Carlos Miranda Pacheco

53.000 millones de dólares

viernes, 14 de junio de 2019 · 00:12

El Ministerio de Hidrocarburos, con publicación en Pagina Siete “La verdad sobre Boyuy y el Hallazgo del Huamampampa Kipe”, el 2 de junio de 2019, ha dado a conocer que desde mayo de 2006 hasta diciembre 2018, por la venta de gas natural a Brasil y Argentina, hemos percibido 53.000 millones de dólares. De ese total, también se informa que la renta petrolera ha llegado a  38.000 millones de dólares.

Cifras impresionantes a las que no estamos acostumbrados. ¿Verdad, estimado lector?, no obstante que en nuestro territorio se ha producido cantidades casi inverosímiles de otros recursos naturales no renovables. Así, tenemos la plata que suministraba el Cerro Rico de Potosí por cinco siglos. Lamentablemente, no se pueden dar cifras concretas por el tiempo transcurrido y la forma de explotación, que a veces era al margen de los controles de la Corona. 

La Guerra de la Independencia, en cuestión de minería, significó el traspaso de manos de españoles nacidos en España a españoles nacidos en América, los criollos. Desgraciadamente, tan sólo hubo un traspaso de manos, porque la terrible esclavitud en que vivían los quechuas y aymaras, quienes realizaban la explotación del cerro, continuó por largo tiempo. 
A fines del siglo XIX, la aparición de una nueva y moderna minería para explotar estaño desplazó a la de la plata. En Bolivia se encontraron los mejores yacimientos del mundo y se instalaron las minas más modernas y eficientes para la explotación de ese mineral. De esa forma, de 1900 a 1946, hemos exportado 1.242.810 toneladas finas de estaño (Balance de la experiencia socialista boliviana, Julio Alvarado. Madrid, 1969), que a la cotización actual dan la suma de 10.769 millones de dólares. Los actores principales de esa época del estaño, conocidos como los Barones del Estaño (Patiño, Hochschild y Aramayo), manejaron esos  inmensos ingresos de dinero en beneficios personal y/o corporativo, sin tomar en cuenta intereses nacionales.

En gran diferencia con la minería, desde 1952, los legisladores petroleros adoptaron el concepto de que los ingresos de la industria fueran destinados al crecimiento y diversificación de nuestra economía. Desde la Revolución Nacional todos los que hemos intervenido en la redacción de leyes del petróleo, lo hemos hecho con la intención y esperanza de que el documento legal que estábamos preparando sirva para atraer inversiones que permitan lograr grandes descubrimientos de hidrocarburos, que al comercializar los excedentes del consumo propio permitan generar también grandes sumas para el desarrollo económico y social de nuestro país.

Durante las dos décadas del siglo XXI que están concluyendo, coincidieron una serie de condiciones muy favorables para tener ingresos petroleros que permitan transformar nuestra economía. Hemos ingresado a este siglo con una Ley de Hidrocarburos que destinaba al Estado el 50% de los ingresos por exportación, contando con un gran contrato de exportación de gas natural al Brasil hasta 2019. 

En estos años pasados, también China Popular aceleró su economía para mejorar las condiciones de su pueblo. Esta decisión significó el aumento de las compras en bienes y materias primas de ese país que se producían en países en desarrollo como el nuestro, al igual que los precios de la energía. Los precios de exportación de gas a Brasil estaban referidos a los precios internacionales del petróleo, que alcanzó a más de  100 dólares/barril. Por último, a nuestro país se le presentaron todas esas condiciones favorables coincidentes con un cambio de gobierno vigente por los últimos 14 años.  

En suma, todas las anteriores condiciones eran favorables y difícilmente se repetirán en un próximo futuro para destinar fondos de los ingresos por hidrocarburos para el desarrollo nacional. Los  38.000 millones dólares que el Gobierno ha manejado a su entera disposición, debían haber sido más que suficientes para iniciar uno o más proyectos de gran envergadura que permitan transformar nuestra economía.

Por todo lo anterior, bienvenidas las elecciones del próximo octubre. El gobierno, cuyo periodo se termina, tiene la obligación de informar a toda la ciudadanía el uso que se ha dado a esos ingentes ingresos petroleros, sobre todo en proyectos de índole nacional que cambien nuestra economía. En caso de lograr el suficiente voto ciudadano para continuar en el poder, debe comprometerse a informar periódicamente del avance de los proyectos antes mencionados. 

La oposición, en su búsqueda del apoyo ciudadano mayoritario, debe comprometerse a que si logra ese apoyo, después de una rápida investigación del uso que se ha dado a los  38.000 millones dólares, invertirá también los excedentes petroleros en proyectos de índole nacional.

 

Carlos Miranda Pacheco es ingeniero y experto en hidrocarburos.

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