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Poder sin saber

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domingo, 04 de marzo de 2018 · 00:05

Generalmente, la gente no confía el futuro de sus hijos e hijas a profesores deficientes. Hace enormes esfuerzos económicos para enviarlos a una buena escuela y, luego, a una universidad de excelente nivel porque sabe que es una inversión a futuro con réditos seguros, salvo que los hijos sean flojos, o la familia carezca de posibilidades económicas reales o menosprecie la educación como vía para salir de la pobreza, tener autoestima, calidad de vida y ser feliz.

Contradictoriamente, esa misma gente que exige educadores de calidad para sus descendientes, deposita el futuro de sus familias y del país (no sólo siquiera de sus hijos) en manos de políticos que buscan poder, pero sin saber.  

Aunque la historia narra que poder y saber no siempre se juntan en un político, hay excepciones; sin embargo, gran parte de los electores no entrega el porvenir de la sociedad -por tanto de todos- a las excepciones, sino a las personas que les sobra osadía para buscar un cargo público y les falta conocimientos para desempeñarlo. Este fenómeno no sólo abate a países con bajos niveles de educación, también a Estados desarrollados, aunque en éstos no es una regla.

¿Por qué las sociedades rifan su futuro entregándolo a gente ignorante? ¿Por qué no exigen como Saint Simón un gobierno de científicos? O ¿por qué no proponen como Aristóteles un gobierno de sabios (de filósofos)? 

Es muy difícil responder a esas preguntas sin caer en sospechas antidemocráticas cuando la máxima de la representación fiduciaria o delegada se resume a: todos tienen derecho a elegir y ser elegidos. Así, es democrático que una persona con deficientes niveles de conocimientos y pobres saberes sea elegida como representante de miles de personas que sí tienen un nivel de educación forjado con esfuerzo propio.

Empero, la misma democracia impone determinadas condiciones para algunos cargos. Por ejemplo, para ser magistrado se debe contar con títulos académicos y una dilatada carrera profesional. Pero la gente que selecciona a estos expertos (a veces en teoría), me refiero a senadores y diputados, no cumple requisitos de formación para no alterar el principio de representación.

Tampoco hay un tamiz de excelencia para alcaldes y concejales, que no sólo administran los recursos económicos del municipio, sino el porvenir y la vida de miles de vecinos. La nula formación y deficiente solvencia profesional de estos representantes ha encarrilado la democracia en la ruta de la oclocracia, particularmente  en decenas de municipios rurales. Nada sería eso, el ejercicio de la representación y decisión ha sido cedido a los asesores, quienes casi siempre son el reflejo del titular que los contrató.

He ahí una de las razones por las cuales la administración en decenas de municipios es desastrosa y la corrupción, alarmante. Otra vez la pregunta: ¿por qué la sociedad entrega el futuro de sus familias a gente incapaz? 

Una hipótesis que casi termina en tesis fue: la gente con título académico también es deficiente y corrupta; ante tal situación, “los indígenas (sin formación académica) son la reserva moral de la humanidad (la solución)”. 

Otra respuesta tentativa está vinculada al siguiente razonamiento: los electores buscan representantes que se les parezca antes que representantes capaces. Una tercera respuesta puede ser: los electores quieren delegados que preserven sus intereses de grupo más que representantes que defiendan los intereses y necesidades nacionales.

¿Cuál la solución sin transitar de la democracia hacia la aristocracia? ¿Mejorar la formación del electorado? Puede ser. Un elector con mayor cultura política elegirá representantes también de buen nivel; en consecuencia, obligará a los postulantes a cargos públicos a exigirse para llenar las expectativas de los gobernados. 

Entonces, el electorado confiará el futuro de sus hijos a excelentes profesores y el de su familia y el país, a políticos de gran nivel, y rechazará demagogos que cabalgan sobre la ignorancia, la prebenda y el clientelismo para reproducirse en el poder por encima del imperio de la ley y de los acuerdos sociales.

Andrés Gómez Vela es periodista.

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