Andrés Gómez Vela

La injusticia llamada justicia

domingo, 22 de agosto de 2021 · 05:11

Juan Méndez, Julian Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá dijeron el martes pasado a los bolivianos que hubo graves violaciones a los derechos humanos (DDHH) en las gestiones presidenciales de Evo Morales y Jeanine Añez, pero que dudan que haya justicia para las víctimas y castigo para los responsables porque en Bolivia no hay justicia.

El Informe elaborado por los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ubicó la causa de la crisis de 2019 y las consecuentes graves vulneraciones de DDHH en la violación de la Constitución, cometida por las autoridades obligadas por ética a respetarla (Evo Morales y Álvaro García), y en la injusticia perpetrada por los árbitros (magistrados del Tribunal Constitucional, vocales del Tribunal Supremo Electoral, fiscales y jueces) obligados a cuidar el sistema democrático.  

En el capítulo 4.A del documento: “funcionamiento del sistema de justicia”, el GIEI concluye, en mis términos, que: 1) la administración de justicia está sometida al gobierno de turno, 2) fiscales y jueces son un instrumento de persecución política, 3) la prisión preventiva es la regla para los enemigos del régimen, y 4) la expresidenta Añez aprobó un decreto de la impunidad para las FFAA y el presidente Luis Arce aprobó otro decreto de la impunidad para blindar al expresidente Morales, dirigentes, militantes y afines al Movimiento al Socialismo (MAS), sindicados de cometer graves violaciones a los DDHH.

De las cuatro deficiencias señaladas por el GIEI, la falta de independencia de la administración de justicia es la causa del mal causado a los bolivianos que no pertenecemos a ninguno de los bandos polarizados y sólo queremos vivir en paz.

Expongo las pruebas:

1) Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Macario Lahor Cortez, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Ruddy Flores y Neldy Andrade violaron la Constitución y usurparon funciones de intérpretes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para habilitar a una cuarta postulación a Morales y García.

Si estos seis ciudadanos hubiesen sido independientes del MAS, hubieran hecho respetar la Constitución y la voluntad del pueblo (Referendo 21F). De ese modo, hubieran frenado las pretensiones tiránicas de los exgobernantes; entonces, hubieran salvado las vidas de los 37 bolivianos que murieron en las masacres de Senkata, Sacaba, y en los hechos de Montero y otras partes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo recién a esos seis magistrados, a través de una opinión consultiva, que obraron muy mal. 

2) Los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, Ildefonso Mamani, Lucy Cruz y Lidia Iriarte violaron la Constitución, el mandato del pueblo expresada en el referendo del 21F y la ley del sentido común para habilitar a los candidatos del MAS. Si estos cuatro ciudadanos hubiesen servido sólo a la Ley y no a un jefe político, hubieran frenado a Morales y García y, en este momento, no habría  ni viudas, ni huérfanos, y ni madres ni padres llorando por sus hijos.

3) El Ministerio Público incumplió su misión Constitucional de promover justicia y defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad al no haber investigado los hechos sucedidos en septiembre y octubre de 2019.

Si la Fiscalía fuera independiente del masismo, investigaría a Morales y García por violar la Constitución y vulnerar DDHH y no tendría la idea de que “las víctimas son las de nuestra identidad política, mientras que las identificadas con el adversario lo son menos o no requieren atención”. Si la fiscalía fuera autónoma, no habría perseguido primero a los izquierdistas y después que los masistas volvieron al poder, a los derechistas.  

4) Los jueces que conocieron los casos derivados de la crisis política de 2019 incumplieron su mandato de hacer justicia y evitar las vulneraciones de derechos humanos. Si aquellos fueran independientes, habrían impedido los abusos de fiscales y frenado la detención preventiva como regla para los enemigos del régimen de turno.

¿Viste cuán determinante es la independencia de poderes y de la administración de justicia para frenar a un tirano, salvar vidas y evitar violaciones de derecho humanos? He ahí la importancia de entender la democracia como un sistema de frenos, pesos y contrapesos. Si hubiese habido independencia de poderes en el Estado Plurinacional, nunca hubiese llegado un GIEI para dar recomendaciones obvias.

¿Cumplirá el gobierno de Lucho las recomendaciones? Hasta ahora, las señales del MAS son contrarias y están dando la razón a Juan, Julian, Magdalena, Marlon y Patricia que dudan que haya justicia para las víctimas de los gobiernos de Morales y Añez mientras la justicia siga bajo el férreo control del régimen de turno.

Andrés Gómez Vela es periodista.

AVISO IMPORTANTE: Cualquier comunicación que tenga Página Siete con sus lectores será iniciada de un correo oficial de @paginasiete.bo; otro tipo de mensajes con distintos correos pueden ser fraudulentos.
En caso de recibir estos mensajes dudosos, se sugiere no hacer click en ningún enlace sin verificar su origen. 
Para más información puede contactarnos

100
4

Otras Noticias