Juan Del Granado
Abogado, fue parlamentario y Alcalde de La Paz
lunes , 15 de agosto de 2022 - 04:04

3% para un servicio judicial digno

¿Está usted de acuerdo con una reforma parcial de la Constitución que cambie la administración de justicia dándole al Órgano judicial un presupuesto mínimo del 3% anual del Presupuesto General del Estado, con un renovado Consejo de la Magistratura que administre eficientemente esos recursos, junto a la carrera judicial?

Esa es la 2da pregunta de los Juristas Independientes para el Referendo y la reforma de nuestra administración de justicia que, entre sus carencias, tiene un presupuesto exiguo, menor al 0.5% del Presupuesto General. Constitucionalizar el 3% de presupuesto judicial, junto a la “renovación” de sus administradores, tiene los siguientes fundamentos:

1.- Reforzará la independencia del Órgano judicial, haciendo de la asignación constitucional presupuestaria un mínimo no negociable con el Órgano Ejecutivo y Legislativo, como ocurre hasta hoy, donde los “techos presupuestarios” fijados por el ministerio de finanzas y luego aprobados por la Asamblea son otro mecanismo para lograr obediencia de los jueces.

2.- Cualificará el servicio judicial porque, pese al descrédito de los jueces, es imprescindible incrementar los recursos judiciales para incrementar el número de jueces y fiscales que hoy apenas llegan a 1.600 en todo el país, mejorar los sueldos especialmente de los niveles intermedios y dotar de infraestructura y medios de trabajo. El servicio judicial se lo presta en condiciones miserables y es un aliciente permanente para la retardación de justicia y la corrupción.

3.- Ante la carencia de datos que no existen o se ocultan en el Consejo de la Magistratura, el 3% es un mínimo estimado a partir de requerimientos anteriores y nunca atendidos del Órgano Judicial, y de una media regional que va desde el 2% en el Paraguay al 6% en Costa Rica. Su constitucionalización es una recomendación expresa tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano.

4.- El presupuesto asignado al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional este 2022 alcanza apenas a 1.135 millones de Bs. equivalentes solo al 0.37% de todo el presupuesto nacional que asciende a 305.000 millones de Bs. Todo el “sector justicia” que además comprende a la Fiscalía, al Ministerio de Justicia y a la Defensa Pública, alcanza a 1.450 millones de Bs. que significan el 0.46% del Presupuesto General.

La mísera asignación presupuestaria al Órgano judicial queda al descubierto cuando se comparan las asignaciones al Órgano Ejecutivo donde solo dos ministerios, Planificación y Presidencia, la cuadruplican.

5.- Una distinta y eficiente administración de los recursos judiciales es imprescindible, mucho más si éstos van a ser incrementados. Esa la razón para “renovar” al Consejo de la Magistratura, como dice la propuesta, y donde el Consejo de la Magistratura debe ser efectivamente el instrumento de gobierno administrativo del Órgano judicial, con plenas atribuciones presupuestarias, de planificación operativa, disciplinarias y de manejo profesional de la carrera judicial. Los consejeros deben tener un perfil profesional preferentemente de administradores y gerentes, solo complementado con el de juristas.

6.- La selección de postulantes y la elaboración cualificada de ternas también estará a cargo de la Comisión Nacional de Postulaciones, pero la designación respectiva estará a cargo ya no de la Asamblea Legislativa, sino principalmente del propio Órgano Judicial donde el Tribunal Supremo elegirá a 2 miembros, el Tribunal Agroambiental a otros dos y, complementariamente, la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados designará a otros dos, junto al sistema de justicia indígena que designará uno. Esta designación, basada exclusivamente en méritos, garantizará la autonomía del Consejo respecto a los integrantes de la cúpula judicial, y evitará pugnas ocasionadas tanto por el recorte de las atribuciones presupuestarias en la CPE de 2009, cuanto por la pervivencia de labores y reparticiones administrativas a cargo del Tribunal Supremo.

7.- De esta manera, no solo que tendremos un Consejo de la Magistratura con alto perfil gerencial, presupuestario y financiero, sino un efectivo órgano administrativo a cargo de la carrera judicial, las funciones disciplinarias y la escuela de jueces, lo que redundará en la cualificación e independencia de todos los operadores de justicia.

8.- Los nuevos Consejeros de la Magistratura tendrán un período de funciones de 6 años, y entre los requisitos personales están la formación profesional en áreas administrativas, una edad no menor a los 35 años y una experiencia profesional mayor a los 10. Como ya se dijo, tratándose de funciones no jurisdiccionales, su designación no requerirá referendo popular ratificatorio.

La selección
de postulantes y la elaboración cualificada de ternas también estará a cargo de la Comisión Nacional de Postulaciones
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