Hablando de energía

La semana de la verdad

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sábado, 11 de agosto de 2018 · 00:09

La magnitud de las reservas recuperables de gas natural es un dato nacional muy importante. Este Gobierno lo maneja políticamente, en forma confusa y arbitraria. Otro tanto está sucediendo con el uso del concepto mismo de reservas recuperables.

En la industria de hidrocarburos, cuando se encuentra un yacimiento, después de haber perforado el suficiente número de pozos, se logra calcular las reservas existentes in situ. Por las características del yacimiento y con la experiencia en miles de otros casos similares, se establece el volumen de ese recurso que puede ser producido, y utilizado en condiciones de precio aceptable y con la tecnología actual. Esas reservas se denominan “las reservas recuperables”.

En todos los casos, en la industria, no se ha podido recuperar más del 60% de las reservas in situ en los yacimientos de gas natural. Como la información de las reservas recuperables es indispensable para financiar cualquier proyecto relacionado a un campo productor, las instituciones financieras mundiales exigen que los volúmenes de esas reservas recuperables sean certificados por una tercera parte. Una empresa especializada en cuantificar y certificar reservas.

Una breve historia. En 1970 se estableció que YPFB anualmente informe sobre la cantidad de reservas recuperables que se conocían. Esta resolución, originalmente de la entonces Dirección General de Petróleo, fue recogida en la legislación posterior, Ley General de Hidrocarburos, Ley 1689 y la actual 3058.

El procedimiento normal es contratar, por tiempo determinado, una compañía especializada en certificación de reservas. Esta consultora termina su informe, lo somete en borrador al cliente para alguna información pertinente y después entrega el informe oficial para los fines que el cliente estime necesario.

Este Gobierno, desde su inicio, ha tenido una relación conflictiva con el concepto de reservas y certificación de las mismas. En 2006, a los pocos meses de hacerse cargo de la conducción del país, los bisoños y noveles conductores de YPFB recibieron el informe preliminar de la evaluadora DeGolyer & MacNaughton (DM), que para su gran sorpresa mostraba cifras de reservas recuperables al 31 de diciembre de 2005 inferiores a las de 2004. La euforia “revolucionaria” de los directivos de la industria interpretó ese descenso de cifras como un franco atentado al régimen de cambio que se estaba iniciando. Se armó un alboroto de rechazo, sosteniendo que la firma consultora, los años anteriores, había estado inflando cifras para beneficio de las empresas en las bolsas de valores.

Se canceló el contrato y despidió a la firma DM, sin tomar en cuenta que había sido elegida en una licitación internacional y que DM es una de las firmas de gran prestigio en esa materia, al punto tal que cuando la Unión Soviética se convertía en la Federación Rusa, eligió sus servicios para que ordenara los diferentes sistemas de cálculo y control de reservas de sus campos.

Las autoridades nacionales no conocían o no querían aceptar que las bolsas de valores, fundamentalmente de Nueva York, estaban instituyendo grandes cambios en los sistemas de cálculo de reservas. Los efectos se sintieron inmediatamente. Por ejemplo sólo Shell disminuyó un 20% de sus reservas.

Siguieron varios años de silencio oficial al incidente anterior. En 2010, el Gobierno publicó un informe de reservas certificadas por una consultora, mostrando cifras aún menores a las esperadas. Lo anterior motivó nuevamente un silencio. En 2013 publicó el último informe con reservas a diciembre de 2012.

Durante estos años, el Gobierno ha infringido la Ley 3740 que le instruye publicar anualmente las reservas oficiales. Durante todo este tiempo ha dado la impresión de que trataba de hacer coincidir un descubrimiento importante con la publicación de reservas para así tener cifras mayores a las anteriores, y borrar las críticas a su fracasado plan de exploración.

El Gobierno ha contratado al consorcio extranjero Sproule International Ltd. para certificar las reservas al 31 de diciembre de 2017. El informe preliminar ya ha sido discutido. El informe final está listo para su difusión, pero todo indica que el Gobierno pretende diferir esa publicación hasta tener resultados del pozo Boyuy X2 que Repsol está perforando. El Boyuy X1 fue perforado por YPFB en 1977. El informe abarcará hasta diciembre de 2017 y los resultados del Boyuy X2 serán emitidos en 2018.

Aparentemente, desligándose de ese mal político, el actual Presidente a.i de YPFB ha anunciado a la prensa que se publicará el informe de reservas en la primera semana de agosto. Si hasta la publicación de esta nota no lo ha hecho, al igual que sus predecesores, habrá faltado a lo comprometido para la semana de la verdad, incumpliendo su palabra y seguirá rompiendo la ley.


Carlos Miranda Pacheco es ingeniero, experto en hidrocarburos

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