Carlos D. Mesa Gisbert

Una decisión equivocada

domingo, 26 de enero de 2020 · 00:08

El 12 de noviembre de 2019, después de dos días de incertidumbre y zozobra en el periodo de acefalía más largo que vivimos desde 1880, Jeanine Áñez se posesionó como Presidenta. Una declaración del Tribunal Constitucional avaló la impecable legalidad del mecanismo de sucesión constitucional contemplado en el artículo 169 de la CPE, que ella representaba como una de las vicepresidentas de la Cámara de Senadores ante la dejación de sus cargos de las cuatro máximas autoridades del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

 La reacción inmediata de Evo Morales, que no sólo había renunciado a la presidencia, sino que la había dejado vacante al pedir asilo a México y abandonar el país, fue la de afirmar que se había producido un golpe de Estado. Esa falacia fue respaldada por la red de los populismos de “izquierda” del mundo en el ámbito mediático, intelectual y político. Los millones de conciudadanos, víctimas del gigantesco fraude electoral organizado y dirigido por Morales, que luchamos democráticamente durante más de un año y 21 días hasta conseguir su renuncia, denunciamos esa mentira y afirmamos, dentro y fuera de Bolivia, que tal teoría no se sostenía.

 En ese contexto, si hay algo claro e incuestionable referido al gobierno de la Presidenta es su carácter de transición. Dos son los hechos que condicionan su gestión: el fraude electoral que le arrebató al pueblo boliviano el libre ejercicio de su soberanía y la renuncia y posterior vacancia del cargo que dejó Morales. Tales acontecimientos marcaron con exactitud lo que tenía que hacer esta administración: convocar a elecciones, realizarlas y entregar el mando al legítimo ganador. Ese mandato tiene el requisito imperativo de la neutralidad absoluta, no sólo de la Presidenta, sino del gobierno en su conjunto y conlleva la obligación de garantizar que no se usarán ni directa ni indirectamente recursos económicos, materiales y mediáticos del Estado en favor de ningún candidato.

 Un gobierno de transición con una responsabilidad tan específica, no debe ir más allá de ese objetivo, salvo la administración del día a día y la toma de medidas para resolver eventuales situaciones políticas, económicas y sociales de emergencia.

 

El encargo que le ha dado el pueblo boliviano se ha traducido hasta hoy en una Ley de convocatoria a nuevos comicios, en la elección de un Tribunal Supremo Electoral transparente que ha fijado las fechas del calendario electoral y en la prolongación del mandato del Ejecutivo y el Legislativo para lograr su único objetivo. Demás está decir que dicha tarea sólo estará completada el día de la transmisión del mando en las condiciones anotadas.

 

La tesis del golpe de Estado se basa en la idea de que quien lo dio usa la sucesión constitucional como una excusa para hacer realidad su verdadera intención: apropiarse del gobierno en el largo plazo como quien se apropia de un botín.

 

Los mediadores en la crisis, la Iglesia Católica y la Unión Europea, partieron de una premisa básica que no es otra que el espíritu de la sucesión constitucional. La refrendaron porque era indispensable que se cumpla el objetivo único de administrar el proceso electoral, asumiendo, por supuesto, que la Presidenta no aprovecharía en su favor sus meses de gobierno para promover una candidatura personal y dejar de ser juez para convertirse en parte, lo que destruiría su legitimidad y la del proceso que preside.

 

A pesar de todas estas evidencias, la Presidenta ha anunciado que será candidata. Es una decisión que equivale a jugar con las cartas marcadas. Sin su llegada a la primera magistratura y el ejercicio presidencial, no se habrían dado ninguna de las condiciones para tomar esta decisión.

 

Pero algo más grave, lo que está en juego es la imagen internacional del país y la de quienes hemos luchado con convicción democrática en defensa de la soberanía popular. Una candidatura de la Presidenta desbarata su rol histórico y la credibilidad de la transición. No hace otra cosa que avalar las afirmaciones del expresidente huido y del coro que le hace eco, de que en Bolivia sí hubo un golpe de Estado.

                        El compromiso histórico de Jeanine Áñez es de fondo y de forma, de legalidad y legitimidad, que se trunca cuando, vulnerando el mandato que le ha dado el pueblo boliviano, decide dejar de lado su responsabilidad principal, abandona la neutralidad y deslegitima el único motivo por el que ocupa el cargo que asumió hace algo más de dos meses.

Carlos D. Mesa Gisbert fue presidente de Bolivia.

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