la campaña electoral permanente del “jefazo”, para convencer a los ingenuos de que es un semidiós sin el cual Bolivia iría a la deriva. Los recursos públicos, es decir de todos los bolivianos, han sido avasallados y malversados por un partido político, y lo más insultante es el cinismo con el que se lo hace, sin disimulo y sin que las instituciones (in)competentes digan nada.

Además del desvío de fondos del Estado para la campaña electoral masista, está la sumisión de las instituciones, que, en lugar de garantizar un proceso electoral transparente, lo han viciado de tal manera que ya sabemos que trabajan para el MAS y no para el Estado, y menos para los bolivianos.

La primera institución violada es la Constitución Política del Estado, la misma que fue aprobada con fórceps en un cuartel militar, diseñada a la medida de Evo Morales, con trampas y votaciones a mano alzada, sin leer siquiera el articulado. Pues bien, esa CPE masista nacida en 2009, que limitaba a dos los mandatos presidenciales consecutivos, ha sido violada varias veces. Evo Morales impuso con trampas un tercer mandato, que es el que ejerce ahora con la pretensión de un cuarto turno en el poder. 

Otra violación flagrante es el Referendo Constitucional del 21 de febrero de 2016, que fue convocado por el propio Morales, muy seguro de que tenía todavía una mayoría de bolivianos en su favor. Incluso hizo declaraciones grandilocuentes: “Si pierdo por un voto me voy a mi qhatu en el Chapare con una quinceañera”. Pero el tiro le salió por la culata (por muchas quinceañeras que pasen por sus manos en el Chapare), pues la mayoría de los bolivianos votamos NO. Pero el resultado del referendo del 21F fue desconocido con argumentos pueriles: otra vez la voluntad mayoritaria violada. 

El gran chanchullo siguió con la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), conformado íntegramente por miembros o simpatizantes del MAS, quienes  se sacaron de la manga una carta tramposa para validar la candidatura de Morales y de su acompañante, el bachiller que quiso ser licenciado (haciendo trampa). Por supuesto, los miembros del TCP fueron debidamente premiados con cargos en el servicio exterior, y así confirmaron su nexo directo con el Poder Ejecutivo. 

Luego, la jugada cayó en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), otro poder avasallado por el MAS, con vocales sumisos que siguen instrucciones de la Vicepresidencia. El nexo con el Ejecutivo sigue siendo el vocal que redactó la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), quien se disfrazó de independiente durante un tiempo.

Sabemos que 20 de los 45 vocales de los Tribunales Electorales Departamentales (TED), fueron funcionarios del gobierno y ahora son funcionales al MAS. El TSE no ha puesto reparos, todo lo contrario, para que Evo Morales –y todo su aparato electoral– utilice bienes del Estado para hacer propaganda. Cada entrega de obras es un acto de campaña cuyo costo pagamos todos. 

Todo se hace para favorecer al MAS, incluyendo los empadronamientos irregulares, las amenazas de los “movimientos sociales”, o la derogatoria de la propaganda gratuita en los medios de información, que podría equilibrar las diferencias entre los contendientes. Ahora, por la angurria de los propios medios de información que así quisieron, sólo el MAS tendrá las posibilidades de pagar (con el dinero que saca de las arcas del Estado), y los demás candidatos tendrán que vender la vajilla de la abuela (si tienen vajilla y tienen abuela), para pagar los altísimos costos de la propaganda. 

No le basta a Evo Morales malversar desde 2011 casi 500 millones de bolivianos para transmisiones en vivo de sus múltiples apariciones en todos los rincones del país. El canal de TV del Estado convertido como nunca antes en un canal unipersonal, al servicio del eterno candidato, y todos los demás canales dependen de la propaganda del Ministerio de Comunicación, pagada por todos nosotros.  

Así vamos, con un presidente que le roba al Estado para impulsar su candidatura, y con medios privados y empresarios que le hacen el juego a Evo Morales porque les garantiza prebendas y un espacio sin leyes para hacer lo que les viene en gana.

 
@AlfonsoGumucio es escritor y cineasta.

Confidencial

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