Columna vertebral

Jonathan y el subteniente

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domingo, 03 de junio de 2018 · 00:08

La trágica muerte de Jonathan Quispe no es ya una excepción en la secuela de actos represivos del gobierno del presidente Morales en sus larguísimos años de gestión; se está convirtiendo en una dramática regla cuando se producen movilizaciones en contra de su poder discrecional. En este caso en el que la muerte del joven universitario fue el producto de una acción represiva para controlar el orden, las autoridades, en particular el ministro de Gobierno, Carlos Romero, se empeñaron en tratar de demostrar que Jonathan había caído víctima de una canica, que había sido lanzada nada menos que por sus propios compañeros, con oscuras intenciones de cobrar una vida propia para convertirla en bandera política.

 La acusación era muy grave y, dadas las inverosímiles explicaciones “técnicas”, la inmensa mayoría de la opinión pública tardó muy poco en desconfiar de tal aserto. Como había ocurrido dos años antes tras la terrible muerte de seis funcionarios de la Alcaldía de El Alto, quienes detentan el poder acusaron a la propia Alcaldía conducida por Soledad Chapetón de ¡ser culpable! de esas muertes, a todas luces provocadas por hordas oficialistas que provocaron un incendio criminal en el edificio edil que atrapó a las víctimas. El mundo al revés en el que vive este Gobierno funcionaba para tapar las responsabilidades de sus militantes. Esta vez, sin embargo, el tamaño de la mentira no resistió. Romero llegó al extremo de advertir con medidas judiciales a quien acusara al Gobierno de tener responsabilidad en esa muerte ¿Nos estaba diciendo a todos que -igual que con la burla flagrante a la soberanía popular expresada en el NO del 21F-, hay una CPE para el común de los mortales y otra no escrita para quienes detentan el poder?

 Ocho días después de la muerte de un inocente de apenas veinte años, el Gobierno salió con una nueva versión. Si desde el principio su objetivo era librarse de toda responsabilidad, en este caso pretende decirnos a todos que un subteniente de policía identificado sólo por sus iniciales (esto de las iniciales se está convirtiendo en un expediente muy cómodo para descargar en terceros cualquier tipo de acusación), actuó por decisión propia, solo.

 Los miembros de este régimen que cuando estuvieron en la oposición acusaron siempre, cualquiera fuera la gravedad de lo ocurrido, a las máximas autoridades de los gobiernos que enfrentaban, nos dicen ahora que un oficial de la Policía, cuerpo uniformado del Estado organizado para hacer uso razonable de la fuerza, que responde a una estructura vertical y disciplinada cuya cabeza es la cúpula que la dirige y cuyo mando supremo en casos como éste está bajo la dirección de la cartera de Gobierno, actuó al margen de esa estructura y que, por esa curiosa e inexplicable razón, debe cargar con el cien por ciento de la responsabilidad, eximiendo de ella a quienes le dieron la orden de salir a la calle junto a otros muchos policías para reprimir las acciones de los estudiantes de la UPEA…

 Pero sucedió algo más grave todavía, durante una semana se fabricaron teorías y se hicieron afirmaciones sobre las supuestas razones que provocaron la muerte de Jonathan y quien la sostuvo y defendió como si se tratasen de verdades incontrastables fue la máxima autoridad del ramo, el ministro de Gobierno, quien dijo: “la muerte ha sido provocada por una canica de vidrio que ha sido disparada con un petardo que han utilizado los manifestantes… acaba de esclarecerse la causa del fallecimiento del estudiante Jonathan Quispe”.

 Cuando cambió su versión y admitió que el disparo que mató a Jonathan provino de la Policía, “pide disculpas” por sus antojadizas versiones anteriores. De nuevo, y ya es moneda corriente en la administración de Morales, las autoridades responsables descargan todo el peso de sus actos en una “cabeza de turco”, en este caso un oficial de rango menor y “aquí no ha pasado nada”. Sí ha pasado. Romero es responsable de dos cosas que en un país democrático sólo tienen un desenlace. La primera, la muerte de Jonathan. Si se ha juzgado a autoridades políticas por emitir un decreto que autorizó a las Fuerzas Armadas a controlar el orden constitucional, lo que produjo muertes, ¿por qué en este caso debiera actuarse de modo diferente? La responsabilidad política es del ministro encargado de la preservación del orden.

 La segunda, el Ministro ha mentido al dar versiones inventadas sobre los móviles y las armas caseras que supuestamente produjeron la muerte del joven. ¿Tal mentira se soluciona pidiendo disculpas? No, se soluciona presentando la renuncia al cargo por la gravedad de ambas acciones.

 No va a ocurrir, porque vivimos en el mundo al revés. En ese mundo bizarro de este gobierno el subteniente de las iniciales es el responsable de todo lo ocurrido. Es lo que sucede en este caso como en tantos otros en los que la CPE vale tanto como las pesadillas de quienes no pueden despertarse aún para librarse de ellas.
    
Carlos D. Mesa Gisbert fue presidente de Bolivia.

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