Carlos Miranda Pacheco

Las nacionalizaciones del petróleo en Bolivia

viernes, 18 de octubre de 2019 · 00:13

La insistencia del actual gobierno en llamar “nacionalización” a las medidas que tomó en 2006, en los hidrocarburos, ha trascendido nuestras fronteras y organismos especializados del exterior consultan si Bolivia que, era llamada un país con dos nacionalizaciones del petróleo, ahora tiene tres.

Estas noticias me llegan justo el 17 de octubre, cuando se cumplen 50 años de la nacionalización de Bolivian Gulf Oil Co. (Bogoc), sucursal de Gulf Oil Co. La única verdadera nacionalización del petróleo en el país.

Como todavía estamos a dos días de acudir a las urnas, creo conveniente hacer unas aclaraciones para que la gente que tenga interés en este tema esté mejor informada.

En la industria petrolera se considera que un país ha decidido nacionalizar la industria cuando el gobierno confisca los bienes y activos de las compañías extranjeras que operan en el país, y se compromete a una indemnización por los efectos de las medidas. 

En nuestro caso, de las tres llamadas nacionalizaciones, tan sólo con Bogoc se ha seguido el curso señalado anteriormente. Veamos:

En 1936, una sucursal de Standard Oil de Nueva Jersey operaba en Bolivia. El gobierno la sancionó con la confiscación de sus  bienes y activos,  y expulsión del país por infracciones a la Ley de Hidrocarburos vigente en esa época. El aparato propagandístico  de la compañía matriz convenció a la opinión pública mundial de que había sido arbitrariamente nacionalizada.

El 17 de octubre de 1969, con el DS 8956, Bogoc fue nacionalizada con la seguridad de que se le pagaría la respectiva indemnización por los efectos de la medida.

En mayo de 2006, el actual gobierno adoptó una serie de medidas que llamó “la nueva y definitiva nacionalización de los hidrocarburos”. El DS 28701, en forma resumida, establecía la venta del 51% al Estado de las acciones de las compañías capitalizadas, que toda la producción de gas sea comercializada por YPFB y que se firmen nuevos contratos con las compañías extranjeras operando en el país. En síntesis: todo lo anterior estaba ya indicado en la Ley 3058. 

No hubo ninguna confiscación y menos compromisos de indemnización. El nombre de “nacionalización” fue utilizado para recalcar el efecto político publicitario que se buscó al lanzar esas medidas un 1 de mayo.

En el caso de Bogoc, YPFB se hizo cargo de las operaciones e instalaciones de la compañía. Gulf, por su lado, suspendió las entregas de petróleo en Arica a partir de ese día. Se invocó la Enmienda Hickenlooper, bloqueando las exportaciones hasta que se acuerde la indemnización. Gulf, en su calidad de operador de la firma Yabog, que tenía el contrato de venta de gas a Argentina, notificó su retiro del mismo y suspensión de sus garantías con el Banco Mundial; suspensión de pagos a la compañía constructora del gasoducto y a la proveedora de tubería. 

Bolivia contrató una consultora francesa independiente, con la cual se fijaron los términos iniciales de la indemnización y, al mismo tiempo, el gobierno retomó la negociación con el Banco Mundial para el financiamiento de todo el proyecto de exportación de gas a Argentina, y continuación de la construcción del gasoducto, que ya había sido iniciada. 

Después de intensas y laboriosas negociaciones, que duraron más de un año, se acordó la indemnización de 101 millones  de dólares, a los cuales se les gravó un impuesto del 22%, resultando el pago neto 78 millones de dólares.

Para pagar la indemnización al Banco Mundial y otros acreedores, el Estado nacional adoptó la política general que “del mismo cuero salen las correas”. Por este motivo el acuerdo final contemplaba que un porcentaje de los ingresos por exportación de petróleo y gas de los campos nacionalizados fueran destinados para todos los pagos. El First National City Bank fue escogido como fideicomisario. Se programó 20 años para el pago total. La subida de los precios internacionales del petróleo hizo posible que se realice en tan sólo siete años y medio. 

Como los resultados fueron exitosos para todas las partes, la seriedad de los acuerdos del país gozó de la confianza mundial.

La Ley General de Hidrocarburos que se promulgó para el manejo de la industria petrolera nacionalizada tuvo también una aceptación mundial. La gran modalidad de esa ley fue que la palabra “concesión” dejó de existir en nuestro ambiente jurídico y fue reemplazada por contratos entre compañías y YPFB. El éxito fue total, porque decenas de compañías internacionales hicieron fila para obtener áreas bajo contrato en Bolivia.

En gran síntesis: el país ingresó al mundo del gas natural con una imagen impecable de seriedad en el cumplimiento de sus compromisos y un gran interés de inversión extranjera para la exploración. En cambio, las llamadas nacionalizaciones de 1936 y la del 2006 han dejado como herencia una gran desconfianza de inversión en la búsqueda de hidrocarburos en el país.

El llamar nacionalización a las medidas adoptadas en mayo de 2006 es un error, pero el indicar que gracias a esa “nacionalización” subieron los precios de los hidrocarburos que dieron al país un bienestar económico por varios años, no se correcto. Es malintencionada demagogia.

Carlos Miranda Pacheco es ingeniero y analista energético.

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